Daniela Cerdas E.. 28 junio
 Luis Paulino Méndez, presidente del CONARE y rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Foto: Fernando Gutiérrez
Luis Paulino Méndez, presidente del CONARE y rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Foto: Fernando Gutiérrez

Una vez más un informe cuestionó los altos salarios que existen en universidades públicas.

Esta vez, fueron los diputados quienes, el 27 de mayo, dieron a conocer el informe final de la comisión que, durante más de un año, investigó el uso del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) que para este año llegó a los ¢512.782. millones.

En ese informe, los legisladores pidieron, entre otras cosas, una reforma salarial dentro de las universidades ya que los salarios allí tienden a ser mucho más elevados que los del resto del sector público, pese a desempeñar las mismas funciones. Llegan hasta los ¢9 millones ($15.332 al tipo de cambio).

Además, solicitaron revisar la sobre oferta de carreras ‘obsoletas’.

Luis Paulino Méndez, rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) y presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare), considera que los salarios en las universidades públicas no se pueden homologar con el resto de la administración pública y que, según él, la naturaleza del servicio que brindan no es comparable con otras instituciones.

Reconoce que la oferta de carreras STEM (acrónimo en inglés para Ciencias, Tecnologías, Ingeniería y Matemáticas), debe mejorarse.

Lea aquí la entrevista con el funcionario

¿Por qué el Conare considera que el informe de los diputados sobre el FEES estigmatiza a las universidades ?

–El informe contiene varias afirmaciones poco fundamentadas sobre las universidades que las expone ante la sociedad como instituciones que no atendemos las necesidades del país. Afirmar que el Estado se endeuda en un 70% para darle recursos a las universidades no es cierto, y el lector puede interpretar que las universidades son responsables del déficit fiscal.

“Afirmar que el ingreso de estudiantes a las universidades públicas viene en descenso desde el 2010 no es cierto; el esfuerzo hecho como sistema con ampliación de la oferta de cupos y oferta de nuevas carreras, permitió un crecimiento significativo que varía entre un 30% y 40%, entre las cinco universidades. El crecimiento en la matrícula se refleja, principalmente, en las regiones; el lector con esta afirmación puede crearse una imagen negativa de la universidades”.

¿No es cierto, entonces, que en un grueso de los recursos se destinan a carreras con poca demanda?

–El país requiere del aporte de profesionales de todas las áreas de conocimiento, lo que se debe hacer, efectivamente, es buscar el equilibrio que más se adapte a su plan de desarrollo. Se reconoce que la oferta de carreras en las áreas STEM debe mejorarse, pero sin sacrificar las áreas de las ciencias sociales, artes y humanidades.

Una vez más un informe denuncia los excesos salariales en las universidades públicas ¿Esto también es estigmatizante?

–De nuevo en este aspecto, la Comisión no reconoce los esfuerzos que desde el 2014 hacen las universidades en materia salarial y las presenta como instituciones sin ninguna sensibilidad por la situación fiscal del país. Tres de las cinco universidades públicas tienen convenciones colectivas, dos ya la renegociaron y aplicaron cambios para buscar la sostenibilidad presupuestaria.

“En el caso de la tercera universidad (Universidad Nacional) la convención incluye un artículo que impide la renegociación si una de las partes no está de acuerdo. En este caso el rector interpuso una acción de inconstitucionalidad ante Sala IV. Las otras dos universidades que no tienen convención colectiva ya aplicaron las medidas de contención de la masa salarial necesarias”.

¿Por qué los salarios de las universidades públicas son tan diferentes al resto de la Administración pública?.

–Las universidades manejan salarios de ingreso bajos, pero ofrecen mecanismos para que el funcionario, por mérito, pueda aumentarlo. Se reconoce el grado académico y el avance en la carrera profesional. Estos dos elementos garantizan, particularmente, en el caso de los profesores contar con los mejores, con formación continua y realizando investigaciones de impacto. Bajo estas condiciones, no es de extrañar que, especialmente, los profesores después de 30 años de laborar en la universidad tengan salarios arriba del promedio de las otras instituciones públicas.

“La naturaleza del servicio que presta la universidad pública no es comparable con otras instituciones del Estado, de igual manera la estructura salarial no se puede homologar. Por supuesto, siempre hay opciones de mejora en la definición de políticas salariales para evitar excesos”.

¿Cuáles son las razones de que las universidades públicas enfrentan problemas de sostenibilidad financiera? ¿De quién es la culpa?

–Los estudios actuariales del 2014 proyectan escenarios con fundamento en los datos históricos de la masa salarial y de los ingresos. El colapso proyectado para el 2030 responde a la premisa de que las universidades no aplicarían medidas correctivas. Gracias a los esfuerzos hechos en los últimos años, los escenarios han cambiado y la proyección para el 2030 ya no se concretará.

¿Seguirán insistiendo en más recursos en contexto de la negociación del FEES a pesar de lo deprimidas que están las finanzas con la pandemia?

–Las negociaciones de los últimos años se han ajustado a lo que establece la Constitución Política. Es difícil que la Comisión de Enlace resuelva en contrario

¿Harán un replanteamiento del Planes (Plan Nacional de Educación Superior) luego de que los diputados alertaron en su informe del FEES que este está desconectado de las necesidades del país y de las regiones?

–El Planes siempre ha estado alineado con las necesidades del país. Tomando los estudios de empleabilidad como indicador los graduados de las universidades públicas muestran porcentajes altos, entre el 92% y 100%. La cobertura regional ha crecido no solo con la oferta de carreras sino también con Investigación y Extensión.

¿Por qué se invierte más en sedes centrales de las universidades y no en las regionales, como alertaron los diputados? Esa queja también ha venido de los alumnos de las sedes regionales.

–Es un efecto natural, las sedes centrales han generado las mejores condiciones para la docencia, investigación, extensión y acción social y los servicios estudiantiles.

“Cuando se crea una sede regional o un centro académico, la inversión inicial es importante, pero es difícil ofrecer las mismas condiciones de una sede central; principalmente, en capacidades para la investigación y extensión y los servicios estudiantiles. Con el paso de los años las sedes regionales aumentan sus capacidades y se homologan muchas de las condiciones con las sedes centrales. Por ejemplo, el Campus Tecnológico Local San Carlos del TEC es un referente como sede regional, no solo por las instalaciones sino también por el aporte a la zona.

“Es de mucha importancia dejar claro que el desarrollo regional no depende solamente de la presencia de la universidad, se requiere del trabajo conjunto con el Gobierno”.

El Tec fue presentado como entidad modelo, ¿le da eso músculo para pelear por más presupuesto para el Tec? ¿Ya esa discusión avanzó a lo interno del Conare?

–Como rector del Tec recibo con agrado la mención especial que se hace en el informe; sin embargo, cada universidad tiene sus fortalezas en áreas del saber diferentes y la suma de todas es lo que hace robusto el sistema, logrando un mayor impacto en la sociedad.

“Por supuesto que el TEC requiere más presupuesto para atender la formación de más profesionales en ingeniería, pero en el marco de la distribución del FEES, se debe dar un proceso progresivo. Ya Conare tiene un mecanismo conocido como el Fondo del Sistema, que ha permitido a la UNED (Universidad Estatal a Distancia) y al TEC mejorar el porcentaje recibido. Este mecanismo puede resolver, parcialmente, esta situación”.