UCR afirma que reforma fiscal ‘causaría perjuicio sustantivo a su autonomía universitaria’

Según el Consejo Universitario de la UCR, el texto aprobado en primer debate de la reforma fiscal contiene “normas que causarían un perjuicio sustantivo a la autonomía universitaria, así como a la misión social que tiene la educación superior estatal universitaria”.

Con ese argumento este órgano colegiado acordó solicitar a la Asamblea Legislativa que no se apruebe en segundo debate el Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, “dados los vicios de inconstitucionalidad que se encuentran en el texto”.

La Universidad alega que el proyecto tendrá implicaciones negativas en las finanzas de las instituciones de educación superior pública.

"El proyecto actual grava actividades anteriormente exentas de las instituciones de educación superior estatal. Asimismo, otorga potestades de intervención directa al Ministerio de Hacienda para congelar, reducir y fijar montos asignados por ley a las universidades estatales en contraposición con la Carta Magna y el espíritu del legislador constituyente.

Finalmente, elimina recursos económicos y grava actividades que resultan fundamentales para financiar parte de los procesos de regionalización, desarrollo institucional, así como acciones de alcance nacional, relacionadas con la investigación, monitoreo y supervisión, como, por ejemplo, de la red vial, las condiciones meteorológicas o sismológicas del país", explicó la Universidad de Costa Rica (UCR) en un comunicado.

La UCR solicitó a los diputados que, en caso de que exista un texto sustitutivo, se considere modificar aquellos artículos inconstitucionales y que debilitan las finanzas universitarias. Entre ellos, eliminar el artículo que incluye las redes de cuido y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) dentro 8% del Producto Interno Bruto destinado a la educación estatal.

También solicitaron abogar por la exención del Impuesto del Valor Agregado (IVA) para la compra y venta de servicios que hagan las instituciones universitarias estatales, el Consejo Nacional de Rectores y el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior.

Esto lo solicitaron, a pesar de que el Gobierno ya se comprometió con las universidades públicas a devolverles el dinero que paguen por el impuesto sobre el valor agregado (IVA) en sus compras de bienes y servicios.

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La UCR considera necesario que la voluntad política de los acuerdos alcanzados con el Gobierno y fracciones legislativas, quede plasmada directamente en el texto de la ley de reforma fiscal.

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La Universidad afirma que el proyecto tendrá implicaciones negativas en las finanzas de las instituciones de educación superior pública en momentos en los que trasciende que uno de cada dos pensionados de lujo proviene de las universidades públicas y que, por ejemplo, la Universidad Nacional está siendo cuestionada porque en medio de la crisis fiscal pretende destinar $14,5 millones (cerca de ¢8.700 millones), del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), para construir una plaza.

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