CCSS incluye diputados, rectores, ministro y exjerarcas entre los beneficiarios del plan que golpea al IVM

En la lista de posibles beneficiarios del plan que impactaría las pensiones del IVM y las finanzas estatales se encuentran los nombres de tres diputados, tres rectores de universidades públicas, un ministro, un magistrado del TSE, tres exministros, dos exlegisladores, un expresidente ejecutivo del Incofer y un exrector.

No obstante, algunos de ellos afirman estar en el reporte por error.

Así se desprende de una base de datos con 1.847 beneficiarios del proyecto de ley que permitiría a un grupo de docentes trasladarse del régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) a uno del Magisterio, lo que implicaría una pérdida de ¢52.000 millones para el IVM, según la CCSS.

La lista fue elaborada por la Dirección de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) con base en las condiciones que exige el proyecto 17.561 para un eventual traslado: cotizar hoy para el IVM, pero haber cotizado al menos durante diez años de forma ininterrumpida para el Magisterio antes de 1995.

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Entre los funcionarios vigentes incluidos en la lista están Luis Antonio Sobrado, presidente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), quien según los datos de la CCSS tuvo un salario de ¢9,9 millones en setiembre del 2016, así como el rector de la Universidad de Costa Rica, Henning Jensen, con una remuneración de ¢7,7 millones.

Además, aparecen Alberto Salom, rector de la Universidad Nacional (UNA), con un salario de ¢6 millones; el rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), Julio César Calvo, que percibe al mes ¢5 millones; así como los legisladores del Partido Acción Ciudadana (PAC), Henry Mora (¢5,4 millones), Emilia Molina y Nidia Jiménez (¢3,8 millones).

Asimismo, están en la base de datos el exministro de Tecnología de este gobierno, Marcelo Jenkins, con un sueldo de ¢4,2 millones; y el extitular de Trabajo de la administración anterior, Olman Segura, con una remuneración de ¢3,5 millones.

Otros nombres enlistados son los del expresidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), Guillermo Santana (¢3,3 millones); el exrector de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), Rodrigo Arias (¢3,1 millones), y las exlegisladoras Grettel Ortiz (PAC, con ¢3,1 millones) y Marielos Alfaro (Libertario, con ¢2,3 millones).

Otro de los exjerarcas enlistados es el exministro de Planificación del gobierno pasado, Roberto Gallardo, que a setiembre del 2016 percibía una remuneración de ¢2,8 millones.

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Este martes, no fue posible conocer la posición del magistrado Sobrado, puesto que está incapacitado.

Por su parte, el rector de la UCR, Henning Jensen, sostuvo que su pensión por la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema) está aprobada desde hace más de dos años. "Seguramente aparezco en esa lista porque no he hecho efectiva la pensión en Jupema. Puedo hacerla efectiva en cualquier momento", comentó.

El rector de la UNA, Alberto Salom, confirmó que hoy cotiza para el IVM y que lo hizo por al menos diez años para el Magisterio, pero descartó trasladarse de régimen en caso de que el proyecto se apruebe de manera definitiva.

El exministro de Trabajo, Olman Segura, dijo no recordar si cotizó al menos 10 años para el Magisterio, como lo registra la CCSS. "No sé si cumplo con los 10 años, creo que no". Él está hoy en el régimen de la CCSS. Sobre la posibilidad de trasladarse, afirmó: "Tendría que evaluarlo, pues no cuento con varios millones de colones en este momento que tendría que pagar para trasladarse, tendría que evaluarlo", aunque el proyecto prevé que la diferencia en las cotizaciones se pagaría en partes.

En cuanto a los diputados actuales, desde el día siguiente a la aprobación del proyecto, Henry Mora dijo que, si bien él podría beneficiarse del plan, no lo hará para quedarse en la Caja y no dañar el régimen jubilatorio del IVM.

"Qué fácil es pretender confundir el interés personal y gremial con el bien común, qué fácil es ser 'progresista' o 'de izquierda' de palabra al tiempo que asesto un duro golpe a la institución que representa el mayor logro de solidaridad nacional", dijo Mora y, a la vez, criticó a los diputados de Liberación Nacional y de la Unidad Social Cristiana que dieron sus votos para aprobar la iniciativa legal.

En los casos de Emilia Molina y Nidia Jiménez, ambas respondieron a este medio que están en la lista por un error, pues las dos se devolvieron al Magisterio gracias a un acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de 1997, que permitió regresar del IVM al Magisterio por un asunto de pertenencia.

