El País

Diputados suspenden por un mes votación de plan que golpea al IVM

Sin mucho trámite ni mucho ajetreo, el presidente de la Comisión Legislativa Plena Primera, el diputado Juan Marín, anunció este miércoles a las 5:15 p. m. que la votación del proyecto de ley que golpea las pensiones del IVM y las finanzas del Estado queda suspendida durante un mes.

La suspensión de ese trámite legislativo, el último antes de que la iniciativa se enviara a la firma del presidente de la República, se debe a que 21 legisladores opuestos al proyecto enviaron una consulta facultativa ante la Sala Constitucional, para que sean los magistrados los que determinen si el plan debe convertirse en ley o no. El proceso para obtener una respuesta tarda hasta un mes.

La consulta fue promovida por Marco Vinicio Redondo, del Partido Acción Ciudadana (PAC), y firmada por ocho oficialistas, seis liberacionistas, cuatro socialcristianos, dos libertarios y el diputado de Alianza Demócrata Cristiana.

Entre los argumentos para enviar el plan a consulta está que consideran que es inconstitucional aprobar una ley que implicaría el pago de gastos corrientes, o sea pensiones, con deuda.

Esto se debe a que, para asumir el traslado de beneficiarios del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) a un régimen magisterial financiado principalmente por el Estado, el Gobierno tendría que aumentar los gastos y, en consecuencia, endeudarse para tener liquidez.

Por otra parte, los congresistas consideran que el proyecto viola el artículo 73 de la Constitución, donde se establece la autonomía de la Caja Costarricense de Seguro Social, pues se le obligaría a esta entidad a trasladar las cotizaciones de los docentes que se pasen del IVM al Magisterio y asestar un golpe de ¢52.400 millones a las reservas de las pensiones de los costarricenses.

Además, los parlamentarios piden que se declare inconstitucional el plan porque consideran que hay una transgresión al principio de progresividad de los derechos fundamentales, en relación con el derecho jubilatorio.

En síntesis, el proyecto abre un periodo transitorio para que al menos 1.847 personas que hasta 1995 habían cotizado para el Régimen de Pensiones del Magisterio puedan regresar a este sistema, pues a mediados de los 90 habían migrado al de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Lo que buscan los impulsores y beneficiarios de esta medida es recibir una mejor pensión y tener la posibilidad de pensionarse antes (hasta cuatro años) que si esperaran a jubilarse por la Caja.

En primer debate, el proyecto recibió diez votos a favor y cuatro en contra. A favor estuvieron Karla Prendas, Juan Marín y Michael Arce, del PLN; Francisco Camacho, Edgardo Araya y Patricia Mora, del Frente Amplio; Jorge Rodríguez, William Alvarado y Rosibel Ramos, del PUSC, y Nidia Jiménez, del PAC.

En contra votaron, el 7 de junio, los oficialistas Víctor Morales Zapata y Marco Redondo, así como los liberacionistas Maureen Fallas y Julio Rojas.

Los legisladores alegan que hay diferencias abismales en los costos que, según el Ministerio de Hacienda, tendría el proyecto frente a los que defiende la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema) y que, quienes aprobaron la iniciativa, preferían creerle a esta última.

Hacienda alega que, de trasladarse 1.847 docentes de un régimen a otro, tendrían un costo para cubrir esas pensiones de ¢11.000 millones anuales, que para el periodo de 40 años que deben financiar ese pago, sería de ¢160.000 millones.

En tanto, la Jupema cree que solo se podrían trasladar efectivamente 1.179 personas y que, para el primer año, el Gobierno debería cubrir ¢205 millones, para el segundo poco más de ¢300 millones y que para el primer quinquenio sería aproximadamente de ¢1.000 millones el gasto.

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