MEP mantiene pago completo de ¢5.500 millones al mes a transportistas que no llevan estudiantes

Desde el martes 17 de marzo las aulas de escuelas y colegios están cerradas. Ese día quedaron suspendidas las clases presenciales como parte de las medidas para evitar la propagación del nuevo virus respiratorio, causante de la covid-19.

Es decir, desde hace seis semanas ningún escolar o colegial ha requerido traslado para su centro educativo. Sin embargo, los pagos a los transportistas se han mantenido en su totalidad, lo que significa una erogación promedio de ¢40. 000 millones al año.

Ese monto es lo que le cuesta al Ministerio de Educación Pública (MEP) brindar el servicio a 164.000 alumnos de bajos recursos.

Anualmente, el Ministerio invierte ¢40.000 millones en transporte escolar, confirmó Leonardo Sánchez, director del Programa de Equidad del MEP. Detalló que el gasto mensual oscila entre ¢4.500 millones y ¢5.000 millones.

Por esa razón, el Ministerio analiza la posibilidad de recortar el pago que hace mes a mes a 1.200 transportistas.

“Dado que la emergencia está largo que termine, se tomó la decisión de que al transportista no se le reconozca el 100% del pago. En este momento, nos encontramos analizando cuál va a ser el porcentaje que se les hará porque los gastos operativos y gastos fijos no se están dando", manifestó Sánchez.

Él es claro en que no pueden eliminarles el pago en su totalidad pues sería, prácticamente, enviarlos al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) a pedir un subsidio.

"La idea es reconocer un porcentaje en esta emergencia para que no queden desempleados”, adelantó Sánchez.

No obstante, el rebajo no puede ser el mismo para todos los prestadores del servicio, ya que las rutas son diferentes, lo mismo que la cantidad de alumnos, la comunidad, el recorrido, entre otros aspectos.

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“Hay que ver que sea justo desde el punto de vista social. Ellos (los transportistas) están conscientes de que no se les puede pagar todo. Definir en este momento, permitiría al Gobierno ahorrar el recursos”, indicó el funcionario.

Mientras tanto, la pandemia provocó que decenas de empresas en crisis suspendieran los contratos con sus empleados por tres meses o les redujeran la jornada y salario en diferentes porcentajes. Esto llevó a que más de 400.000 personas hayan solicitado el bono “Proteger” que dará el IMASpor tres meses: uno por ¢62.500 para los de jornada reducida y otro por ¢125.000 para los desempleados o con suspensión del contrato.

En todas las modalidades

Actualmente, hay dos modalidades de rutas adjudicadas.

En total existen 3.753 rutas; un solo transportista puede tener varias rutas a cargo.

En 130 rutas es el MEP el que hace un contrato directo con los empresarios; el pago lo hace la institución.

El resto, 3.623, son los contratos privados que hacen los padres de familia con el transportista. El MEP traslada el dinero a las Juntas y estas hacen el pago.

En los dos casos, la cancelación se hace después de que se recibe el servicio.

En esos dos grupos hay una pequeña porción de alumnos que reciben el dinero en efectivo para pagar el transporte público, vehículo particular o lancha para llegar hasta su centro. Ese dinero se les dejó de depositar apenas se suspendieron las clases presenciales.

“Los análisis que estamos haciendo aplican para ambas partes. Esperaría que antes de fin de mes esté definido el porcentaje de rebaja que vamos a hacer", dijo.

Añadió que en ambos contratos (los del MEP y privados) permiten hacer el rebajo porque se paga contra servicio dado.

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“Más bien lo que estamos haciendo en el marco de la emergencia es apoyar al transportista y pagarle un porcentaje porque el pago se hace contra el uso del servicio. El reglamento es claro: solo se paga por el servicio dado, pero lo que estamos haciendo es ayudar al transportista”, indicó Sánchez.

‘No podemos exigir cosas en este momento’

Roberto Muñoz, de la Federación Nacional de Pequeños y Medianos Empresarios de Transporte Público, que agrupa a 1.200 transportistas de estudiantes, de trabajadores y ruta regular, manifestó que las cámaras han acordado respetar la decisión del Gobierno “siempre y cuando no se deje desprotegido al sector empresarial”.

"En relación con este tema, hay sentimientos encontrados. Por un lado, la solidaridad del sector con todo lo que está pasando, pero, por otra parte, la preocupación de familias. Del transporte depende el conductor, el que lava los buses, el mecánico, el que trabaja en la oficina administrativa.

“Conversamos con autoridades del MEP para entrar en una mesa de negociación para que ambas partes lleguemos a un acuerdo y ser solidarios. No puede uno hacerse de la vista gorda con lo que está pasando, no podemos exigir cosas en este momento conociendo la situación”, explicó Muñoz.

Según dijo, los transportistas han colaborado con el MEP en la emergencia, con el traslado de paquetes de alimentos a las familias que viven lejos y no pueden ir al centro educativo y, en un principio, también llevaron a alumnos hasta el comedor, cuando aún permanecían abiertos.

¿A dónde iría el ahorro?

El MEP definió tres opciones para invertir el dinero que se ahorraría en el transporte de estudiantes.

1. La primera opción es usarlo en más becas de transporte cuando regresen las clases presenciales.

“Tenemos una demanda altísima de este tipo de becas, que se incrementa con los años, y, como desde el año pasado el presupuesto se encuentra congelado, tenemos una demanda latente no satisfecha la cual tenemos identificada”, expresó Sánchez.

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2. La segunda opción, que depende de la apertura de centros educativos, es inyectarle parte de esos recursos al programa de entrega de paquetes de comida por la emergencia de la covid-19.

Según el MEP, los paquetes tienen un valor relativamente alto y la proyección que tienen es que, de seguir entregando estos alimentos cada 22 días, a partir de mayo o junio, tendrían problemas de presupuesto. Por esa razón, ese dinero adicional se usaría para nutrir ese programa en caso de que se mantenga.

3. La tercera opción es que el Gobierno, de continuar la emergencia, disponga de otro presupuesto extraordinario donde le pide a las instituciones más recursos que no se estén utilizando y tendríamos que dárselo al Gobierno para ese fondo de emergencias”, explicó el funcionario.