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El diputado Luis Ramón Carranza presentó 19 mociones a proyecto de ley que quita obligación de escuelas de comprarle al CNP. (JOHN DURAN)
Los diputados de la Comisión Especial de Ciencia y Tecnología rechazaron este jueves una moción que pretendía excluir totalmente al Consejo Nacional de Producción (CNP) de la regla fiscal.
Esta fue una de las enmiendas presentadas por el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Luis Ramón Carranza, al proyecto de ley para eliminar la obligatoriedad de las escuelas de comprar alimentos al Consejo, dentro del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI).
Este plan se impulsó en consideración a los sobreprecios que cobra el CNP en casi la totalidad de productos, la mala calidad y cuestionamientos a la labor de esta institución.
La intención del legislador era añadir al artículo 9 de la Ley Orgánica del Consejo el siguiente texto:
“Por la naturaleza de estas operaciones, el Consejo de Producción queda exento de la aplicación de las disposiciones atinentes a la regla fiscal establecidas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley N° 9635”.
La moción fue rechazada con cinco de siete votos.
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La regla fiscal es un tope al crecimiento del gasto corriente que depende de las condiciones económicas del país y del nivel de endeudamiento.
“Por muchos años las finanzas públicas han estado en un claro desbalance que provoca un serio crecimiento de la deuda. La regla fiscal deriva del principio constitucional establecido en el artículo 176 de la Constitución Política, no debemos seguir promoviendo su inaplicación, mucho menos en instituciones ineficientes como el CNP.
“Este es un momento crítico para Costa Rica, y exige seriedad y respeto a la legislación. Alcanzar el equilibrio financiero en las finanzas del Estado es una tarea urgente”, expuso el diputado liberacionista Wagner Jiménez, quien se opuso a la moción.
Autorizado este año
De esta forma, se impidió que el CNP volviera a quedar eximido de la norma, como ocurrió en el presente ejercicio económico por decisión del propio Poder Ejecutivo.
El presidente de la República Carlos Alvarado hizo uso de la cláusula de escape de la regla fiscal para autorizar al Consejo (CNP) a gastar ¢42.800 millones por encima del tope.
El artículo 16 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley 9635), permite superar el tope en caso de una emergencia nacional declarada por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE). El país está en emergencia nacional por la covid-19.
Hasta el momento, el Gobierno no ha dado a conocer para qué necesita el CNP el monto adicional.
La Nación ha solicitado la información en múltiples ocasiones, sin obtener ninguna respuesta ni del Consejo ni de Casa Presidencial.
Pago del IVA
La moción rechazada fue una de las 19 presentadas por Carranza. Ninguna fructificó.
Otra de las enmiendas, por ejemplo, pretendía que todas las transacciones del CNP que se den en cumplimiento de la Ley Orgánica queden exentas del pago del impuesto al valor agregado (IVA).
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Dudas sobre CNP
Entre los cuestionamientos al CNP están los precios que cobra a las entidades públicas que están obligadas a comprarle, por disposición del artículo 9 de la Ley Orgánica.
Según la norma, las escuelas, cárceles y otras entidades deben adquirir “a los precios establecidos”.
Publicaciones de La Nación han dado a conocer los sobreprecios del Consejo a partir de informes de Contraloría y denuncias de sectores e investigaciones.
Recientemente, un estudio de la Universidad Nacional (UNA) reveló que el Consejo vende los frijoles a las escuelas al doble del precio que se lo compra a los productores por el efecto de intermediación de asociaciones, pues mientras un frijolero vende el quintal a la asociación a ¢32.600, el CNP lo comercializa a escuelas en ¢64.000.
La totalidad de los miembros de la juntas de Educación que participaron en el estudio de la UNA dijeron que el CNP es caro en todos los productos.
La investigación confirmó el estudio de 2019 de la Contraloría General de la República (CGR), según el cual el 60% de productos que surte el Consejo para consumo de escolares tienen un costo mayor a los precios máximos ofrecidos por los negocios locales.
También la Cámara Nacional de Avicultores (Canavi) denunció que el CNP paga un “sobreprecio elevadísimo” a intermediarios por los huevos para los paquetes de alimentos que se entregan a estudiantes de bajos recursos. Se pagan ¢1.950 por el kilo, cuando este se puede conseguir en ¢700 en los supermercados.
Las autoridades del CNP no dan entrevistas para referirse a estos temas.
Hace unas semanas el presidente ejecutivo de la institución, Ángel Jiménez, defendió en la comisión legislativa los precios de los productos que vende a los centros educativos con base en un supuesto estudio del Ministerio de Educación Pública (MEP).
Sin embargo, el Ministerio dijo a La Nación que tal estudio no existía, pues se trató de un análisis de datos exploratorio para efectos de una reunión. Fueron incluidos en una presentación, sin representar un informe o un estudio formal
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