El desorden que impera en la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) representa un “alto riesgo” para que la Auditoría Interna del MEP pueda realizar su labor fiscalizadora.
Así lo dejó consignado en el informe DIEE (19-19), elaborado por esa dependencia del Ministerio de Educación Pública (MEP) en el segundo semestre del año pasado.
El estudio se realizó con el objetivo de evaluar al proceso de construcción de la infraestructura educativa a cargo de esa dirección, verificar el cumplimiento del marco regulatorio vigente, así como identificar debilidades en los procedimientos establecidos en la entidad.
No obstante, durante su intervención, se topó con grandes complicaciones para llevar a cabo su labor de manera confiable y con resultados objetivos.
En el informe, la Auditoría Interna indicó que tienen la “limitante” para obtener información clara y precisa, pues la DIEE no cuenta con sistemas de información que faciliten la trazabilidad de la misma y que permita obtener evidencias para realizar una evaluación objetiva.
“Actualmente, existe un alto riesgo para la Auditoría Interna el estar evaluando la DIEE dada la situación administrativa, específicamente, en cuanto a las debilidades derivadas de la aplicación de los componentes de control interno. Además, los riesgos de la actividad son muy altos dada su amplitud y volumen, en términos de la cantidad de recursos que se destinan a la construcción de las obras”, dijo la Autoría.
Para este año, la DIEE trabajará con un plan de inversión de ¢28.000 millones. Sin embargo, las juntas de Educación tienen ¢124.000 millones engavetados y hay cerca de 500 centros con órdenes sanitarias sin atender.
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De acuerdo con el informe, se detectaron debilidades en las actividades de control, específicamente en procedimientos desfasados u obsoletos, cambios en las unidades de mando y cambios organizacionales sin un estudio integral de los procesos.
Desde el 2007 a la fecha, han pasado por la DIEE ocho directores y en algún momento estuvo liderada por una comisión de tres jefes. No obstante, ninguno ha podido ordenar su funcionamiento y responder de manera adecuada al rezago en infraestructura educativa en el país. Actualmente, la arquitecta Catalina Salas ocupa la dirección, luego de la salida, en junio del año pasado, de la también arquitecta, Andrea Obando.
Para la Auditoría, no se ha definido, por parte de la DIEE, el suficiente control que “garantice el uso adecuado de los recursos que se asignan” a las Juntas de Educación, lo que ha generado que realicen las tareas según sus propios criterios. No hay claridad ni rendición de cuentas.
Oficina sin rumbo
A este momento, no hay plan estratégico para el periodo 2018-2022, es decir, no están identificadas la misión y visión de esa oficina.
Por esta razón, la Auditoría recomendó a las autoridades del MEP hacer una “pausa en la gestión”, con el fin de establecer el rumbo que permita satisfacer las necesidades en infraestructura educativa de manera eficiente y eficaz en el control del gasto, además de la debida rendición de cuentas de los dineros públicos.
Precisamente, el viernes anterior, el MEP anunció la transformación de la DIEE con la intención de ser más “transparentes, eficientes e innovadores” en la construcción de escuelas y colegios.
Esa nueva estructura incluye la creación del Departamento de Mantenimiento, para asegurar mayor vida útil de escuelas y colegios; y ordena que los procesos de compra pasen a la Proveeduría Institucional en procura de transparencia
Sin embargo, tendrá los mismos 113 funcionarios que la Auditoría Interna del Ministerio de Educación Pública (MEP) describió, en otro informe de inicios del 2019, como “temerosos, conflictivos, despreocupados, sin compromiso y desmotivados”. En ese documento, los auditores revelaron el clima organizacional “decadente” en el que trabaja esa dependencia.
Aún falta que el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) aprueba la nueva estructura. De recibir el aval, el MEP tendrá seis meses para su implementación luego de la aprobación.
