Grave error del MEP deja en el limbo 23 colegios y escuelas

Las reglas estaban muy claras en el contrato. El Ministerio de Educación Pública (MEP) debía traspasar al fideicomiso educativo, que administra el Banco Nacional, las porciones de terreno donde se construirían las canchas deportivas que se prometieron en 23 colegios, con esos fondos.

El problema es que el Ministerio no segregó los espacios de la propiedad donde se ubica le centro educativo beneficiado, sino que traspasó los terrenos completos, con todo y edificios de escuelas o colegios, por un periodo de 20 años. El resultado es que, registralmente, el MEP ya no es dueño de esos centros educativos, que se ubican en Alajuela, Guanacaste, Limón o Pérez Zeledón.

LEA MÁS: MEP deja perder dinero destinado a construir escuelas

Las consecuencias del error es que no está claro cuál institución será la responsable de darle mantenimiento a esos inmuebles y, además, que ahora quedan expuestos al pago de tributos municipales, como lo advirtió la Contraloría General de la República (CGR), en el informe DFOE-S OC-IF-13-2017,

En este informe, la Contraloría detalló el avance en la ejecución del fondo del fideicomiso educativo, aprobado en el 2013, por $167,5 millones (unos¢95.000 millones al tipo de cambio actual), que fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para levantar 79 centros educativos y 24 canchas techadas.

"En consecuencia, el cambio en el estatus jurídico para las obras con cancha multiuso, repercute en el pago de tributos municipales, para centros educativos que en principio estaban exonerados por ley (...) En este caso particular, 23 centros no tendrían el cuido pertinente por parte del MEP o las Juntas Administrativos o de Educación, ya que legalmente son del Fiduciario (Banco Nacional) , quedando desprotegidos en cuanto al tema de mantenimiento", informó el órgano contralor.

La Contraloría se mostró preocupada del hecho de que si se llegaran a cobrar impuestos municipales por esos terrenos, el fiduciario (Banco Nacional) debería pagarlos con los recursos del fideicomiso educativo, que, al mismo tiempo, no alcanza para levantar las 103 obras prometidas, lo cual compormetería los recursos aún más. El déficit para cumplir con las obligaciones del proyecto oscila entre $57,8 millones (unos ¢33.000 millones) y $67,2 millones (unos¢38.000 millones).

LEA MÁS: Crédito para hacer 80 escuelas se queda corto por mal cálculo

Razones

El valor de los terrenos, con escuelas y colegios incluidos, que el MEP traspasó al fideicomiso, está estimado en más de ¢5.760 millones. Sin embargo, en muchos centros el valor del derecho de uso traspasado no se pudo estimar.

La Unidad Supervisora del fideicomiso, a cargo del MEP, dijo a la Contraloría que "era necesario el traspaso de toda la propiedad" , debido a que segregarla conllevaría una gestión adicional por parte de las Juntas con contrataciones de profesionales externos, lo cual representaba tiempo y costos para culminar el proceso de segregación. Sin embargo, la Contraloría rechazó ese argumento.

"El MEP no valoró alternativas o modalidades jurídicas que permitieran proporcionar mayor seguridad en cuanto a la protección y conservación del patrimonio público, tal y como lo establece la Ley de Control Interno", dijo la CGR.

Como ejemplo, la Contraloría indica que los responsables del Colegio Técnico Profesional Ricardo Castro Beer, en Orotina, beneficiarios de una de las canchas deportivas, fue el único de los 24 centros que sí pudo realizar el proceso de segregación del terreno donde se iba a construir la obra. Consideraron que el área total del terreno, de 1.694.867 metros cuadrados, era muy extensa para lo que se necesitaba para cancha: 7.061 metros cuadrados.

En desacuerdo

Marco Fallas, viceministro administrativo del MEP, rechazó las afirmaciones de la Contraloría y afirmó que los bienes en administración del fideicomiso "no han dejado, ni dejarán de ser propiedad del MEP".

LEA MÁS: MEP tiene hueco de $50 millones para escuelas que ofreció

"No es cierto que los terrenos dejan de pertenecer legalmente al Estado y por lo tanto no pierden su condición de bienes al servicio público, disfrutando de las exoneraciones al impuesto territorial. Tampoco es cierto que el Ministerio no pueda dar mantenimiento a estos centros educativos. Las Juntas de los centros recibirán, como hasta la fecha, los recursos necesarios para el mantenimiento de la infraestructura educativa",indicó Fallas.

El funcionario añadió a este medio que el traspaso de toda la propiedad se justifica por los motivos expuestos a la Contraloría y que el proceso de segregación implica un "minucioso" cumplimiento de requisitos que podrían conllevar a costos y atrasos "significativos".

“El traspaso de toda la propiedad se justifica debido a que segregarla conllevaría una gestión adicional por parte de las Juntas Administrativas", puntualizó Fallas.

No obstante, la Contraloría reveló en su informe que, en general, el fideicomiso no ha mostrado un progreso uniforme de las etapas ya que, solo dos de las 103 obras prometidas han sido construidas y se encuentran en funcionamiento a cuatro años de aprobados los fondos.

Según la CGR, ninguna de las 101 obras pendientes, ha superado las etapas previas que le permitan iniciar la construcción de la obra.

LEA MÁS: Ministra culpa al gobierno de Laura Chinchilla por atraso en construcción de 80 escuelas y colegios

Pese a las justificaciones del MEP, la Contraloría solicitó al viceministro, Marco Fallas, que a más tardar el 31 de enero del 2018 debe entregarles una certificación en donde, en coordinación con el Banco Nacional, establezcan responsabilidades de las partes respecto al mantenimiento de los 23 centros educativos donde el terreno para construir la cancha multiuso no fue segregado.

Además, la ministra de Educación, Sonia Marta Mora, debe correr para tramitar ante las municipalidades, en las que se encuentran ubicadas las distintas obras de infraestructura que se cedieron al fideicomiso, la solicitud de exoneración de impuestos de estas. También debe enviar una certificación a la Contraloría, a más tardar el 31 de enero del 2018, que acredite que dichas solicitudes fueron debidamente tramitadas ante todos los ayuntamientos.