Daniela Cerdas E..   28 junio, 2018
08/06/2014. Según datos de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública (MEP), 83.000 funcionarios tienen pendiente un reclamo administrativo en el Ministerio. Fabián Hernandez

De los 85.140 funcionarios que tiene el MEP, 83.000 (el 97%) tienen un reclamo administrativo o judicial contra la institución por atrasos en el pago de incentivos.

Esto significa que por cada 100 empleados, 97 han presentado alguna queja.

Los docentes reclaman deudas al Ministerio de Educación Pública (MEP) por recargos de funciones, anualidad, zonaje, aumento de jornada, vacaciones, etc. Sin embargo, la mayor parte de los reclamos, tanto administrativos como judiciales, corresponde al pago de puntos de carrera profesional, que es un adicional que se les da a los educadores por títulos obtenidos.

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Estos reclamos le salen caros al Ministerio. La prueba está en que, solo en el 2017, los reclamos administrativos y judiciales por estos atrasos le costaron al Ministerio ¢15.358 millones.

Tal monto se desembolsó luego de verificar la deuda y hacer los ajustes que corresponden al pago del aguinaldo y las cuotas obrero-patronales. También, contempla el pago de honorarios de abogados, intereses legales y costas, en el caso de los procesos judiciales.

De los 83.000 funcionarios que tienen pendiente un reclamo administrativo en el Ministerio, 17.471 han acudido a la vía judicial a presentar un amparo de legalidad debido a la tardanza de la institución para darles una respuesta, informó la Dirección de Recursos Humanos del MEP.

Una proyección hecha por el Ministerio con base en el costo de los casos resueltos en el 2017, revela que el valor neto de los reclamos pendientes (esos 83.000 más las 17.400 que están en los tribunales) sumado a las respectivas costas legales sería de unos ¢104.000 millones. Esto, si se diera el caso hipotético de que las gestiones fueran resueltas hoy, pero es sabido que el precio de estos procesos administrativos y litigios aumenta continuamente.

El MEP tiene dos meses y medio para responder los reclamos administrativos y, si no lo hace, el funcionario puede reclamar por la vía judicial.

"En los reclamos administrativos se presenta un documento mediante el cual un funcionario o exfuncionario del MEP solicita el pago de uno o varios rubros que él considera que se le adeuda, por lo general correspondiente a periodos fiscales vencidos", explicó Yaxinia Díaz, directora de Recursos Humanos.

El amparo de legalidad es un proceso que se presenta ante un juez que conoce de la materia contencioso administrativa, lo cual garantiza que el MEP le dé respuesta al reclamo del funcionario y resuelva la queja del educador.

Es casi seguro que cuando concluyan los procesos, tanto los 83.000 que se quedan en la vía administrativa, como los 17.000 de la vía judicial, el peso económico va a ser mucho mayor para el MEP, pues no solamente va a incluir el monto del reclamo principal, sino intereses y pago de honorarios de abogados.

Es la Procuraduría General de la República (PGR) la que se hace cargo de estos casos, ya que es la que representa al MEP en su condición de abogado del Estado.

La gran cantidad de amparos de legalidad de los docentes representa para la Procuraduría una "carga excesiva de trabajo", dijo Vivian Burban, encargada de prensa de la Procuraduría.

El funcionario del Ministerio también debe estar representado por un abogado; al final de la sentencia, el MEP debe pagar los honorarios de este profesional.

En el caso de los reclamos administrativos, le costaron al Ministerio, en el 2017, ¢14.373 millones; los amparos judiciales, ¢984 millones.

A junio del 2018, estos reclamos, tanto judiciales como administrativos, le han significado al MEP una erogación de ¢6.810 millones.

En el 2018, el MEP pagará ¢1,31 billones, de los cuales ¢659.549 millones se destinarán al pago de sobresueldos.

Carrera profesional

Carlos Ballestero, del departamento legal de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), explicó que la mayor cantidad de reclamos de docentes surgen por la falta de pago del plus de carrera profesional debido a que el Ministerio no actualiza el expediente del empleado en donde se registra cuáles cursos ha llevado.

"El funcionario reclama al MEP el pago de esos cursos, pero el Ministerio nunca responde, tiene una morosidad altísima. No revisan el expediente del funcionario y le tienen paralizado el pago por carrera profesional. Hay gente que tiene 15 años y no le han actualizado, solo nueve puntos o diez puntos le pagan, como si estuvieran trabajando solo con el bachillerato", indicó Ballestero.

La carrera profesional es un incentivo en el que, por medio de un estímulo económico, se premia la superación académica del docente. A ellos se les otorgan puntos de acuerdo con los títulos obtenidos; cada punto tiene un costo aproximado de ¢1.900.

Por ejemplo, por tener bachillerato y licenciatura, se le otorgan nueve puntos por año, lo cual se traduce en ¢17.100 adicionales al salario base.

Si, además, el docente saca una maestría, se le otorgan 13 puntos adicionales al salario base, o sea, ¢24.700; mientras que una "especialidad adicional", les otorga siete puntos extra al sueldo.

Además, por la experiencia laboral le dan a cada docente un punto por año. También le dan puntos por capacitaciones o experiencia en organismos internacionales.

Según Ballestero, en promedio, los docentes reciben 30 puntos por año por carrera profesional pero hay algunos que reciben 60 puntos.

Actualmente, cerca de 55.000 de los 60.000 docentes perciben el pago por carrera profesional.

La resolución de los reclamos por actualización para el pago de carrera profesional "en el menor tiempo posible", fue uno de los temas que el ministro de Educación, Édgar Mora, acordó tratar con los sindicatos en las reuniones de la Junta Paritaria de Relaciones Laborales (MEP/SEC-ANDE-SITRACOME).

Por ahora, Mora indicó que giró la instrucción de atender de forma simultánea los reclamos administrativos que aún no se han judicializado para evitar que se conviertan en amparos de legalidad.

"Con eso, el Ministerio se asegura no pagar innecesariamente costas, intereses, honorarios, indexaciones etc, en la vía judicial. El costo de esto es exponencial y drena el presupuesto y las energías positivas de las maestras y profesoras", manifestó el jerarca.

Mora explicó que una solución a este problema es acercar virtualmente a la Dirección del centro educativo con la Dirección de los Recursos Humanos y, a esta dirección con el Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano (principal centro de capacitación docente) para que la información sobre los cambios en la carrera profesional de las maestras se transfieran sin "interferencias innecesarias" y todas las partes interesadas puedan ver en tiempo real la trayectoria del trámite.

"Las probabilidades de que un ajuste de carrera profesional se quede estancado en uno de los innumerables cuellos de botella de este sistema tan transaccional son altísimas y es evidente que sucede centenares de veces al mes", manifestó el ministro.