Sofía Chinchilla C..   9 octubre, 2017

Los rectores de las universidades públicas tienen dudas sobre la viabilidad del proyecto de ley promovido por la diputada Epsy Campbell, del Partido Acción Ciudadana (PAC), para asegurar cupos en las casas de enseñanza a los alumnos de colegios públicos.

De manera específica, la inquietud de los jerarcas es que el texto que se conoce en una subcomisión de Asuntos Económicos tenga vicios de constitucionalidad por atentar contra la autonomía de las universidades públicas.

"Todas las universidades tenemos situaciones diferentes. Hay algunos principios constitucionales que son los que rigen la forma de administrar las instituciones y el Conare considera que eventalmente, aun cuando el proyecto de ley es muy loable, podría tener vicios de constitucionalidad por el hecho de que podría resultar en una imposición de parte del legislativo en la administración de las universidades", dijo Luis Guillermo Carpio, rector de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

Carpio asistió el martes de la semana pasada a una audiencia con los diputados de la comisión de Asuntos Económicos, en calidad de presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare), para exponer la posición de los jerarcas universitarios sobre el proyecto de ley, el cual se tramita bajo el expediente 19.986.

La iniciativa, impulsada por Campbell y varios otros diputados del PAC, Liberación Nacional y Alianza Demócrata Cristiana, propone que las universidades públicas reserven el 50% de los cupos de las carreras con mayor demanda para los graduados de colegios públicos que tengan las mejores notas de sus instituciones, y que la mitad de esa cuota la llenen estudiantes de liceos rurales o de zonas urbanomarginales.

La iniciativa propone que las universidades públicas reserven el 50% de los cupos de las carreras con mayor demanda para para los graduados de colegios públicos que tengan las mejores notas de sus instituciones.

Carpio manifestó estar de acuerdo con que se creen mecanismos adicionales a los que ya han establecido la Universidad de Costa Rica (UCR), el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) y la Universidad Nacional (UNA) para que sus filtros de admisión tengan consideraciones especiales con las poblaciones vulnerables; no obstante, prevé que el proyecto, tal cual está planteado, tendrá dificultades para avanzar.

"No creo que a nivel de estudios técnicos el proyecto siga avazando porque evidentenemente podría rozar con la Constitución. Cada universidad es la que debe independientemente, sin influencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo, determinar sus formas de admisión", manifestó Carpio.

Población universitaria estatal

En opinión de Carpio, para garantizar que más estudiantes de colegios públicos ingresen a las universidades públicas, es más importante atender las falencias del sistema educativo en primaria y secundaria.

"Se nos achaca que solo uno de cada diez estudiantes entra a las universidades públicas, pero resulta que no es culpa de las universidades, sino que desde la primaria ya hay un abandono grande de estudiantes por motivos socioeconómicos y en secundaria es algo sumamente grave que solo un 45% logra terminar el bachillerato, todos los demás quedan por fuera. Creo que ahí es donde están los grandes problemas", dijo Carpio.

Campbell considera que los rectores se escudan en la autonomía universitaria y la calidad de la educación primaria y secundaria para aplazar decisiones que harían a las universidades más democráticas.

"(El proyecto) lo único que hace es romper un obstáculo que han puesto las universidades para que carreras muy caras estén limitadas a algunos estudiantes. Para mí lo más importante es que entren los mejores alumnos de colegios privados y los mejores de colegios públicos", dijo la legisladora del PAC.

La diputada espera que la Comisión de Económicos al menos pueda dejar la propuesta dictaminada antes de que los diputados actuales terminen su nombramiento, el próximo 1.° de mayo.

Natalia Díaz, del Movimiento Libertario y miembro de la Comisión de Económicos, comparte la posición del rector de la UNED.

"No creo que la mejor forma de hacerlo sea como lo establece el proyecto de ley, con esta asignación de mínimo un 50%, sino que más bien debe evaluarse la educación secundaria y primaria en su totalidad, es decir, cuál es la visión que queremos impulsar como país para mejorar la educación y que por lo tanto el promedio de esos estudiantes mejore y también sus capacidades para pasar el examen de admisión", expresó la libertaria.

Los diputados proponentes, previendo una discusión sobre la constitucionalidad del proyecto, aseguran en el texto que la autonomía universitaria no resultaría afectada sino más bien fortalecida. Según ellos,"con el mismo (el proyecto) se pretende que el Estado le garantice a los y las costarricenses el cumplimiento de derechos fundamentales de mayor jerarquía que el principio de autonomíauniversitaria".

El proyecto de ley también propone la creación de un Programa Nacional de Nivelación, el cual crearía programas para preparar a los estudiantes de colegios públicos para las pruebas de admisión de las universidades estatales.