Contralora increpa a diputado del PUSC por ‘aseveración irrespetuosa’

Pablo Heriberto Abarca sugirió que, en el 2006, la Contraloría denunció penalmente por presuntas faltas electorales a tres partidos políticos pero no al PAC por “comunicaciones” entre la institución y militantes de Acción Ciudadana

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La contralora general de la República, Marta Acosta, increpó al diputado socialcristiano Pablo Heriberto Abarca por una afirmación que hizo en la comisión que investiga las finanzas electorales del Partido Acción Ciudadana (PAC).

El congresista del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) insinuó que la Contraloría General de la República (CGR) no presentó denuncias penales contra el PAC en 2006, como sí lo hizo contra otras agrupaciones políticas, por comunicaciones que, según él, había entre la institución y el partido en ese entonces.

Acosta acudió este lunes a la comisión legislativa que investiga las finanzas del PAC en las campañas electorales del 2002 y el 2006, pues los diputados tenían interés en conocer detalles sobre la revisión de gastos de esa agrupación que hizo la Contraloría en los comicios previos al 2010.

En la audiencia, la contralora reveló que, en el 2006, la institución envió seis denuncias penales al Ministerio Público por presuntas anomalías que identificaron en las liquidaciones presupuestarias de varios partidos políticos.

Minutos más tarde, Abarca le preguntó contra cuáles agrupaciones se presentaron las denuncias. Fallon Arias, gerente del Área de Públicos Generales, le respondió que iba a verificar la información, pero le parecía que se trató de los partidos Liberación Nacional (PLN), Renovación Costarricense y el PUSC.

Entonces, el diputado de la Unidad Social Cristiana (PUSC) le dijo: “O más fácil, si el PAC estaba es lo que me interesa, si no está el PAC, digamos, me queda claro... Mi objetivo es saber si entre esas denuncias estaba el PAC”.

La contralora general le respondió que ninguna de las denuncias era contra Acción Ciudadana.

“Entonces puedo comprender también por qué era que había tanta comunicación entre los funcionarios y gente representante, pero bueno, ahí me queda la duda”, respondió el diputado Abarca.

Acosta procedió a defender a la Contraloría de dicha información.

"Quisiera referirme a las palabras de don Heriberto cuando menciona que los niveles de comunicación y que por eso no hay denuncia al PAC. Me parece, con todo respeto, un irrespeto a la Contraloría.

“Nosotros no conocemos que haya habido ese tipo de comunicaciones, no sé por qué hace esa aseveración, a mí me parece un tanto irrespetuosa señor diputado. Lo digo porque conozco a la Contraloría y debo aclarar que no estuve ahí en esa época, ahí en esas revisiones, pero me parece, no sé, incorrecto hacer esa afirmación”, le reclamó Acosta.

Ante el reclamo, Abarca le dijo a la contralora que su intención no fue injuriar a la CGR.

“En actas de esta comisión consta que sí hubo comunicación de algunos personeros de algunos partidos con el equipo contable que hacía las revisiones, y como usted dijo que le parecía inaudito que haya ese tipo de comunicaciones, eso me hace sospechar de que probablemente podría tener alguna relación con que no haya denuncias”, dijo Abarca.

Denuncias contra el PUSC, PLN y Renovación

Luego, Arias confirmó que las seis denuncias penales del 2006 se presentaron contra el PUSC, el PLN y Renovación Costarricense, después de que la diputada Catalina Montero, del PAC, le dijera que a ella sí le interesaba saber cuáles partidos fueron cuestionados.

El ente contralor detalló estas seis denuncias:

1) Contra el PLN, por “simulación contractual referente a la compra de equipos de aire acondicionado que se pretendían calificar como arrendados”.

2) Contra Renovación Costarricense, por “presentación de documentación que pretendía respaldar un gasto referente a un servicio de alquiler de un vehículo que presuntamente no fue prestado”.

3) Contra Renovación Costarricense, por “hechos respecto a una presunta alteración de documentación de un gasto de arrendamiento de local”.

4) Contra el PLN, por “inclusión de documentación aparentemente falsa en dos casos, el primero un presunto gasto en servicios de seguridad y el segundo un presunto gasto de arrendamiento de equipo de iluminación y sonido. En ambos casos, supuestamente los gastos fueron presentados para 24 plazas públicas”.

5) Contra el PUSC, porque “se indentificó, entre otros, gastos que fueron presentados dos veces por el partido, ya que un mismo gasto fue incluido en liquidaciones distintas”.

6) Contra Renovación, porque “se reportaron gastos que nunca fueron erogados, pues los dineros permanecían en las cuentas del partido”.

Acosta dijo que, en una revisión, encontró un documento en el que consta que dichas denuncias fueron desestimadas por la Fiscalía.

La contralora también aclaró que desconoce qué criterios utilizó la institución para solicitar la pesquisa judicial, pues las revisiones que efectuaba en ese momento de las liquidaciones partidarias eran meramente de formalismos contables.

“Lo que algunas personas me explican fue que se encontraron errores que se consideraron groseros, y que entonces decidieron mejor presentar la denuncia”, dijo Acosta.

El 15 de julio, en la comisión investigadora de las finanzas electorales del PAC, funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) revelaron que, en el 2012, trasladaron al Ministerio Público una declaración del político Ottón Solís según la cual él sabía que el PAC les pidió a sus partidarios que facturaran su trabajo voluntario para la campaña del 2010, con el fin de allegarle fondos a la agrupación.

Tal información la incluyeron en la documentación en la que se basó la Fiscalía para investigar los hechos por los cuales, en el 2016, el Tribunal Penal de San José terminó condenando por estafa a dos funcionarios del PAC. Solís partició en ese proceso como testigo.

Los diputados de la comisión investigadora del PAC solictaron al TSE que investigara si esa agrupación política ejecutó maniobras similares en las campañas del 2002 y el 2006, pero, la semana pasada, los magistrados electorales concluyeron que no es “jurídicamente viable” hacer esa revisión, pues esos comicios fueron hace más de 10 años y por lo tanto ya prescribieron.

Este lunes, los legisladores también le preguntaron a Acosta si en la CGR se podría hacer la investigación, pero la funcionaria les respondió que también tendría que revisarse si el caso ya se da por prescrito.