Pago de pluses para sus empleados consumirá 26% del presupuesto de las 'U' públicas en 2019

Sobresueldos como anualidades, escalafón y dedicación exclusiva se comerán al menos ¢133.000 millones del FEES

Este artículo es exclusivo para suscriptores (3)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

Ingrese a su cuenta para continuar disfrutando de nuestro contenido


Este artículo es exclusivo para suscriptores (2)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

Este artículo es exclusivo para suscriptores (1)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

Las universidades estatales gastarán este año más de ¢133.000 millones para costear las anualidades, pagos por dedicación exclusiva y otros 43 incentivos salariales que ofrecen a sus cerca de 17.700 trabajadores.

Ese monto representa cerca del 26% del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), que es el presupuesto que el Estado traslada para sostener a la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional (UNA), el Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

Por las remuneraciones salariales, es decir el sueldo base más los incentivos de sus trabajadores, las 'U' públicas consumirán más del 65% del FEES, es decir, cerca de ¢318.000 millones, dejando el 35% restante para la inversión universitaria en equipos, proyectos, mantenimientos y otros rubros, como el pago de créditos.

Así concluye un estudio de la Contraloría General de la República sobre los esquemas remunerativos de las instituciones estatales.

De acuerdo con el documento, el salario promedio anual de un trabajador de la Universidad de Costa Rica es de ¢19,8 millones, pero en realidad, el 40,3% de ese monto corresponde a sobresueldos otorgados por la institución académica. Esto quiere decir que, en promedio, un empleado recibe ¢8 millones anualmente solo en incentivos.

Un académico de la Universidad de Costa Rica, además de recibir su salario base, percibe de forma automática un 3,75% adicional por cada año que labore en la institución, a la vez que recibe otro porcentaje por incentivo similar llamado escalafón, el cual reconoce su antigüedad laboral, al igual que las anualidades. No obstante, este monto varía dependiendo de la categoría de su puesto.

Además, recibe un 30% más de salario por dedicación exclusiva y hasta otro 30% por mérito académico.

Por ejemplo, si la institución lo llegara a necesitar fuera de su lugar de residencia, obtendría el plus de zonaje, que le otorga hasta un 39% más sobre su salario base. Y si debe desplazarse a otra sede de la Universidad, podría recibir un incentivo adicional de 29% por bonificación.

Estos son tan solo seis de los 17 pluses que pueden inflar los salarios de los trabajadores de la casa de enseñanza.

El rector de la Universidad de Costa Rica, Henning Jensen, reconoció la problemática que enfrenta la institución por el pago de sobresueldos y aseguró que estos beneficios ‘podrían revisarse más’, con el objetivo de reducirlos.

“Yo quisiera recordar que yo creo haber sido el primer jerarca de una institución pública que hizo referencia a la necesidad de revisar los llamados pluses y así lo hice en 2014. Creo que ningún jerarca lo hizo antes que yo. He tenido una actitud crítica frente a este tema”, aseguró Jensen.

Él denunció la convención colectiva de la UCR ante el Ministerio de Trabajo en 2016, buscando una modernización ‘más transparente’ de aquellas disposiciones que beneficiaban a los trabajadores universitarios.

Esta renegociación permitió rebajar la anualidad del 5,5% del salario académico a un 3,75%, además de otras medidas que le generaron un ahorro a la institución de cerca de ¢5.000 millones anuales, es decir, menos del 7% de lo que gastarán este año en estos sobresueldos.

“Yo comparto que algunos pluses son abusivos, pero los tengo que pagar porque si no me denuncian”, expresó por su parte Alberto Salom, rector de la Universidad Nacional (UNA).

Con más sobresueldos

Con base en los datos revelados por la Contraloría, este medio calculó que en este año, la Universidad de Costa Rica deberá destinar como mínimo ¢78.000 millones para pagar los beneficios a sus 9.780 funcionarios, si mantiene los incentivos y la cantidad de trabajadores durante todo el 2019.

Ese gasto en la UNA será de casi ¢22.800 millones, en el Tec de más de ¢18.000 millones y en la UNED de al menos ¢14.600 millones. Entre todas consumen el 26% de lo que el Gobierno les transfirió para su funcionamiento en 2019.

Ese dinero es comparable al que se usaría para construir seis edificios parecidos al que levantó la UCR, para albergar a los casi 1.000 estudiantes de la facultad de Ciencias Sociales en la ciudad de la Investigación. Ese edificio, inaugurado en 2014, representó una inversión cercana a los ¢20.000 millones.

También es una cifra similar a la que se requeriría para edificar 29 puentes de cuatro carriles como el que conecta Heredia con La Uruca. Esa obra inaugurada en 2017 costó cerca de ¢4.600 millones.

El informe del órgano contralor señaló que la UCR es la universidad que ofrece mayor cantidad de pluses a sus empleados, con 17 sobresueldos. La UNA ofrece 16, el Tec 8 y la UNED 4.

El caso de la Universidad Técnica Nacional (UTN) debe analizarse por aparte, pues el presupuesto de este centro académico no está contemplado en el FEES. El Gobierno acordó un presupuesto de cerca de ¢35.000 millones para esta institución, que deberá destinar el 20% de ese monto para pagar los beneficios de sus empleados.

El Estado costarricense aumentó en un 55% las transferencias presupuestarias a las universidades estatales en los últimos 10 años.

Para este año el presupuesto que el Gobierno y el Consejo Nacional de Rectores (Conare) acordaron era de poco más de ¢511.000 millones, no obstante, la Asamblea Legislativa recortó ¢10.000 millones de esa partida.

Este monto posteriormente fue destinado a la amortización de la deuda pública del Estado, en el marco de la discusión fiscal que condujo a la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en diciembre anterior.