Daniela Cerdas E.. 6 junio
 El Colegio Técnico Profesional de La Carpio es un colegio que no tiene edificio; era uno de los que se iba a financiar con el fideicomiso educativo, pero el dinero para ellos, no alcanzó. Mientras se construye, el MEP alquila unos locales comerciales en Plaza La Uruka. Foto: Diana Méndez.
El Colegio Técnico Profesional de La Carpio es un colegio que no tiene edificio; era uno de los que se iba a financiar con el fideicomiso educativo, pero el dinero para ellos, no alcanzó. Mientras se construye, el MEP alquila unos locales comerciales en Plaza La Uruka. Foto: Diana Méndez.

Los diputados de la comisión de Control de Ingreso y Gasto Público acordaron llamar a cuentas al encargado del Fideicomiso Educativo del MEP para que explique por qué los fondos asignados a ese mecanismo alcanzaron para realizar solo 56 de las 103 obras prometidas.

Los legisladores aprobaron este jueves una moción del liberacionista Luis Fernando Chacón para convocar a Geovanny Rodríguez, director de la Unidad Supervisora del Fideicomiso Educativo del Ministerio de Educación Pública (MEP).

Dicha audiencia fue solicitada luego de que La Nación revelara que un mal cálculo de costos, hecho por el Ministerio y los diputados en el 2013, provocó que un préstamo de $167,5 millones alcanzara solo para la mitad de los trabajos previstos.

Ahora, el MEP debe conseguir $138,5 millones para realizar las obras pendientes.

Los diputados solicitarán a Rodríguez que se refiera a todo lo relativo a la ejecución del dinero.

La Nación explicó que, por la falta de dinero, 47 centros seguirán, por tiempo indefinido, sin la nueva escuela o colegio o sin canchas multiuso prometidas.

Los estudiantes continuarán recibiendo lecciones en centros comerciales, oficinas, parqueos, garajes, casas alquiladas, parroquias o bien, continuarán sin espacios adecuados para hacer deporte.

Los fondos del fideicomiso provienen de un crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para construir 80 centros educativos y 23 canchas techadas. La gestión de los fondos está a cargo del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), mientras que el MEP figura como unidad supervisora.

El fideicomiso educativo fue creado por una ley de 2013. No obtante, los costos de los centros se estimaron sin que existiera un estudio técnico que justificara el valor de cada uno. El costo previsto para cada obra que se incluyó en el texto de ley solo era “referencial”.

Por ejemplo, en la ley se estimó que la Escuela Finca La Caja, en La Carpio, La Uruca, en San José, costaría $5,8 millones; al final, pero su precio fue de $6,8 millones.

El Colegio Guararí, en Heredia, se calculó en $2,6 millones pero costó casi el doble, $4,7 millones. Finalmente, el Colegio Occidental, en Cartago, se estimó en $3,8 millones pero se invirtieron $5,5 millones.

La errada estimación y el atraso de más de dos años del Banco Nacional en la conformación de la Unidad Ejecutora (encargada del desarrollo del proyecto), encarecieron los costos para desarrollar los centros educativos.