Rectores de ‘U’ públicas se oponen a destinar el 30% de su presupuesto a sedes regionales

Jerarcas dieron su visión de proyecto de ley para modificar la Constitución Política; afirman que iniciativa 'pone en riesgo el funcionamiento del sistema universitario como un todo' .

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Un proyecto de ley pretende modificar el artículo 85 de la Constitución Política, para que las universidades públicas destinen el 30% de su presupuesto a sedes regionales.

Sin embargo, los rectores se oponen a este proyecto alegando que “no es conveniente definir una cifra específica del presupuesto a las regiones, dado que la propuesta legislativa no cuenta con bases técnicas para establecer el porcentaje a destinar a dicho fin, y más bien ello pone en riesgo el funcionamiento del sistema universitario como un todo”.

Se trata del proyecto de ley que se tramita en el expediente No. 20852, por iniciativa de Carmen Chan, diputada del bloque Nueva República. En él se propone adicionar un párrafo final al artículo 85 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en el que diga: “Las universidades estatales deberán destinar no menos del treinta por ciento (30%) de sus presupuestos a las sedes regionales que se ubiquen fuera del Gran Área Metropolitana (GAM)”.

La iniciativa cuenta con la firma de 17 diputados.

El proyecto se discute actualmente en la Comisión especial de adición al artículo 85 de la Constitución Política. El lunes anterior, los rectores fueron convocados para conocer su posición sobre el proyecto de ley.

“Esta propuesta resulta contradictoria a los lineamientos del Ministerio de Hacienda, de no apoyar la creación de destinos específicos y utilizar un presupuesto más flexible en el cual se programa, ejecuta, controla y evalúa según los criterios técnicos que rigen la materia”, dijo Luis Paulino Méndez, presidente del Consejo Nacional de Rectores.

Según el Conare, los datos presentados en este proyecto de ley, y que son la base para proponer este destino presupuestario específico para las sedes regionales, “son erróneos dada la manera que fueron obtenidos de los presupuestos universitarios”.

El proyecto de ley indica que en los años 2013, 2014, 2015 y 2017, la Universidad de Costa Rica (UCR) concentró cerca del 90% de su presupuesto en su sede central; la Universidad Nacional (UNA) en los años 2013, 2014, 2015 y 2016, el 92%; y el Instituto Tecnológico de Costa Rica, en los años 2012, 2014, 2015 y 2016 concentró el 85% en su sede Central.

“Como se puede observar de los cuadros o datos anteriores, lo que reciben las sedes regionales crea una brecha social y educativa en perjuicio o en detrimento de quienes deseen ingresar a la educación superior estatal”, señala la iniciativa de ley.

Los rectores se opusieron al proyecto pero indicaron que propusieron a la comisión legislativa, entre otras cosas, continuar aumentando de forma paulatina el presupuesto destinado a la regionalización, fortalecer la investigación y extensión en cada sede regional y favorecer acercamientos entre las sedes regionales.

“El Conare considera fundamental en el quehacer de sus universidades mantener incólume el principio de autonomía universitaria, en su dimensión histórica, normativa, académica, pedagógica, administrativa y presupuestaria, establecida claramente por el legislador constituyente en la Constitución Política de nuestro país, consagrada en su artículo 84″, indicaron los rectores.

Para el 2020, las universidades recibieron ¢512.782 millones de Fondo Especial para la Educación Superior (FEES)

La UCR, que recibe la mayor parte del FEES, obtuvo un 59%.

El diputado liberacionista, Wagner Jiménez, uno de los que firmó el proyecto, indicó que los rectores fueron convocados para que expusieran sus consideraciones sobre esta reforma constitucional. Para ellos, dijo, era muy importante conocer por qué rechazan la propuesta.

“Sin embargo, no llegaron preparados a la comisión que instalamos para el análisis de este proyecto de ley. Cuando les consultamos qué porcentaje y cantidad absoluta de estudiantes tiene la UCR, la UNA y el TEC provenientes fuera de San José (cantón central), de Heredia (cantón central) y de Cartago (cantón central) y el porcentaje de estudiantes de las zonas periféricas que estudian en las sedes centrales, no pudieron contestar”, afirmó.

La Nación intentó comunicarse con la legisladora Chan, pero no respondió los mensajes ni llamadas.