EscucharUna maraña de beneficios laborales distintos a los del resto de empleados públicos, fue la principal causa del atraso, de casi dos años y medio, en la implementación del sistema Integra 2, para el pago de las planillas del Ministerio de Educación Pública (MEP).
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El proyecto Integra 2, para el pago del salario a los docentes, sufrió dos años y medio de atraso, debido a lo complejo de la planilla a cargo del Ministerio de Educación Pública. Carlos Borge atendió a Ana Cristina Araya, en la sede del MEP, en la antigua Escuela Porfirio Brenes, en San José. | ALONSO TENORIO (Alonso Tenorio)
Dicha plataforma es cuestionada por los educadores, quienes permanecen en huelga, desde el pasado 5 de mayo, tras denunciar múltiples fallas en la cancelación de salarios, generadas a partir de la entrada en operación de Integra 2.
Este proyecto –que consistió en adaptar al MEP la plataforma de pagos que usa el Ministerio de Hacienda y otras instituciones– comenzó a ejecutarse el 13 de abril del 2009 y debía estar listo en el 2011. El valor original era de $1.172.400.
Los primeros problemas llegaron en el 2010, cuando el coordinador técnico del MEP, Rafael Ramírez Pacheco, alertó sobre la necesidad de suspender el plan, debido a los vacíos que tenía.
El equipo se dio cuenta de que la complicada planilla del MEP incluía variables únicas, como control de recargos por personal reubicado, pago de zonaje a los docentes, cálculo de anualidades, separación de tipos de lecciones, clases de planificación, docentes con múltiples nombramientos y rebajas por ausencias a clases que no podían ser reconocidos automáticamente por Integra 2.
Como estaba diseñado originalmente, el sistema propiciaría pagos dobles a los educadores, dificultaría el control de puestos y lecciones, impediría realizar movimientos de personal y permitiría el pago de recargos improcedentes, por citar solo algunos problemas que destaca el informe de Rafael Ramírez, fechado el 23 de julio del 2010.
En total, la evaluación identificó 106 requisitos que necesitaban ser adicionados al desarrollo del sistema informático y que no estaban en la lista original del MEP.
En julio del 2012, la viceministra Silvia Víquez informó a la Contraloría General de la República sobre los atrasos del proyecto.
En su misiva, Víquez reveló que las demoras obedecían, en buena parte, a que el MEP debió identificar más de 100 tipos de recargos que venía pagando a los educadores, algunos, incluso, sin sustento legal.
Lo anterior obligó al Ministerio a modificar el reglamento de la Ley de Carrera Docente y a emitir decretos y resoluciones administrativas para darles soporte jurídico a muchos de esos pluses salariales que Integra 2 no reconocería.
Tras una suspensión de cinco meses, el proyecto se reanudó en enero del 2011, luego de que el entonces ministro de Educación, Leonardo Garnier, firmó una adenda al contrato con la empresa Grupo Asesor en Informática para trabajar en los nuevos requerimientos, lo que supuso extender el plazo original del convenio en ocho meses, con un costo adicional de $534.000.
Pero también hubo atrasos en el proceso de migración de datos, debido a los múltiples errores que se presentaron en las pruebas.
“En vista de que no fue posible realizar la totalidad de las correcciones identificadas, dada su magnitud, hubo que recurrir a ajustar la herramienta de migración con el fin de mitigar los tiempos que llevaría hacerlo en forma manual”, escribió Víquez a la Contraloría.
Críticas Aunado a todos estos problemas, en noviembre del 2010, la Contraloría criticó el manejo del proyecto, al señalar falta de planificación, débil gestión, control y seguimiento.
El ente contralor reclamó al MEP por contratar el desarrollo del Integra 2 sin contar con un análisis de la situación en la que estaba, lo que le hubiese permitido identificar necesidades desde el inicio.
Luego de la modificación del contrato, la fecha para terminar el proyecto era el 19 de enero del 2013. Sin embargo, esto no se cumplió.
Debido a los atrasos, el ministro Garnier firmó una nueva prórroga con la empresa el 28 de febrero del 2013 y extendió el plazo del proyecto hasta el 9 de julio de este año.
“Si bien los atrasos han preocupado al Comité Ejecutivo, dada la naturaleza e impacto del sistema, este Comité ha tenido en todo momento claridad de que la implantación de Integra 2 se realizará una vez que se hayan completado todas las pruebas en forma satisfactoria, lo que garantiza que se realizará el pago correcto de los salarios de los funcionarios del Ministerio de Educación Pública”, escribió Víquez a la Contraloría en el 2012.
