La Contraloría General de la República (CGR) solicitó al TSE destituir al alcalde de Matina, Elvis Eduardo Lawson Montealegre, por no presentar a tiempo, a finales del 2013, la propuesta de presupuesto municipal del 2014.
Por el mismo hecho, a su vez, la Contraloría inhabilitó al alcalde liberacionista para ejecer cargos públicos durante dos años desde el 21 de noviembre de este año, pero él todavía continúa en el puesto.
El órgano contralor efectuó una investigación contra Lawson, en la que se le otorgó audiencia, y luego impuso su sanción y recomendó la destitución al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), por tratarse de un caso de elección popular.
Andrei Cambronero, letrado del TSE, explicó que la solicitud de la Contraloría llegó el 1.° de diciembre y actualmente se encuentra en estudio de la Sección Especializada del Tribunal Electoral, encargada de conocer en primera instancia los asuntos contencioso electorales.
La no presentación del presupuesto del 2014 habría surgido, según lo establece el expediente 7188-2016, de un desacuerdo entre el alcalde y el concejo municipal de Matina, pues Lawson no había aceptado las propuestas de modificación que le hicieron los regidores y, más bien, vetó esa propuesta.
Al final, por no remitir el presupuesto respectivo, la Contraloría ordenó que la Municipalidad de Matina solo podría gastar la misma cantidad de dinero que se le había autorizado para el año 2013.
Alcalde reclama. Consultado por La Nación, Lawson aseguró que fue un problema político entre él y el concejo municipal, pues dice que le persiguen por haber dejado el Partido Acción Ciudadana (PAC) y haberse ido al Partido Liberación Nacional (PLN).
"El concejo municipal me dejó sin plata para pagar nada, ni la luz, ni los servicios. Yo soy abogado y sé que la ley dice que el alcalde puede refrendar el presupuesto, pero yo no lo hice. A nadie en Costa Rica lo han destituido por eso", comentó Lawson.
El alcalde, quien fue reelegido para el periodo 2016-2020, interpuso un proceso contencioso administrativo en contra de la sanción impuesta por la Contraloría General y, también, una acción de inconstitucionalidad ante la Sala IV, en contra del artículo 68 de la ley orgánica de la CGR, norma que le da la potestad sancionatoria.
"Me acusan por no presentar un presupuesto, pero los planes de gobierno de un alcalde no se pueden ejecutar si no hay aval de los regidores, que me digan si estoy contrario a derecho por defender el plan que propuse en campaña", dijo Lawson.
Cambronero explicó que la primera instancia del TSE no tiene un plazo para tomar una decisión y, además, podría recurrirse su decisión ante el pleno de los magistrados electorales.
"No me he robado nada, no he matado a nadie. A mí me quieren echar por no haber dado una firma", aseguró Lawson.