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La Sala IV determinó que la atención por parte de las autoridades al caso de racismo fue insuficiente. Foto: Archivo.
El Ministerio de Educación Pública (MEP) y los colegios científicos del país deberán elaborar un protocolo para corregir la “deficiente atención” de un caso de racismo en el Colegio Científico de San Ramón, Alajuela, después de que la Sala Constitucional declarara con lugar un recurso de amparo de la madre de la joven ofendida.
El Tribunal determinó el 24 de julio que la menor de edad fue discriminada durante varios meses, por su color de piel, por parte de la directora del centro educativo y sus compañeros, lo que le provocó síntomas somáticos, es decir, dolores físicos causados por estrés.
La madre pidió ayuda a varias instancias del MEP, que le indicaron que la situación le correspondía a la Contraloría de Derechos Estudiantiles, órgano que afirmó estar al corriente del caso y trabajando “fuertemente” en él.
No obstante, no recibieron una respuesta adecuada.
“De esta forma, saltó a la vista que la estructura institucional que opera y supervisa los Colegios Científicos resultó incapaz de enfrentar de forma oportuna y eficaz el supuesto hostigamiento que la tutelada sufrió”, indicó la Sala.
El MEP y el Consejo Nacional de Colegios Científicos tienen seis meses, a partir de la notificación del fallo, para preparar el protocolo que identifique las causas de la desatención a la denuncia.
Kattia Grosser, directora de Vida Estudiantil del MEP, aseguró que desde principios de año esta dirección trabaja en lineamientos para actuar en casos de racismo y xenofobia y en una guía para sensibilizar sobre el tema. Grosser apuntó que los documentos están listos y próximos a salir.
“En relación con los colegios científicos, que están bajo la tutela de las diferentes universidades del Consejo Nacional de Rectores (Conare), lo que podemos hacer es incitar para que en estos centros educativos se utilicen los protocolos de actuación del MEP”, añadió.
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Esta semana el ministro de Educación, Édgar Mora, giró una directriz para guiar el proceso de atención a estudiantes migrantes en escuelas y colegios. Además, el documento ratifica el rechazo a cualquier tipo de discriminación.
La sentencia 2018-12095 fue discutida por los magistrados Fernando Cruz Castro, Fernando Castillo Víquez, Paul Rueda Leal, Nancy Hernández López, Luis Fernando Salazar Alvarado, Jose Paulino Hernández Gutiérrez y Marta Esquivel Rodríguez.
