Tres facultades de la Universidad de Costa Rica (UCR), en Montes de Oca, mantienen las aulas cerradas, al cumplirse el cuarto día de protestas contra la decisión de trasladar ¢35.000 millones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) a infraestructura universitaria.
Es el caso de los edificios de Ciencias Sociales, Derecho y Educación, donde los estudiantes cambiaron las clases y los libros por “jornadas en resistencia”, grafitis con consignas ideológicas y mantas “en defensa del FEES” y contra el Gobierno.
Mientras, en Heredia, estudiantes de la Universidad Nacional (UNA), complican el paso de vehículos por la vía de acceso a la ciudad.
Como no hay clases en las facultades de la UCR, las autoridades universitarias llaman a realizar jornadas de “sensibilización”, sobre la supuesta afectación que tendrían las casas de enseñanza superior por la transferencia.
Ese traslado fue inicialmente avalado por los rectores al firmar el acuerdo del FEES.
En un publicación de la Oficina de Divulgación Institucional de esa universidad, la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Isabel Avendaño, invitó a los profesores a realizar “docencia presencial mediante aulas abiertas, o bien hacer docencia virtual para informar y sensibilizar a las familias de estudiantes y personas trabajadores de la Universidad, comunidades y empresas sobre las consecuencias de lo propuesto por el Ministerio de Hacienda”.
Varias organizaciones estudiantiles realizaron asambleas este lunes, de cara a la marcha de mañana 22 de octubre, que saldrá del pretil rumbo a la fuente de la Hispanidad. Allí se encontrarán con estudiantes, docentes y administrativos de las otras universidades estatales para caminar rumbo a Casa Presidencial, en Zapote.
Ni el Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec), ni la Universidad Estatal a Distancia (UNED) reportan afectación de cursos, aunque la comunidad estudiantil sí apoya la protesta.
Los estudiantes se oponen a la transferencia de los ¢35.000 millones del FEES, de la casilla de gasto corriente a la de inversión en capital. Ese traslado implica que las autoridades universitarias no podrán echar mano de esos recursos para el pago de salarios, por ejemplo.
De ese monto, a la UCR le correspondería invertir ¢20.226 millones; ¢8.190 millones a la UNA; ¢3.955 millones al Tecnológico de Costa Rica (Tec); y ¢2.593 millones a la Universidad Estatal a Distancia (UNED).
Dicha medida se desprende del acuerdo de la Comisión de Enlace del Fondo. Originalmente la medida establecía que se debían reservar ¢70.000 millones para inversión, pero los diputados lo redujeron a ¢35.000 millones.
Los rectores reclaman que el acuerdo era dedicar esa suma a infraestructura pero no proveniente del FEES.
Intermediación
La Defensoría de los Habitantes condicionó este lunes, su participación como mediador entre las universidades y los Poderes Ejecutivo y Legislativo en esta discusión.
“La Defensoría agradece la confianza de los estudiantes en la institución; sin embargo, ha solicitado que para que esto sea posible será necesario el cumplimiento de cuatro reglas mínimas básicas”, señaló en un comunicado.
Primero, la Defensoría pide que las partes muestren anuencia a dialogar con la presencia de representantes “con poder de toma de decisión”.
También pide que se levanten los bloqueos o medidas de presión que afecten a terceras personas. Este punto incluye la toma de las facultades, debido a que hay estudiantes que no participan del movimiento que no pueden llevar sus lecciones.
Como tercer punto, pide que no se den acciones que conlleven a violencia o uso de la fuerza; así como que todas las partes acepten por escrito la participación de la Defensoría de los Habitantes como mediadora.