Otros hallazgos
La Auditoría también revisó algunos expedientes de la contratación de servicios profesionales externos realizados por las Juntas de Educación.
Detectaron que el profesional externo, quien es el responsable de incluir los proyectos en el Sistema del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA), no subsana las observaciones efectuadas por parte del Ministerio de Salud, Bomberos y la misma DIEE, las cuales deben ser atendidas para evitar poner en riesgos a los niños, jóvenes, y demás miembros de la comunidad educativa.
Además, observaron diferencias importantes entre los presupuestos referenciales elaborados por los profesionales externos contra los costos finales de los proyectos. Sobre estos excesos de presupuesto es que se calculan los honorarios de los profesionales externos, por lo cual se le pagan montos de más a estos profesionales.
Por ejemplo, citan que el presupuesto inicial de la Escuela Ismael Coto Fernández, en Alajuelita, fue de ¢1.146 millones, al final, terminó costando ¢784 millones. Hubo una sobreestimación de ¢361 millones.
Según la Auditoría Interna, a los profesionales externos contratados por las Juntas no se les exige la presentación de presupuestos detallados y completos de todos los elementos que lo componen.
Anteriore al informe de la Auditoría Interna, hubo otro de inicios del 2019, en el que los auditores concluye que una de las razones del rezago en infraestructura y del estado de los centros educativos se debe a ese “decadente” clima organizacional en la DIEE ya que el mismo genera el aumento en los tiempos de los proyectos, por tramitomanías “irrelevantes” entre departamentos y áreas esta dirección.
“Decadente clima organizacional, con funcionarios temerosos, conflictivos, despreocupados, sin compromiso y desmotivados, que no fortalecen un ambiente ético en procura de la eficacia de objetivos institucionales”.
La anterior jefa de la DIEE, Andrea Obando, (renunció a su puesto en junio del 2019) denunció ante la Auditoría Interna presuntas anomalías en esa unidad de trabajo.
Por ejemplo, explicó que para hacer un nuevo centro educativo, reparación o mantenimiento, el proyecto pasa por cada uno de los ocho departamentos de la DIEE. Sin embargo, como los responsables no se hablan entre sí, no se pasan información para darle continuidad al proyecto, entonces el mismo no avanza.
Además, denunció la existencia de 100 proyectos con anomalías como presupuestos inflados, irregularidades en compra de terrenos y en la contratación de ingenieros externos. También informó de 400 obras urgentes en escuelas y colegios que quedaron a la deriva porque el funcionario que conocía los casos se pensionó y no reportó.
En una comparecencia del pasado 19 de noviembre, la ministra de Educación, Guiselle Cruz, describió a la DIEE como una oficina ‘reactiva’, sin procesos claros e incapaz de saber cuándo acaban las obras. Dijo que al menos 2.000 centros educativos requiren algún tipo de intervención o arreglo.
Criticó el hecho de que la oficina atiende una a una las solicitudes de infraestructura en vez de desplegar una gestión de atención integral.
Según el diagnostico de la Dirección sobre el cual se basó la transformación anunciada el viernes anterior, la DIEE es incapaz de ejecutar el presupuesto que el MEP le asigna, se acumulan las solicitudes de los centros educativos; lo cual ha sido un problema de años.
Recientemente, La Nación denunció que en la DIEE compraron tres terrenos, en Dota, Turrialba y Cartago, que resultaron inservibles para construir escuelas por la presencia de nacientes. Uno de ellos tenía hasta seis afloramientos de agua, aguas negras, y fue invadido por precaristas debido a su abandono.
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Precisamente, dos de esas compras, realizadas por un funcionario identificado como Rigoberto Villalobos, son objeto de investigación por parte de la Fiscalia Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción desde diciembre anterior.
Desde diciembre, la Fiscalía sigue causa a dos funcionarios relacionados con la compra de esas propiedades por la posible comisión de delitos de enriquecimiento ilícito e influencia contra la hacienda pública.