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La pobreza extrema aqueja al 25% de los estudiantes de escuelas y colegios públicos. Antes del 2020, un 15,5% de los alumnos se encontraba en esa situación. Foto: Archivo (albert marin)
Los hijos de trabajadores que perdieron el empleo o que sufrieron una reducción de la jornada laboral durante la pandemia también están padeciendo las consecuencias.
Muestra de ello es que la cantidad de estudiantes de la enseñanza pública en condición de pobreza aumentó de 360.000 en el 2019 a 504.000 el año pasado.
Se trata de 140.000 niños y jóvenes que, en término de un año, pasaron a engrosar las filas de alumnos que no pueden cubrir sus necesidades básicas.
En términos porcentuales, esto significa que las personas pobres de entre 5 y 18 años que asisten a la educación formal aumentaron de un 30% a un 42% en ese periodo.
Dicha situación figura entre los principales hallazgos del VIII Informe del Estado de la Educación, dado a conocer el pasado 1.° de setiembre.
El estudio también señala que los estudiantes en condición de pobreza extrema aumentaron de 186.000 el año trasanterior a 297.000 en el 2020.
Lo anterior quiere decir que de los 504.000 alumnos de escasos recursos matriculados el año pasado, un 58% vivían en condición de pobreza extrema.
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Para llegar a estas conclusiones, el Informe Estado de la Educación utilizó datos de la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).
La información permitió conocer las repercusiones del desempleo provocado por la emergencia sanitaria en los hogares y, por lo tanto, en estudiantes que acuden a escuelas y colegios públicos.
De acuerdo con INEC, y según datos recopilados por el informe, el nivel de pobreza de los hogares a nivel nacional pasó de 21% en 2019 a 26,2% en 2020.
“Ello se tradujo en aumento de la pobreza en la población estudiantil que asistía a la educación preescolar, básica y diversificada.
“Al observar por nivel educativo, la mayor incidencia se dio en la educación primaria y secundaria”, resalta el análisis.
Para el Estado de la Educación, estos hallazgos evidencian la urgencia de atender, en el corto plazo, las dimensiones de la exclusión educativa, especialmente, las originadas por la brecha digital.
Los investigadores, además, elaboraron un perfil de los estudiantes con mayores posibilidades de quedar excluidos del sistema.
Esas características incluyen haber caído en la pobreza, carecer de conectividad y computadora, tener una madre con baja escolaridad, ser hombre y mayor de 15 años.
Por nivel
De acuerdo con el informe, en 2019, el 36,2% de los alumnos de materno, interactivo y guardería, se encontraban en pobreza. En 2020, ese porcentaje aumentó al 41%.
Ello se tradujo en aumento de la pobreza en la población estudiantil que asistía a la educación preescolar, básica y diversificada. Al observar por nivel educativo, la mayor incidencia se dio en la educación primaria y secundaria
— Estado de la Educación
En preescolar, transición o preparatoria, el 36,6% de los niños estaban en pobreza hace dos años. Para el 2020, ese porcentaje se incrementó al 41,9%.
Entre los escolares, el 37,3% se encontraba en condición de pobreza el año trasanterior. Al año siguiente, esa condición la presentó el 43,6% de los niños.
Pero el impacto fue mayor entre los colegiales. Mientras el 30,9% estaba en condición de pobreza en el 2019, para el año siguiente ese porcentaje aumentó al 40%.
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Pobreza
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Alimentos e Internet
Una de las evidencias de que más estudiantes cayeron en la pobreza fue el incremento que registró el Ministerio de Educación Publica (MEP) en cuanto a las solicitudes de paquetes de alimentación.
El año pasado, el MEP entregó diarios a 850.000 estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, en modalidades diurnas y nocturnas. La distribución se hizo cada 22 días.
Leonardo Sánchez, director de Programas de Equidad del MEP, dijo que, antes de la pandemia, un 4% de la población estudiantil no asistía al comedor porque no lo requería.
Sin embargo, miles de encargados de familia, en especial madres, tocaron las puertas del Ministerio para solicitar el beneficio durante la emergencia sanitaria.
El año pasado, las familias solicitaron paquetes de alimentación para 27.254 estudiantes en más de 1.150 centros educativos, en su mayoría, de secundaria.
Los hogares alegaban, en general, que el padre o el jefe de hogar se quedó sin empleo o que le redujeron la jornada laboral.
El MEP les tuvo que negar la ayuda a esas familias por la falta de presupuesto. Poder cubrir esa demanda costaría mensualmente unos ¢350 millones adicionales.
La Nación documentó en setiembre del año pasado que 150.000 familias dependían de los alimentos del MEP para subsistir.
Uno de los casos era el de Yahosca González, vecina de Palmar Sur, en Osa, que tenía un niño y una niña en el sistema educativo, pero solo la menor recibía el paquete de comida al inicio de la pandemia.
El esposo de González se quedó sin trabajo. Por eso, ella fue a solicitar que también le dieran el beneficio a su hijo, el cual está concebido para cubrir los requerimientos nutricionales de un alumno durante 22 días.
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“Estos diarios muchas veces es lo único que tenemos para comer. Nos está ayudando mucho, se supone que es solo para los niños, pero uno no se va a poner cocinar solo para ellos.
“Nos dura como 15 días. Uno trata de rendirlo, los 600 gramos de carnita lo que hago es partirla en dos y lo combinó con un picadillo de papa, chayote u otra cosa.
“Mi esposo no ha conseguido trabajo, a veces hace algunas chambillas y gana como ¢20.000 a la semana, eso nos sirve para pagar las otras necesidades y un poco de comida adicional”, relató la madre a este diario, el año anterior.
Otra consecuencia inmediata de la pobreza fue la caída del acceso a Internet en los hogares, indispensable para que los estudiantes pudieran recibir educación a distancia durante la pandemia.
En 2020, el MEP identificó a 324.000 alumnos que no contaban con Internet en sus hogares. En 2021, esa cifra aumentó a 425.000.
Además, el año pasado, 10.325 beneficiarios de Hogares Conectados, programa del Estado para dotar de conexión a Internet y computadora a familias de escasos recursos, tuvieron que abandonarlo debido al impacto económico que sufrieron por la pandemia de covid-19.
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La pérdida de empleo o el recorte del salario provocaron que estas personas se quedaran sin la capacidad de cubrir la tarifa mínima, que oscila entre ¢3.500 y ¢10.200 según su nivel de ingresos.
Según el Estado de la Educación, la evidencia empírica ha documentado que una de las consecuencias de la exclusión educativa es el incremento de la pobreza en el corto y mediano plazo.
Así, por ejemplo, en la última década, la población en condición de pobreza solo alcanzó en promedio seis años de estudio.
“La investigación permitió identificar que el acceso a computadora en el hogar, un mayor logro en los años de estudio, el acceso al aseguramiento y la educación son medios que reducen las posibilidades de afrontar situaciones de pobreza en el corto y mediano plazo”, se lee en el informe.
