Jonatán González Díaz lleva más de 14 años como docente de música y desde hace dos está nombrado en propiedad en el Liceo de Esparza, Puntarenas.

González, de 33 años, padece de una enfermedad llamada retinosis pigmentaria, que le ocasionó ceguera total.

A lo largo de su carrera, asegura que ha tenido que enfrentarse a retos que incluyen desde los alumnos que se escapan de su clase, hasta el reclamo de padres de familia que se quejan porque en sus lecciones “pasa de todo”.

Sin embargo, según González, en los últimos años una serie de cambios en sus condiciones laborales hicieron que su trabajo se volviera aún más complicado.

“Las condiciones de trabajo en los últimos años cambiaron por dos hechos específicos, el primero fue la incorporación del programa PIAD que es el que usamos los docentes para registrar las notas, asistencia y todo lo que ocurre en clase y que con el paso del tiempo fue haciéndose cada vez más obligatorio.

“Luego, el año pasado hubo un cambio en el reglamento de la evaluación de los aprendizajes, con el que la educación musical cambió la forma de ser evaluada (...) Ahora el trabajo cotidiano es lo que vale, y ya no es la percepción, sino evaluaciones que yo tengo que hacer para saber si el estudiante va adquiriendo las habilidades y destrezas y esas evaluaciones son de observación”, contó González.

Además, según dijo, el mencionado programa PIAD (Programa de Informatización para el Alto Desempeño) no es accesible para personas no videntes, por lo que su utilización se vuelve lenta y difícil de usar.

“Y yo lo tengo que usar en clase, eso me quita muchísimo tiempo de lecciones” manifestó.

De acuerdo con el profesor, a esto se sumaron también cambios en los reglamentos correctivos que le dan un carácter más legal.

“Yo no puedo firmar una boleta dando fe de que algo ocurrió en el aula porque no puedo verlo, y no puedo evaluar visualmente. Cualquier estudiante me puede decir ‘¿cómo sabe usted que yo no hice la actividad que usted me pidió, si usted no está viendo?’”, agregó.

González aseguró que constantemente se ha sentido burlado por parte de sus alumnos y también le preocupa no poder dar protección a los estudiantes, que es parte de sus responsabilidades.

“Yo trabajo en una región donde tenemos chicos de zonas urbano-marginales. Hay algunos que simplemente se burlan de mí en el aula, hacen cosas que no deben hacer porque no les estoy viendo y porque saben que no hay nada que pueda hacer, entonces a mí esto me genera una frustración como trabajador”, explicó el profesor.

En busca de soluciones

Todas estas situaciones lo llevaron, a inicios del año pasado, a acudir inicialmente a la directora del colegio para solicitarle que se le asignara un asistente de aula.

Su superior hizo las gestiones ante el Ministerio de Educación Pública (MEP) y ahí, según declaró, empezaron a “tirarse la bola” de un departamento a otro, de modo que transcurrieron los meses sin que se tuviera respuesta.

González acudió entonces a la Sala Constitucional para pedir que se adecuara el sistema PIAD y que además se le asignara un asistente.

Dicho recurso fue declarado parcialmente con lugar en setiembre del año pasado, pues en el caso de la herramienta tecnológica se determinó que el MEP estaba en proceso de hacerla accesible para personas con discapacidad.

En su fallo, la Sala ordenó al MEP “adoptar las medidas necesarias para que un plazo, no mayor a ocho días, se evaluara el caso y se determinaran cuáles son los requerimientos tecnológicos y de apoyo humano necesarios para su desempeño como docente".

Además, indicaba que, en caso de requerirlos, estos se le brindaran en un plazo no mayor a tres días.

Sin embargo no se ordenó la asignación del asistente que González solicitaba.

El educador manifestó que dicho informe para evaluar sus necesidades se realizó el primer día de clases del presente curso lectivo, pues el año pasado él estuvo en huelga.

Sin embargo, afirma que ese análisis se redujo a una evaluación de 30 minutos, en un día que ni siquiera se estaban impartiendo lecciones regulares, porque era el primer día de clases.

‘Se creó un chat para apoyarlo’

Tras dicha visita, el MEP emitió una serie de recomendaciones que, según la directora del centro educativo, Rosemary Soto, se han ido cumpliendo.

Además dijo que desde antes se le habían dado una serie de facilidades.

“Internamente cuando él pide ayuda por un chat que creamos para apoyarle con un funcionario, le damos asistencia, se le dio un aula cerca de la dirección, del comedor, de la biblioteca, de la sala de profesores y en la primera planta. Es un aula grande, se hicieron gestiones para dotarle de una computadora y un video beam”, aseguró Soto.

Según dijo la directora, pese a estos esfuerzos, el profesor insiste en que quiere un asistente que además sea docente de música, lo cual a su criterio y de los profesionales del Ministerio de Educación que visitaron el centro, generaría problemas de autoridad dentro del aula.

La directora dijo que además se le ofreció todo el apoyo para que el PIAD se ajuste a sus necesidades.

“Pero no podemos asignarle un asistente porque el Servicio Civil tendría que crear el puesto que no existe”, añadió.

El informe del MEP también incluye la colocación de cámaras dentro del aula y la asignación de grupos “mejor portados”, así como capacitaciones para concientizar a la población estudiantil sobre la interacción social con personas con discapacidad.

Esa última recomendación, es considerada según la directora una de las más difíciles de cumplir.

“¿Cómo hago para asignarle los grupos mejor portados si en todos los grupos hay estudiantes que se comportan bien y otros no tan bien?”, agregó la directora.

Los apoyos recomendados también incluirían trasladarlo a un aula más pequeña, donde tenga mayor control del grupo y facilitarle un proyector para que no deba utilizar la pizarra.

En su informe, el MEP recomienda a la administración del centro educativo facilitarle apoyo al educador al momento de ingresar la información al PIAD, hasta que se culminen las labores que se requieren para que la herramienta sea accesible.

Empero, González presentó un nuevo recurso ante la Sala, alegando desobediencia pues denuncia que las medidas no se han implementado.

Ese segundo recurso fue rechazado.

González dijo que su lucha no acabará y valora acudir a otras instancias.

Asimismo, afirmó que actualmente hay al menos otros cinco educadores en situaciones similares que también presentaron recursos, entre ellos su hermano Elías.

Este último también es no vidente y según González fue asignado a un centro educativo en plena construcción, lo que suma a todas las dificultades, el problema para movilizarse en las instalaciones.

“¿Cómo es que el MEP hace cambios procurando mejorar la educación en Costa Rica pero olvida que existimos una gran cantidad de docentes no videntes y sordos y en este momento estamos quedando al garete?”, concluyó.