En Costa Rica, la educación preescolar, primaria y secundaria es gratuita y obligatoria. Sin embargo, un padre, de apellido Odio, tuvo que pagar en un colegio en Desamparados, San José, ¢7.000 por el sobre de matrícula, donde estaban anotados los requisitos.
A Odio, además, lo obligaron a depositar en una cuenta bancaria del centro educativo ¢13.000 para inscribir a su hijo.
"Si no pagábamos los ¢13.000 para matricular, nos ponían a hacer una fila diferente de los padres que sí pudieron pagar. Al final, por todo el proceso de matrícula tuvimos que pagar ¢20.000. Si uno se queja, luego toman represalias con el chiquito", contó el padre de familia.
Por estos cobros, el Ministerio de Educación Pública ha recibido desde noviembre denuncias contra 13 centros educativos, las cuales son evaluadas por la Contraloría de Derechos Estudiantiles.
De hecho, el Ministerio instó a los padres a presentar estas quejas, en aras de garantizar el derecho fundamental a la educación.
Laura Chacón, coordinadora de la Contraloría, explicó que los centros solo pueden pedir una contribución voluntaria sin definir un monto.
"Es importante que si se solicita una contribución de dinero sea el monto que los padres quieran o puedan dar. Es importante que los padres sepan que los directores no pueden condicionar la matrícula por el no pago de la cuota. Los padres pueden denunciar esta situación al director regional o a la Contraloría (de Derechos Estudiantiles)", explicó la funcionaria.
Según la funcionaria, a un director que cobre por este servicio público, se le puede abrir un proceso disciplinario.
La prohibición de cobrar por la inscripción de alumnos fue dejada en claro por la ministra de Educación, Sonia Marta Mora, en una circular de diciembre del 2014.
"Con el fin de garantizar el acceso y equidad al sistema educativo nacional, a favor del derecho fundamental a la educación, se prohíbe a las autoridades de los centros educativos el cobro de matrícula obligatoria como requisito de admisión de los estudiantes", advirtió la jerarca desde aquel momento.
En esa circular, la ministra explicó que se facultaba a las autoridades de los centros educativos a solicitar, con caracter "voluntario" la cooperación económica de los padres, pero no debe estipularse un monto mínimo ni trámite alguno, por parte del padre, para justificar la imposibilidad de pagar el dinero.
Según Laura Chacón tampoco puede considerarse obligatorio los pedidos de materiales como toallitas húmedas, papel construcción o cartulinas.
"Tampoco es obligatorio llevarlos; los centros educativos tienen su presupuesto para comprar esos artículos. Se insta a los padres a colaborar, pero no es obligado", dijo.