Juan Diego Córdoba. 3 abril
En el 2017, el MEP comenzó un plan piloto de educación dual en el Colegio Vocacional de Artes y Oficios (Covao) de Cartago. Foto: Rafael Pacheco
En el 2017, el MEP comenzó un plan piloto de educación dual en el Colegio Vocacional de Artes y Oficios (Covao) de Cartago. Foto: Rafael Pacheco

La iniciativa de ley sobre educación dual entrará la tarde de este miércoles al plenario legislativo con asuntos que definir. Entre estos si deben las empresas pagar una beca a los estudiantes que reciban bajo este modelo de formación.

Inicialmente, el texto sustitutivo presentado por el Gobierno y acogido por la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso, proponía que las empresas quedaran exentas de aportar esos recursos.

Para auxiliar económicamente a los alumnos en este modelo educativo, el Ejecutivo propuso crear un fondo de becas con el 1% del presupuesto anual del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), nutrido por los mismos recursos que actualmente aporta el sector empresarial.

“No hay ninguna evidencia de que una empresa pequeña de software no necesite procesos de educación dual para poder captar su fuerza de trabajo en el futuro.

“Una empresa, cuando es pequeña, no podría aspirar a tener un proceso de formación dual porque no tiene los recursos para becar al estudiante; sin embargo, ahora esta misma empresa puede recurrir al fondo al que ella también contribuye con una cuota pequeña. Ese fondo también está fortalecido por empresas más grandes como Microsoft”, explicó el ministro de Educación, Edgar Mora.

Sin embargo, los diputados de la Comisión acordaron potenciar el fondo propuesto por el Gobierno, y crearon un artículo que establecía que las grandes empresas deben pagar ¢120.000 mensuales a cada estudiante; las medianas ¢60.000; y las micro y pequeñas empresas quedaban exentas.

Los estudiantes que acudirían a programas bimodales de estudio en las pequeñas corporaciones, también recibirían recursos para financiar su traslado, vestimenta y comida, mediante el fondo de becas del INA.

“¿Quién nos asegura que el fondo del INA va a ser sostenible a futuro. Si miles de estudiantes se apuntan a este modelo de formación, el fondo no podrá financiar becas para todos y el fondo se volverá insostenible", manifestó el diputado de Liberación Nacional (PLN), Wagner Jiménez.

A pesar de que el acuerdo se construyó entre todos los diputados de la comisión, una moción de último momento eliminó el aporte privado para las becas del modelo de educación dual.

La enmienda fue presentada por Patricia Villegas del Partido Integración Nacional (PIN), pocos días después de que el sector empresarial enviara un comunicado a los legisladores de la comisión, de la cual La Nación tiene copia.

“Consideramos que el pago que se establece deben realizar las empresas de acuerdo con el artículo 28 del texto sustitutivo aprobado debería eliminarse, o bien establecerse como algo voluntario”, comunicó el presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), Gonzalo Delgado.

Villegas sumó el apoyo de Mileydi Alvarado del Partido Restauración Nacional (PRN), Óscar Cascante del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) e Ignacio Alpízar, diputado independiente del bloque fabricista.

El diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Enrique Sánchez, y los legisladores del Partido Liberación Nacional (PLN), Wagner Jiménez y Silvia Hernández, se opusieron a eximir a las empresas de la contribución, pero sus votos no fueron suficientes.

Jiménez, quien preside el foro, anunció que presentará una moción de revisión en el plenario, en el intento de revertir la decisión.

La discusión sobre el pago o no de las becas por parte del sector privado, surge después de superar la disparidad de criterios con relación en el tipo de vínculo entre los estudiantes y las empresas.

Los diputados acordaron con el Gobierno que no exista un contrato laboral de por medio, por los riesgos y las cargas sociales con las que cargarían las empresas que reciban estudiantes.