Después de una semana de negociaciones, los rectores de las universidades públicas cedieron ¢48.000 millones del FEES al Gobierno ante la emergencia económica provocada por la pandemia de la covid-19.
Sin embargo, parte del acuerdo es que de ese monto les serán devueltos en partes ¢35.000 millones (que corresponden a gastos de capital). Los pagos se realizarán entre el 2021 y el 2025.
Los restantes ¢13.000 millones corresponden a un monto que desde mayo se había anunciado como aporte de las universidades públicas al Poder Ejecutivo para encarar la crisis sanitaria.
En esos ¢13.000 millones, además, está incluido los recursos que las casas de enseñanza destinan al fortalecimiento de las becas para estudiantes que también se han visto afectados por la situación de emergencia.
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Inicialmente, el recorte solicitado por el Gobierno era de ¢65.000 millones, pero, finalmente, la cifra quedó en ¢48.000 millones.
Así quedó plasmado en el acuerdo dado a conocer la noche de este viernes por la Comisión de Enlace integrada por los rectores de las cinco universidades públicas y ministros del Gobierno.
“Las universidades públicas acuerdan reducir sus inversiones y gastos previstos para el presente ejercicio económico en la suma ¢48.000 millones; de los cuales ¢35.000 corresponden al presupuesto de las universidades destinado para gastos de capital que el Ministerio de Hacienda acordó trasladarlo y adicionarlo en el financiamiento del Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal (PLANES 21-25). Esta posposición no afectará la base de cálculo del FEES para el ejercicio 2021”, señala el convenio.
El documento también dispone que el Ministerio de Hacienda, mediante decreto djecutivo, flexibilizará la utilización del superávit libre en las universidades públicas para el presente ejercicio económico y apoyará la gestión de sus modificaciones presupuestarias ante la Contraloría General de la República.
En caso necesario, indica el acuerdo, las universidades gestionarán el levantamiento de la regla fiscal para poder utilizar el monto del superávit libre que necesiten para sustituir el aporte que están realizando por la pandemia.
La regla fiscal es un tope al crecimiento presupuestario anual contenida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas o reforma fiscal, aprobada en diciembre de 2018.
La necesidad de los recursos tomados del FEES por parte del Ejecutivo se debe al impacto que ha tenido la emergencia sanitaria en la recaudación de impuestos, que golpea las arcas estatales.
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El faltante adicional de recursos estimado para el año equivale al 9, 7% (¢3,5 billones) del producto interno bruto (PIB).
Para reponer ese monto, se tiene que recurrir a la reducción de gasto público. El objetivo es lograr una baja del 1% del PIB, lo que equivale a unos ¢355.000 millones. La reducción del FEES es parte de este esfuerzo de disminución.
En la reunión virtual que se prolongó entre 5 p. m. y 6 p. m. participaron los rectores de las cinco universidades públicas, encabezados por el presidente del Consejo Nacional de Rectores, Luis Paulino Méndez Badilla y jerarca del Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec).
Los otros miembros del Conare con Carlos Araya, rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Francisco González, de la Universidad Nacional (UNA), Rodrigo Arias, rector de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), y Emmanuel González, jerarca de la Universidad Técnica Nacional (UTN).
Por parte del Ejecutivo participaron la ministra de Educación, Guiselle Cruz; el ministro de Hacienda, Elián Villegas; la ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Paola Vega; la viceministra de la Presidencia, Silvia Lara; y como representante del Movimiento Estudiantil, Noel Cruz, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA).
El Gobierno presentará el próximo lunes el presupuesto extraordinario con estas modificaciones.
En el acuerdo alcanzado también se estableció que la ministra de Educación y presidenta de la Comisión de Enlace convocará a las partes para el martes 21 de julio, cuando comenzarían las negociaciones para definir el monto del FEES correspondiente al próximo año.