El ministro de Hacienda, Elian Villegas, instó a los rectores de las universidades públicas a dejar el dinero que se les debe transferir en las cuentas de Caja Única del Estado y no en las cuentas bancarias particulares de cada casa de enseñanza.
Ese fue el planteamiento que hizo el jerarca en un oficio enviado el 18 de enero, en respuesta a la queja formal presentada por los rectores luego de que Hacienda depositara los fondos correspondientes a diciembre y enero en las cuentas de Caja Única y no en las de las universidades, como históricamente se había realizado.
La Caja Única concentra los recursos líquidos del Estado en una sola cuenta de banco, lo que le permite al Gobierno contar con mayor control sobre el ingreso y gasto.
Francisco González, rector de la Universidad Nacional y presidente del Consejo Nacional de Rectores(Conare), aseveró que legalmente esa acción no corresponde, pues la ley que crea la Caja Única excluye a las universidades, municipalidades y a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
“No es conveniente la inclusión de las universidades en Caja Única. La Caja Única es una forma que tienen el Estado, ellos se convierten en un banco, brindan un servicio bancario para las instituciones que están en Caja Única. Por ley no corresponde, ese es el principio que defendemos de respeto a las condiciones legales”, manifestó.
González fue enfático en que mediante Caja Única se ejerce un control sobre el uso de los recursos que ellos no comparten, pues la Constitución Política les da las universidades un marco autónomo para manejar su presupuesto, pues, argumentó, requieren flexibilidad para hacer frente a erogaciones que incluyen pago de becas, proveedores o compra de equipamiento.
Cuatro universidades públicas se distribuyen el dinero del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), que les traslada el Estado. Para 2021 es de ¢490.114 millones.
En el oficio DM-0044-2020, enviado por Villegas a los jerarcas de las cinco universidades públicas, reconoció que estos centros no están cobijados bajo la ley de Caja Única ( Ley 8131: Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos), según disposición expresa de su artículo 1 inciso d) sobre el ámbito de aplicación.
“Las universidades estatales, las municipalidades y la Caja Costarricense de Seguro Social, únicamente en cuanto al cumplimiento de los principios establecidos en el título II de esta ley, en materia de responsabilidades y a proporcionar la información requerida por el Ministerio de Hacienda para sus estudios. En todo lo demás, se les exceptúa de los alcances y la aplicación de esta Ley”, indica ese inciso.
Villegas se comprometió a proceder con la devolución a las universidades de los montos que actualmente se encuentran en Caja Única.
“Debe tenerse claridad en que las universidades no están impedidas de utilizar la Caja Única del Estado, además, su uso voluntario no compromete en modo alguno la autonomía universitaria, y constituiría además una muestra adicional del compromiso de las universidades con la salud fiscal del Estado costarricense.
“Manifestamos nuestra disponibilidad para que en el marco del diálogo y del consenso se pueda viabilizar la propuesta de la Contraloría General de la República, con la finalidad de brindar el servicio de caja única del Estado, a todas las universidades, siempre dentro del espíritu de generar mecanismos para mejorar el ejercicio de liquidez de las finanzas del Estado”, expresó el ministro en su oficio.
Según dijo, la inclusión de los recursos del FEES en el sistema de Caja Única “es deseable por cuanto aporta beneficios mutuos para las entidades participantes”.
Por un lado, argumentó Villegas, tal medida permite un mejor ejercicio de liquidez en las finanzas públicas, y, por otro, parte disminuye los costos de administración de dichos recursos brindando de la misma manera una mayor transparencia en su fiscalización.
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¿Por qué quieren integrar instituciones a la Caja Única?
Actualmente, las instituciones estatales guardan su dinero en diversos bancos, en los cuales muchas entidades acumulan superávits, al tiempo que el Gobierno les sigue trasladando recursos.
Las instituciones del Estado prestan esos fondos no utilizados al Gobierno mediante la compra de bonos de deuda pública. Eso ocurre aunque ese dinero provenga del propio Gobierno o de aportes de los contribuyentes, por impuestos específicos, por ejemplo.
El esquema actual provoca que los contribuyentes paguen para entregar recursos a diversas instituciones y, después, también deben pagar impuestos para que el Gobierno les pague los intereses, si esas entidades invirtieron el dinero de superávits en bonos de deuda pública.
Villegas manifestó a La Nación, en diciembre pasado, que el dinero en Caja Única del Estado permite al Gobierno disponer de los fondos ociosos de las instituciones, incluso sin pago de intereses.
“Hoy tenemos Caja Única y hacia allá deberían ir todas y cada una de esas instituciones (...). Hay instituciones que tenían bonos y nosotros lo que hemos hecho es decirles que tiene que dejar esos bonos y, más bien, proceder a depositar en Caja Única, donde no les pagamos intereses. Habría que verlo con mucho cuidado”, aseguró el jerarca.
“Yo me traigo esa plata y no pago nada, es decir, el Ministerio de Hacienda no paga nada por esa plata”, manifestó.
En diciembre, la Contraloría General de la República planteó una idea para ahorrar miles de millones de colones a los contribuyentes.
La propuesta, llamada Cuenta Única del Tesoro, consiste en obligar a todas las instituciones públicas a depositar su dinero en una cuenta a su nombre en el Banco Central de Costa Rica (BCCR), plataforma que permitiría al Ministerio de Hacienda conocer en tiempo real la disponibilidad de recursos de cada entidad.
La idea de la CGR es que, gracias a un monitoreo permanente sobre los recursos disponibles de cada organización, sería posible detectar fondos ociosos, los cuales podrían ser utilizados por Hacienda para cubrir las necesidades del Ejecutivo, mediante empréstitos de bajo costo y así evitar emitir nuevos títulos de deuda.
Además, impide que el Gobierno pague intereses si esas entidades, con superávits, invirtieron el dinero que el mismo Estado les da en bonos de deuda pública.