¿Cuál es el salario más alto del MEP?¿Cuál es la agenda del jefe de...? ¿Cuántas vacaciones tiene? ¿Cuántas horas extras se le pagan a...? ¿ A cuántas personas se les ha abierto una investigación preliminar?

Este es el este tipo de consultas que José Ángel Rovira, director del Liceo Nocturno Juan Santamaría, en Cañas, Guanacaste, realiza continuamente al Ministerio de Educación Pública (MEP) y que atiborran al ya congestionado Departamento de Recursos Humanos.

Dicha dependencia tiene registrados 507 “asuntos” gestionados por Rovira desde el 2016 y hasta marzo de 2021. Esa cifra incluye consultas específicas, requerimientos, informes y copias de documentos.

El funcionario, por ejemplo, solicitó el nombre de los colaboradores despedidos en el 2020, el nombre de la directora del Liceo Laboratorio, así como el horario y labores de distintos empleados del ministerio.

También requirió aclaraciones a respuestas ya dadas, información sobre horas extra pagadas a la ministra, a viceministros y a otros funcionarios; el horario que debería tener una directora, además de solicitar que se le aclare la diferencia entre una investigación preliminar y una disciplinaria, entre una larga lista de peticiones.

Yaxinia Díaz, directora de Recursos Humanos (RRHH) del ministerio, aseguró que en enero de este año le ingresaron a su correo electrónico 19 solicitudes de información o consultas de Rovira y, en febrero, 46.

El problema no es el tipo de información, sino que el MEP debe atender una a una y, según la ley, debe responder en menos de diez días.

De lo contrario, el funcionario puede acudir a la Sala Constitucional para presentar un recurso de amparo por la violación al derecho de petición, consagrado en el artículo 27 de la Constitución Política.

Y en efecto, el director del colegio no ha desaprovechado la oportunidad y ha elevado sus reclamos ante el tribunal constitucional. La oficina de prensa de la Sala IV confirmó que Rovira ha presentado 816 amparos por esa causa y no solo contra el MEP, sino también contra otras instituciones públicas.

Los magistrados, incluso, llegaron a llamarle la atención al considerar que sus solicitudes son “caprichosas e irracionales”.

Cada vez que se declara con lugar un recurso de amparo, se condena a la institución al pago de daños y perjuicios al recurrente. La ejecución de sentencia se tramita ante en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

“Las solicitudes realizadas por Rovira generan que se tengan que destinar un equipo de personal profesional y técnico a tiempo completo para atender estrictamente las solicitudes, denuncias, demandas y correos electrónicos, realizadas por este servidor, ya sea de manera personal o por medio un oficio, en el tiempo que estipula el ordenamiento jurídico.

“Todo lo anterior genera cuantiosos gastos de recursos públicos (horas de profesionales en tiempo ordinario o extraordinario, procesos de notificación ante Correos de Costa Rica, entre otros) para atender las diferentes peticiones del señor Rovira, entrabando y retrasando los demás procesos relacionados con funcionamiento normal de la gestión pública, en detrimento de los demás usuarios que requieren en igualdad de condiciones una gestión pronta y cumplida a sus peticiones”, expresó Yaxinia Díaz, la jefa de RRHH del MEP.

Departamento saturado

Atender este tipo de solicitudes satura aún más el Departamento de Recursos Humanos, que a la fecha, tiene sin resolver 107.000 gestiones administrativas de educadores que exigen el pago de pluses.

Esa dependencia carece de suficiente personal para atender esas gestiones administrativas, así como las solicitudes de información de Rovira, en tiempo y forma, ya que a su vez, debe atender las planillas, contrataciones y demás trámites administrativos.

En total, la oficina de RRHH cuenta con cerca de 100 funcionarios, es decir, que cada uno, en promedio, debe atender 1.070 peticiones de incentivos salariales, más las otras peticiones.

No obstante, las gestiones del funcionario no se limitan a ese departamento, también hace solicitudes de información a otras dependencias del MEP, como a la Dirección Regional de Liberia, a los viceministerios y al despacho de la ministra de Educación, Guiselle Cruz. Entre el 2020 y el 2021, la jerarca ha recibido 137 requerimientos de información de Rovira.

LEA MÁS: Ministra debe sacar de su bolsillo para pagar multas por atrasos en pluses de docentes

Regaño de magistrados

Según Díaz, tan “desbordantes” han sido las peticiones del director del colegio guanacasteco que la Sala Constitucional, en la resolución N.º 17017-2015, del 30 de octubre del 2015, señaló que ese ciudadano hace “un uso abusivo del derecho de petición, lo cual también se ha extendido al derecho de acceso a la información”.

“Lo que aparenta ser el legítimo ejercicio de un derecho constitucional, en realidad no es otra cosa sino una actuación desproporcionada, irracional y caprichosa de un individuo, quien ahora ya no solo concentra su cantidad de solicitudes en la Dirección Regional de Liberia y el Departamento de Personal del Ministerio de Educación Pública, sino que ha extendido su conducta al resto de la Administración Pública.

“Se estima que el ejercicio de un derecho constitucional no puede desnaturalizarse, al punto que se haga un uso desbordado del mismo sin que exista claridad del por qué de tantas gestiones por parte de un solo sujeto ni sobre la razonabilidad de ello. Tampoco se justifica que su uso abusivo incluso vaya en detrimento del derecho fundamental al funcionamiento de los servicios públicos toda vez que la administración ha debido dedicar sus recursos a estar contestando cantidad de gestiones de un solo patente, lo que implica entrabar su normal funcionamiento y perjudicar así al resto de usuarios”, indicó la Sala IV en ese fallo.

LEA MÁS: Docentes abandonan cursos del MEP porque dejaron de contar para elevar su salario

Además, precisó que en 2014, Rovira presentó 125 recursos de amparo y en 2015, 497.

“Lo anterior se ha hecho con el agravante de que la propia administración, en reiteradas ocasiones, ha manifestado bajo juramento a este Tribunal que, muchas veces, la información solicitada por el recurrente ni siquiera ha sido retirada, lo que ha ocasionado pérdida de tiempo y recursos públicos”, agregaron los magistrados constitucionales.

La Nación intentó localizar a Rovira en los números de teléfono registrados a su nombre, pero no contestó.

También se le contactó por medio de su perfil personal de Facebook el Martes Santo. Inicialmente, calificó de “falso” el reporte del MEP sobre la cantidad de solicitudes de información que se tienen registradas a su nombre.

“Falso. Qué persona le indicó eso para tomar las medidas correspondientes”, respondió.

En respuestas posteriores, dijo que realmente no era Rovira quien estaba contestando, sino su secretaria y que “no podía emitir criterio”.

Así lo dijo, a pesar de que era Martes Santo y no se estaban impartiendo lecciones en escuelas y colegios.