El 61,5% de los padres de familia considera que no deberían permitirse las huelgas en educación. El resto está de acuerdo, pero la mayoría le pone límite de tiempo.
Este fue uno de los hallazgos de una consulta realizada por el Estado de la Educación sobre los impactos que tuvo la huelga de docentes contra la reforma fiscal, la cual se prolongó por 89 días, entre setiembre y diciembre del año pasado.
El estudio se realizó en febrero del 2019 con una muestra representativa de 719 hogares de todo el país; el nivel de confianza es del 95%.
“Se indagaron tres temas principales: la valoración de los padres y madres de familia sobre el sistema educativo público; sus actitudes y percepciones sobre la huelga y los impactos que esta tuvo en las dinámicas cotidianas de los hogares”, explicó el Estado de la Educación, que forma parte del Programa Estado de la Nación.
El 33,9% de los hogares entrevistados considera que sí se pueden hacer huelgas en el sector, pero con un límite de tiempo y un 4,6% no sabe no responde.
Impacto en los hogares
El 74% de las familias indicó que la educación de al menos uno de sus hijos se vio afectado por la huelga y un 58% afirmó que el grado de afectación fue mucho.
Casi tres cuartas partes de los hogares (73%) señalaron que al menos uno de sus hijos no pudo asistir al centro educativo porque estuvo cerrado durante todo el periodo que duró el movimiento. Esto contrasta con el 11% que no reportó afectación, es decir, sus hijos recibieron todas las clases.
“Uno de los efectos colaterales más importantes de la huelga, según los entrevistados, fueron las interrupciones de programas como los comedores escolares y las becas. En el primer caso, el 62% de los beneficiarios sufrió una interrupción total o parcial del servicio", dice el informe.
La suspensión de esos subsidios tuvo repercusiones económicas en un grupo importante de hogares (24% del total), que tuvieron que incurrir en gastos adicionales por alimentación pues el centro educativo y el comedor estaban cerrados.
En promedio gastaron ¢49.000 por mes, según el análisis.
Otra de las afectaciones es que las transferencias del Fondo Nacional de Becas (Fonabe) que atiende principalmente a escolares o del programa Avancemos –dirigido sobre todo a colegiales–, se interrumpieron totalmente para el 18% de los beneficiarios y parcialmente para 42%.
Además, hubo suspensión del servicio de transporte estudiantil que se interrumpió por completo para el 65% de los entrevistados. Hay que asumir los apuros que pasaron los padres para asegurar el cuido de los niños, en horas en que debían estar en la escuela.
La mayoría de los padres entrevistados (65%) tienen secundaria incompleta o menos. En la encuesta del Estado de la Educación se les preguntó si tenían recursos económicos para enviar a sus hijos a la educación privada, el 89% indicó que no.
Otro hecho que se destaca en los resultados de la consulta es que la huelga golpeó a los hogares más necesitados.
"A lo anterior, se une un hecho preocupante y es que el 90% de los hogares no invirtió en tutorías durante el periodo en que sus hijos no asistieron a clases. Esto sugiere que la gran mayoría de estudiantes no tuvieron oportunidad de repasar la materia, ni mucho menos avanzar en el aprendizaje, durante el tiempo que estuvieron sin lecciones.
La información de la encuesta permite llegar a una conclusión sociológica importante: la suspensión del servicio educativo por la huelga afectó directamente a hogares vulnerables, que no tienen más opción educativa para sus hijos que no sea el sistema educativo público. Para este grupo la huelga significó una interrupción completa del proceso de aprendizaje que difícilmente pueda ser revertida", se lee en el informe.
Para Isabel Román, directora del Estado de la Educación, ese hallazgo es uno de los más relevantes del estudio, pues quedó en evidencia de que la mayor parte de los niños que asisten al sistema educativo vienen de climas educativos bajos y, por lo tanto, para ellos la educación pública es fundamental.
“Cuando nosotros les preguntamos que si ellos tendrían recursos económicos para brindar a sus hijos a la educación privada, más del 80% dice que no. Cuando les preguntamos que si pagaron tutorías para los niños que perdieran clases, el 90% dijo que no. Hay una conclusión importante y es que la huelga afectó a los hogares más vulnerables que no tiene opción para sus hijos que el sistema educativo público”, manifestó.
Alta valoración
Otro hecho destacable para la experta es que a pesar de la huelga, los costarricenses tienen un alta valoración de la educación.
Así se desprende de las respuestas que dieron los padres cuando se les preguntó si a raíz de esta situación hubo un cambio en la percepción sobre los docentes y el centro educativo al que asistían sus hijos. En el 62% de los casos dijeron que no. Solo un 21% indicó que sí modificó esa percepción y fue para mal.
Además el 85% de los encargados indicó estar satisfecho o muy satisfecho con el centro educativo al cual enviaban a sus hijos.
Precisamente, esa valoración, fue el hecho que exaltó del estudio la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), último sindicato educativo en levantar la huelga. No se refirieron, sin embargo, a los impactos negativos del movimiento en los hogares.
“Se reafirma así nuestro compromiso como sindicalistas del sector educativo por mantener y mejorar la educación pública en beneficio de todas las familias costarricenses, en especial las de menores ingresos económicos que son la inmensa mayoría de quienes acuden a las aulas", dijo Mélida Cedeño, presidenta de la APSE tras conocer el estudio.
Opinión de los padres
Los hallazgos del Estado de la Educación se conocen en momentos en que se discuten en el Congreso eventuales reformas para poner regulaciones al derecho a la huelga en el sector público. El plan se discute en la Comisión sobre Huelgas.
Román dijo que, justamente, esta es una consulta para darle voz a los padres de familia en esta discusión nacional.
“En esta discusión todo el mundo opina y no se le consulta a los padres de familia como otro punto de vista más. (El estudio) es un esfuezo más de aportar información para que los actores puedan elevar el nivel de discusión”, dijo Román.
Este miércoles compareció ante ese foro, el ministro de Educación, Edgar Mora, quien consideró que, a criterio del Ministerio de Educación Pública (MEP), la sociedad costarricense considera la educación como un servicio esencial.
De ser declarada como servicio esencial implicaría la prohibición de huelgas.
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“La esencialidad tiene que ver con que este servicio es posiblemente la única estrategia económica para garantizar el desarrollo de las personas. Es un país que, desde muchísimos años atrás, ha decidido confiar en la educación como vehículo de movilidad social”, expresó Mora ante los diputados.
El ministro alegó que un servicio es esencial cuando está vinculado a buena salud, seguridad y protección de la vida. Esas tres características, dijo, se cumplen en el servicio educativo.