Juan Diego Córdoba González. 24 octubre, 2019
Luego de siete horas de reunión, los rectores salieron con un acuerdo de seis puntos; ninguno de ellos menciona compromisos para revisar gasto salarial. Fotografía: Julieth Méndez, Casa Presidencial.
Luego de siete horas de reunión, los rectores salieron con un acuerdo de seis puntos; ninguno de ellos menciona compromisos para revisar gasto salarial. Fotografía: Julieth Méndez, Casa Presidencial.

El acuerdo entre Gobierno y rectores universitarios firmado el martes dejó por fuera cualquier compromiso para revisar el gasto en salarios de profesores y administrativos de estas entidades públicas.

Ese pacto se constituyó luego de la marcha multitudinaria de estudiantes, donde entre las consignas estaban las que pedían menos pluses para los funcionarios y criticaban los altos salarios.

No obstante, ninguno de los puntos contenidos en el acuerdo que puso fin al reclamo de los rectores, incluyó medidas para examinar esos egresos, incluidos en la partida de gastos corrientes. Esos, incluso, crecen más que las transferencias estatales.

Para el 2020, por ejemplo, el gasto de remuneraciones y sobresueldos crecerá en ¢16.000 millones, pero el FEES solo incrementará en ¢11.600 millones.

Eso provoca que, el fondo que asegura el Gobierno para la operación de las casas de enseñanza superior, se consuma cada vez más en salarios, en lugar de becas, infraestructura, equipamiento y otros.

En conferencia de prensa, tras la reunión de casi siete horas en Casa Presidencial, los rectores afirmaron que están comprometidos en darle sostenibilidad financiera al FEES, pero tampoco dijeron cómo.

Precisamente, en esa reunión se puso fin al reclamo de los jerarcas universitarios por la claúsula del FEES que los obligaba a transferir ¢70.000 millones de gastos corrientes (donde se incluyen salarios) a gastos de capital. La cifra se redujo a la mitad por decisión de la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso.

Según los rectores la medida ponía en “emergencia” a las universidades. Mensajes difundidos por las casas de enseñanza y los estudiantes señalaban el riesgo para las becas y los fondos para sedes y recintos.

Al final, los rectores informaron de que las becas nunca peligraron y que desde setiembre trabajaban en la reclasificación de gastos, pero dejaron que la marcha se diera como un “hecho político” en defensa de la autonomía universitaria.

Medidas en estudio

Ante consultas de La Nación, el rector de la Universidad de Costa Rica (UCR) y presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare), Henning Jensen, se refirió a dos medidas de contención de remuneraciones que, según él, están bajo revisión en la Universidad.

Por una lado, dijo haber implementado un límite para los aumentos salariales, para que no sobrepasen la inflación.

“Eso garantiza seguridad salarial. Yo creo que es muy importante, de que todas las personas que recibamos un salario podamos contar que a lo largo del tiempo habrá estabilidad en aquello que nosotros percibimos. En otras palabras, no habrá un debilitamiento en nuestra capacidad de poder adquirir los bienes y servicios que brinda nuestra sociedad”, señaló.

Sin embargo, en tanto haya aumentos, el salario real va a crecer por el pago de anualidades e incentivos, que representan un porcentaje del salario base.

Por otro, aseguró que el Consejo Universitario revisa los regímenes de administración de salarios, sin precisar cambios o ajustes.

Las universidades estatales se oponen a la reforma de empleo público que pretende crear un régimen estandarizado para las casas de enseñanza públicas.

Para Jensen, la UCR tiene “márgenes de maniobra suficientemente amplios” para controlar su gasto salarial.

“Es factible ponerle un límite temporal a las anualidades, y eso sería una contribución muy importante que haríamos para provocar y llevar a nuestra institución a una mayor sostenibilidad presupuestaria”, afirmó-

Durante la comparecencia en la Comisión del FEES, en la Asamblea Legislativa, los rectores de la Universidad Nacional (UNA), Alberto Salom, y de la Universidad Técnica Nacional (UTN), Marcelo Prieto, reconocieron que las anualidades son el principal problema que enfrentan las finanzas de sus instituciones.

Salom presentó una acción de inconstitucionalidad contra un artículo de la convención colectiva que le impide renegociar las condiciones salariales si el sindicato no está de acuerdo.

Henning Jensen y Alberto Salom dejarán su cargo en mayo próximo.

Ante la ausencia de medidas para frenar el crecimiento de las remuneraciones en el acuerdo del martes, Andrea Chacón, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (Feucr), aseguró que ellos han planteado esa necesidad en las instituciones.

“Para llegar al cómo hacerlo, necesitamos voluntad de las autoridades universitarias para ejecutar situaciones que para el movimiento y las representaciones estudiantiles podemos iniciar con una crítica y un señalamiento de dichas problemáticas. Luego, obligatoriamente, necesitamos de la voluntad de la Administración para poder generar esos cambios”, afirmó la representante estudiantil.