Esteban Oviedo.   22 julio
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Un funcionario de la Imprenta Nacional, de nombre Johnny Fernández Esquivel, se salvó de ir a juicio por haber participado en el zafarrancho que sufrió el presidente Carlos Alvarado en octubre del 2018, frente al Teatro Nacional, cuando fue rodeado por sindicalistas que se oponían a la reforma fiscal.

La Fiscalía Adjunta del Primer Circuito Judicial de San José acusó al hombre por el delito de agresión con arma pues, según se observó en un video probatorio, el imputado lanzó unas monedas doradas.

En la acusación, la víctima del lanzamiento no era el mandatario, sino uno de sus escoltas, de apellidos Matarrita Corrales. Casa Presidencial confirmó que es uno de sus funcionarios de seguridad.

Para este lunes 22 de julio, estaba previsto el inicio del juicio contra el funcionario de la Imprenta dentro de la causa penal 18-28491-0042-PE.

No obstante, el demandado y la víctima acordaron un plan reparador, que consistió en el pago de ¢100.000 y en el ofrecimiento de una disculpa por parte de Fernández a Matarrita, acciones que fueron consideradas proporcionales al daño causado, informó la oficina de Prensa del Ministerio Público

El plan fue avalado por el Tribunal Penal de San José y, en consecuencia, el juez Omar White dictó una sentencia de sobreseimiento definitivo por extinción de la acción penal por cumplimiento del acuerdo.

El 3 de octubre del 2018, grupos de manifestantes formaron una cadena y se apostaron en los portones del Teatro Nacional cuando el presidente se encontraba adentro en la inauguración del IV Congreso de Movilidad Urbana.

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El mandatario tuvo que permanecer unos 30 minutos dentro del Teatro y, cuando salió, fue rodeado e insultado.

En el sitio, la Policía recogió “miguelitos”, que son varillas de construcción cruzadas para estallar llantas de automóviles. Fueron colocados debajo de los vehículos policiales, algunos de los cuales también fueron golpeados y rayados.

Como consecuencia de estos hechos, la Imprenta Nacional también emprendió un proceso de despido contra el funcionario Fernández, quien presentó una solicitud de prescripción ante el Tribunal del Servicio Civil.

El empleado alegó que las autoridades de la institución presentaron la solicitud de cese un mes después de los hechos y ese plazo está fuera del tiempo establecido por la legislación laboral.

Omar Jiménez, actuario del Tribunal del Servicio Civil, informó de que ya existe un borrador de resolución que podría ser votado esta semana.

Como se trataría de una resolución en primera instancia, si la resolución es desfavorable para el funcionario, podrá apelar ante el Tribunal Administrativo del Servicio Civil o ante un Juzgado Contencioso Administrativo. En tanto, si la resolución es favorable para él, la Imprenta no puede apelar y el caso queda cerrado.

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