Daniela Cerdas E.. 7 junio
El 30 de mayo clausuraron el CTP de Calle Blancos por el mal estado de su infraestructura, incluido su deficiente sistema eléctrico. Foto: Rafael Pacheco.
El 30 de mayo clausuraron el CTP de Calle Blancos por el mal estado de su infraestructura, incluido su deficiente sistema eléctrico. Foto: Rafael Pacheco.

Los 1.000 estudiantes del Colegio Técnico Profesional de Calle Blancos recibirán clases, de manera indefinida, en las instalaciones del campus de la Universidad Católica, en Moravia.

Lo anterior luego de que el Ministerio de Salud clausurara, el 30 de mayo, las instalaciones de este centro educativo “por riesgo inminente” de explosión, cortocircuito o descarga eléctrica, debido al mal estado de la instalación.

Desde ese día, los alumnos no habían recibido lecciones pues se quedaron sin centro educativo. Inclusive, los jóvenes marcharon este viernes hasta el despacho del ministro de Educación, Edgar Mora, en Plaza Rofas, San José, para solicitarle una solución.

En la tarde, la oficina de prensa comunicó que la dirección y la Junta Administrativa de ese centro educativo llegaron a un acuerdo con los dueños de la Universidad, para alquilarles las instalaciones por un monto de ¢41 millones al mes.

“De las propuestas presentadas, ese lugar es el que reúne las mejores condiciones ya que cuenta con las aulas necesarias para brindar el servicio educativo requerido, además de contar con espacios adicionales como gimnasio, auditorio, biblioteca, cancha de fútbol, áreas verdes”, explicó el Ministerio de Educación Pública (MEP) en un boletín.

La Institución explicó que en las próximas semanas se van a instalar los equipos que usan los alumnos de mecánica, electricidad y otras especialidades.

Los estudiantes ingresarán de forma gradual, de acuerdo con un plan fijado por la directora del colegio.

El MEP informó de que mantendrá el servicio de alimentación y transporte, así como la aplicación de planes remediales para aquellos estudiantes que así lo requieran.

El cierre de este CTP viene a sumarse a una larga lista de problemas en infraestructura, de los que La Nación ha informado ampliamente.

Uno de los casos más críticos son los centros educativos de Limón, calificados por el ministro, Édgar Mora, como los peores. Asimismo, también esperan por arreglos los alumnos de 39 escuelas y colegios, afectados por el terremoto de Nicoya, de 2012.

La crisis ocurre a pesar de que el dinero para reparar o construir los centros se encuentra depositado en las Juntas de Educación. Actualmente, las organizaciones tienen depositados y ociosos ¢133.000 millones en caja única. Para acceder a los fondos, deben tener el aval de la DIEE.

Sin embargo, el “decadente” clima organizacional en esta Dirección es una de las causas del rezago en infraestructura del país, según informes de la propia Auditoría Interna del Ministerio.

Además, este medio informó de que el fideicomiso educativo por ¢167,5 millones solo alcanzó para hacer 56 de las 103 obras prometidas. El resto de los centros educativos (47) deberá esperar a que el MEP busque $138 millones para terminarlos.

Mientras tanto, los alumnos de estos centros reciben clases en galerones, parqueos, iglesias o casas de bien social.