Daniela Cerdas E..   8 marzo
La ministra de Educación, Guiselle Cruz, asumió como jerarca del MEP en julio del 2019. Foto cortesía

El hecho de que una ley obligue a la actual ministra de Educación, Guiselle Cruz, a enfrentar con multas personales el atraso en el pago de pluses a docentes preocupa al presidente de la República, Carlos Alvarado.

Alvarado teme que, a futuro, nadie quiera asumir esa cartera por temor a que le cobren sanciones que se generan por el atraso de la institución al resolver los miles de reclamos docentes por la falta de pago del plus de carrera profesional, principalmente.

“El Presidente (Carlos Alvarado) considera que esto es una situación de Estado porque el cobro de multas personales por situaciones que no son achacables a las personas, sino a razones estructurales, acarrea el enorme riesgo de que esa cartera, esencial desde todo punto de vista, quede acéfala por años, por el temor de las personas a que les cobren sumas millonarias en multas personales”, dijo Agustín Castro, ministro de Comunicación, tras consultas de este medio.

El próximo gobierno deberá enfrentar este problema. Actualmente, hacen fila 107.000 gestiones administrativas de educadores que exigen el pago de pluses, muchos no se atienden por la falta de personal que debe analizar cada uno de los casos, ya que, inicialmente, se contaba con solo 35 personas en el Departamento de Recurso Humanos para realizar esta labor.

Según la ministra de Educación, es “materialmente imposible” atender las gestiones cumpliendo los plazos legales y que no se generen esas multas que la afectan. Explicó que con un plan de contingencia que está aplicando la institución, que incluye reforzar con personal de otra áreas el Departamento de Recursos Humanos, se tardarían tres años en atender todos los reclamos, pero las multas por los atrasos seguirán corriendo para ella o el jerarca que esté.

Lo está sucediendo es que debido a que el MEP no atiende cada uno de esos reclamos en el periodo legal de 110 días, el docente, entonces, acude, por medio de su abogado, al Tribunal Contencioso Administrativo para reclamar el dinero por medio de un amparo de legalidad. De las 107.000 gestiones, 10.400 ya se encuentran en la vía judicial en el Tribunal.

La mayoría de los trámites son conciliados en la vía legal; el MEP acuerda realizar el pago a docente dentro del periodo legal que son 20 días, pero, si no lo hace, llega la notificación de prevención para que haga el pago en un plazo de tres días, de no cumplir, se aplica automáticamente la multa a la jerarca, la cual debe ser notificada de manera personal.

Por falta de personal, por la forma en cómo está configurado el sistema de pagos Integra2 o por falta de presupuesto es que el MEP paga, en algunos casos, después de los tres días y ahí es donde se genera la multa para la jerarca tal como lo establece el artículo 159 del Código Procesal Contencioso Administrativo en el apartado de ejecución de sentencia.

“El funcionario que incumpla sin justa causa cualquiera de los requerimientos del juez ejecutor tendiente a la efectiva ejecución del fallo, será sancionado con una multa de uno a cinco salarios base”, se lee en dicho artículo.

Situación de la actual ministra

En los últimos meses, Cruz ha sacado de su bolsillo más de ¢2 millones para pagar abogados que apelen tres multas de ¢450.200, correspondientes al salario base del 2020 que ya le fueron notificadas.

Ella apeló esas multas porque no las considera justas. Los reclamos administrativos que depararon en esas tres sanciones, iniciaron en el 2015; ella asumió a mediados del 2019.

Sin embargo, Cruz está bajo amenaza de otros centenares de sanciones que debe afrontar con su propio peculio. Solo en enero recibió 545 prevenciones (advertencias) por atrasos en el cumplimiento de las conciliaciones.

De esas, 325 se lograron pagar antes de que vencieran los tres días de plazo. Empero, preocupa a la ministra que hay otras 220 que se pagaron pero que superaron el tiempo de tres días para su ejecución, ese atraso podría deparar en más sanciones para ella.

Actualmente, algunas multas estarían en proceso de notificación a la ministra, según la ley, por ese atraso. Entonces, por esas 220 prevenciones que terminaron en multa, Cruz debe en este momento cerca de ¢100 millones, teniendo en cuenta que solo se le multara con un salario base.

No sabe cuántas notificaciones de esas multas llegarán a su despacho. Cruz gana ¢3 millones de salario.

Yaxinia Díaz, directora de Recursos Humanos del Ministerio, dijo que no es que no se esté trabajando para atender las gestiones administrativas docentes, el problema es que resuelven casos pero a la vez entran más. Del 2012 al 31 de enero del 2021 se han resuelto 112.334 reclamos administrativos para el pago de pluses.

Agustín Castro dijo que presidente Alvarado está enterado de la situación de la ministra Cruz y “le ha brindado todo su respaldo, tanto a nivel personal como institucional”.

“Ante la situación que enfrenta con multas personales por situaciones que obedecen a razones estructurales, a la ministra no se le aplica el decreto que rebaja 15% del salario a los jerarcas de la Administración, para no afectar aún más su sueldo. Esta es una situación acumulada a lo largo de muchos años y de carácter estructural, que la ministra Cruz ha hecho mucho por resolver, al punto que el año pasado se resolvieron 30.000 casos, duplicando lo que se había resuelto en el 2019”, explicó Castro.

El funcionario añadió que existe la voluntad y el compromiso de atender los pagos, pero dijo que el volumen de personal del MEP hace necesario contar con plazos razonables para dar una respuesta estructural a un problema estructural.

Se le consultó a Casa Presidencial sobre si la ministra Cruz ha planteado la posibilidad de una renuncia ante esta situación, pero no contestaron la consulta al cierre de la nota.

Este medio hizo la pregunta a la ministra pero su respuesta fue:

“Estoy con la defensa personal. Vuelvo a insistir en que confío en que la administración de justicia del país pueda estabilizar esta situación y también tengo un compromiso con la educación costarricense de hace más de 25 años. Estoy en este punto ahora y confío en la administración de justicia y en la defensa personal para llevar a buen término este proceso”, mencionó.