Juan Diego Córdoba.   28 julio
“Hemos llegado a concluir que la Asamblea Legislativa no podría modificar lo que acuerde el Poder Ejecutivo a la hora de establecer el monto del FEES. Nosotros creemos que el legislador presupuestario no tiene estas competencias”, afirmó Julio Jurado. Fotografía: Alejandro Gamboa Madrigal.

Los diputados no tienen potestades constitucionales para modificar el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), que anualmente fija el traspaso de recursos del Estado a las universidades públicas para que estas financien su operación.

El procurador general de la República, Julio Jurado, así lo ratificó ante los legisladores de la comisión especial que investiga el uso que las instituciones de enseñanza superior le dan a esos fondos.

“Hemos llegado a concluir que la Asamblea Legislativa no podría modificar lo que acuerde el Poder Ejecutivo a la hora de establecer el monto del FEES. Nosotros creemos que el legislador presupuestario no tiene estas competencias una vez ha sido negociado”, afirmó Jurado.

El único caso en que los legisladores puedan entrar en el juego de la negociación entre el Gobierno y el Consejo Nacional de Rectores (Conare) es que exista un diferendo entre esas partes.

Siguiendo esa línea de pensamiento del abogado del Estado, el recorte de ¢10.000 millones que los legisladores aplicaron al FEES para el presente año sería improcedente.

La Sala IV estudia una acción de inconstitucionalidad contra esa decisión legislativa, que ordenó destinar esa porción de recursos para amortizar la deuda pública del Estado.

De acuerdo con la Procuraduría General de la República, la vía que tendrían los legisladores para modificar el presupuesto asignado a las instituciones de enseñanza superior sería reformar la Constitución Política.

En esa línea, los legisladores tendrían que ponerle límite a la autonomía universitaria.

“A nosotros lo que nos toca es señalar lo que dice la Constitución Política y las leyes. Si eso está mal diseñado, yo creo que precisamente a quienes les toca valorarlo es a ustedes como legisladores y como reformadores parciales de la Constitución, que tienen esa potestad”, afirmó Jurado durante su comparecencia el pasado lunes.

Para el año entrante, el presupuesto de las universidades públicas aumentará ¢11.627 millones, lo cual representa un 2,3% con respecto al 2019, según el acuerdo alcanzado entre los rectores y el Gobierno la semana trasanterior.

En el 2019 el Estado transfirió a las instituciones de educación superior ¢501.154 millones (por el recorte de ¢10.000 millones que efectuaron los diputados), para el 2020 el llamado Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) será de ¢512.781 millones.

La UCR recibe un 57,79%; la UNA, 23,40%; el Instituto Tecnológico de Costa Rica, 11,3% y la Universidad Estatal a Distancia (UNED), un 7,51%, mientras que la Universidad Técnica Nacional (UTN) recibe fondos por aparte.

Integrar a la UTN al FEES

Además de referirse a los mecanismos para modificar el FEES, la Procuraduría considera que la Universidad Técnica Nacional (UTN) también debería incluirse en dicho fondo. De esta manera no se le tendrían que asignar recursos por separado, como sucede actualmente.

“En la medida en que el artículo 85 se constituye en una garantía de la autonomía y que se refiere a las instituciones de enseñanza superior, el Fondo debería comprender a la Universidad Técnica Nacional”, indicó Magda Inés Rojas, procuradora general adjunta.

Aunque la UTN es una universidad pública y está integrada al Consejo Nacional de Rectores (Conare) no recibe recursos del FEES, sino que el Ministerio de Educación Pública (MEP) le hace un giro por separado.

Rojas indicó que esa decisión obedece a una posición política, de la cual no podía emitir criterio. “Esta es una decisión que excede el ámbito de nosotros”.

Esa institución recibirá ¢35.677 millones para el año entrante, adicionales al Fondo Especial para la Educación Superior, que financia a la UCR, UNA, UNED y Tec.