El ministro de Educación, Édgar Mora, pidió a los diputados que permitan que los fondos que tiene los maestros y profesores en la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema), financien la construcción de escuelas y colegios que llevan 30 años de rezago.
La solicitud la planteó el jerarca durante una comparecencia, la tarde de este jueves, ante la Comisión Legislativa de Ciencia y Tecnología.
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En la actualidad, Jupema administra ¢1,9 billones del Régimen de Capitalización Colectiva que solo se pueden invertir en instrumentos inscritos en la Bolsa Nacional de Valores.
Para que se puedan hacer otras inversiones con ese dinero, como el financiamiento de obra pública, se requiere una modificación a la ley orgánica de la Junta mediante la aprobación de un proyecto en Asamblea Legislativa.
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En este momento, se encuentra en discusión el expediente 18. 888 (Reforma a la ley 7531 del sistema de pensiones y jubilaciones del Magisterio Nacional) que plantea que la Junta invierta los recursos acumulados del Régimen de Capitalización Colectiva, entre otras cosas, en el desarrollo de infraestructura pública y privada, a través de las figuras de fideicomiso o contratos de concesión de obra pública, contratos de gestión interesada, participaciones en fondo de desarrollo inmobiliario, u otros vehículos legales autorizados, y de forma directa como inversionista único o parcial.
Tal inversión no podrá exceder el 40% de la totalidad del Fondo.
Este proyecto, presentado en 2013, está en la agenda del plenario legislativo, donde recibe mociones bajo el artículo 137 del reglamento.
"Le pido a los diputados que permitan que los fondos de pensiones del mismo Magisterio se inviertan en infraestructura escolar. Jupema es un fondo específico del Magisterio y ellos no tienen ahorita la posibilidad de invertir, hay muchos recursos que son naturales del sistema educativo porque de ahí mismo salieron, son partes de salarios.
"Lo ideal sería que se les permita esquemas distintos de contratación administrativa que nos faciliten la construcción, reconstrucción, planificación y mantenimiento", manifestó el jerarca.
En la pasada Administración, se afirmó que se invirtieron ¢254.000 millones en infraestructura educativa. Sin embargo, las Juntas de Educación tienen engavetados ¢154.000 millones en sus cuentas de caja única.
Dicho dinero se mantiene guardado mientras 662 centros educativos públicos tienen una orden sanitaria. Esta cifra representa un crecimiento del 50,45% (222 casos más) respecto a las 440 instituciones que había en marzo del 2017 con esa situación.
A inicios del 2018, la Defensoría de los Habitantes denunció el "serio" deterioro de las escuelas y problemas de gestión del MEP.
En su informe de labores 2016-2017, la Defensoría dejó algo muy claro: “La infraestructura educativa presenta un serio problema del modelo de gestión administrativa, presupuestaria y de deterioro”.
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Durante su comparecencia, el ministro también anunció la reestructuración de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educactivo del MEP para agilizar la construcción y mantenimiento de centros educativos, al tiempo que dijo que las Juntas de Educación no se han podido “alinear” y que hay muchas dificultades para nombrarlas.
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Por ejemplo, de las 145 escuelas y colegios dañados por el terremoto de Nicoya aún el MEP, ocurrido el 5 de setiembre del 2012, no ha podido terminar de reconstruir 65.
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En infraestructura educativa, el MEP no solo ha sufrido rezagos con las obras dañadas por el terremoto; además se han atrasado con la ejecución del fideicomiso educativo, aprobado en 2013 con el objetivo de construir 80 centros educativos y 23 canchas techadas.
A la fecha, de los 103 proyectos, solo tres se han terminado.