El presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros (INS), Elián Villegas, se reunió la semana anterior con autoridades del MEP para mostrarles su interés de buscar formas rápidas para solucionar el rezago de infraestructura del país ante la incapacidad de la oficina del MEP encargada de esa labor.
Así lo confirmó Villegas, quien dijo que les comunicó a Amparo Pacheco, viceministra de Planificación, y a Andrea Obando, de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE), que el INS podría participar ayudando a “estructurar el financiamiento” de los centros educativos.
¿De qué se trata esto?
“Supongamos que el MEP necesita 20 colegios técnicos, y que cada uno cuesta $2,5 millones. Se necesitan $50 millones. Lo que se hace es que se monta un fideicomiso por medio del puesto de bolsa del INS y se busca el financiamiento necesario".
"Normalmente, se hacen emisiones de oferta pública que se inscriben en la Sugeval (Superintendencia General de Valores); esas emisiones pueden ser vendidas a fondos de pensión, aseguradoras o particulares porque están inscritas ante Sugeval. El fideicomiso se encarga de la construcción del centro educativo y de su mantenimiento y tiene que buscar un banco para que sea el fiduciario”, explicó Villlegas.
En otras palabras, el INS crea la estructura y busca inversionistas que junten, entre todos, los $50 millones necesarios. A los inversionistas se les paga una tasa de interés que, según Villegas, es un poco superior a la tasa de interés que paga el Gobierno en los títulos que vende en el mercado.
El funcionario explicó que el INS puede poner una parte de ese dinero o puede que no; depende de cuántas emisiones se pueda vender en el mercado.
Villegas añadió que el Ministerio de Educación está muy interesado en la propuesta. Será la próxima semana que el INS envíe su propuesta.
“En el MEP se nos presentó una lista de necesidades. Ellos están interesados en generar mecanismos que les permitan construir y darle mantenimiento adecuado a la infraestructura".
"Inicialmente, la propuesta nuestra sería hacer un planteamiento para trabajar con un grupo relativamente pequeño de centros, unos 20 o 30 colegios que estén adelantados, que tienen proceso de diseño planos y demás. Se presentará la propuesta de estructuración del financiamiento de estos centros”, indicó el funcionario.
La Nación ha informado en distintos reportajes sobre los problemas de infraestructura de los centros educativos del país y las dificultades en la DIEE para ejecutar los millones que hay en caja única.
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Uno de los casos más críticos son los centros educativos de Limón, así como la espera por arreglos de alumnos de 39 escuelas y colegios, afectados por el terremoto de Nicoya, de 2012.
La crisis ocurre a pesar de que el dinero para reparar o construir los centros se encuentra depositado en a las Juntas de Educación. Actualmente, estas organizaciones tienen ociosos ¢133.000 millones en caja única. Para acceder a los fondos, deben tener el aval de la DIEE.
Sin embargo, el “decadente” clima organizacional en esta Dirección es una de las causas del rezago en infraestructura del país, según informes de la propia Auditoría Interna del Ministerio.
Desde que el ministro de Educación, Edgar Mora, entró al Ministerio de Educación, mostró interés en buscar alianzas público-privadas para la construcción de centros educativos.
Por ejemplo, el 6 de noviembre, se firmó un convenio que permitirá que el Ministerio de Educación Pública (MEP) le traslade recursos a las municipalidades para que desarrollen infraestructura educativa. El convenio con las municipalidades tendrá una vigencia de cuatro años y podrá prorrogarse por un máximo de tres periodos iguales.
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Unos meses antes, en julio anterior, el ministro pidió a los diputados que permitan que los fondos que tiene los maestros y profesores ,en la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema), financien la construcción de escuelas y colegios que llevan 30 años de rezago.
En la actualidad, Jupema administra ¢1,9 billones del Régimen de Capitalización Colectiva que solo se pueden invertir en instrumentos inscritos en la Bolsa Nacional de Valores.
Para que se puedan hacer otras inversiones con ese dinero, como el financiamiento de obra pública, se requiere una modificación a la Ley Prgánica de la Junta mediante la aprobación de un proyecto en Asamblea Legislativa.
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“Hemos buscado establecer alianzas público-privadas y alianzas público-público como una alternativa más para el financiamiento de infraestructura educativa. En el último año, nos hemos dedicado a dar forma a carteras de proyectos que son estratégicos y que nos interesa financiar por esa vía".
“La principal ventaja de esa figura es que ayudaría a atender las necesidades de los centros educativos por medio de inversionistas, incluyendo en los contratos el mantenimiento de las obras y otras obligaciones. Además, permite atender grandes grupos de proyectos sin ahogar las finanzas estatales”, explicó el ministro.