"Esa lista tiene problemas, porque yo me acogí a ese convenio y estoy pensionada desde el 2007. Yo no debería estar en esa base de datos", enfatizó Molina.

Nidia Jiménez, quien votó a favor del proyecto en la Comisión Plena Plenaria el miércoles 7 de junio, negó que ella pueda ser una de las beneficiarias, como dice la lista de la CCSS. Afirmó que es pensionada del Magisterio desde hace 10 años, y que logró entrar en ese régimen por un acuerdo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el derecho de pertenencia.

Jiménez se había pasado en el IVM en 1995, pero luegó alegó que tenía 20 años de cotizar para el Magisterio. Añadió que suspendió su pensión mientras ejerce como diputada y que, en este puesto, cotiza para el IVM aunque no se vaya a beneficiar de este.

"En la famosa lista es muy posible que yo aparezca, en la lista de las 6.000 personas que irresponsablemente están dando. Solamente Jupema ha hecho las restas como corresponden, por eso es que aún siendo diputada de gobierno, yo estoy apoyando este proyecto, porque la lista depurada solo la tiene Jupema. A la lista de la Caja, la lista de Hacienda de las 6.000 personas, no se ha hecho la resta de las 1.800 y resto de personas que nos salimos por el acuerdo 102 de la OIT.

En el caso del exministro Marcel Jenkins, explicó que no está seguro de calificar como beneficiario, pues a la fecha establecida en el proyecto él tenía nueve años de cotizar para el Magisterio, y no diez como establece la iniciativa legal.

"Yo tendría que hacer el estudio a ver si me conviene, porque puede ser que para algunos de nosotros salga más caro el caldo que los huevos", puntualizó el exministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), quien añadió que no puede afirmar que aproveche la iniciativa en caso de que se apruebe en segundo debate, ni tampoco descartarlo.

Quien no tiene entre sus planes aprovechar esa posibilidad es el actual ministro de Agricultura, Luis Felipe Arauz, pues explicó que las condiciones para devolverse serían complicadas: tendría que dar una buena cantidad de dinero. Para la época en que él se fue para el IVM ya era catedrático de la UCR y tenía el salario más alto del Magisterio, por lo que la diferencia por devolver sería muy amplia.

"Dada la situación fiscal del país, esa es una posibilidad muy remota. Yo no creo que se apruebe el proyecto y, para mí, sería un pésimo negocio. Tendría que devolver un montón de plata", comentó.

El exministro Roberto Gallardo, en tanto, aseguró que no sabía que estaba entre los posibles beneficiarios y, al igual que Jenkins, indicó que tendría que evaluar las condiciones y los requisitos que debería completar (como pagar la diferencia de cuotas) para poder devolverse.

Él aseguró que ya en algún momento había explorado esa posibilidad, con la ayuda de un abogado, pero que eso no había llegado a nada.

"Hay otras condiciones, uno tendría que hacer sus números. He pagado una pensión complementaria y si pasarme al Magisterio me genera una pensión no significativamente más alta, pero merma mis ahorros, tendría que verlo muy a profundidad", manifestó el exjerarca.

Entre las ventajas a las que podrían acceder las personas en la lista, al cambiarse de régimen, está la de acceder a una pensión superior a la máxima que les permite la CCSS, que es de ¢1,5 millones. En el Magisterio, podrían recibir una jubilación igual al salario de un catedrático de la UCR (más 30 anualidades y dedicación exclusiva), o sea, unos ¢4 millones.

De acuerdo con Ubaldo Carrillo, director de Pensiones de la CCSS, los datos incluidos en la base de la CCSS corresponden a setiembre del 2016, fecha en la que se depuró al máximo la lista de contribuyentes que tienen derecho al traslado del IVM al régimen del Magisterio.

Esa lista también se la facilitaron al Ministerio de Hacienda y al Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa para que realizaran sus respectivos estudios del impacto de la iniciativa, tanto en la salud del régimen de pensiones de la Caja como en las finanzas públicas.

CCSS: plan afecta régimen de pensiones

Ubaldo Carrillo aseguró que proyectos como el aprobado en la Asamblea, en lugar de mejorar las reservas del régimen del IVM, las tienden a bajar. "Deberíamos estar sumando para que la reserva crezca, no para que baje. Como país, deberíamos propender a fortalecer ese régimen", dijo.

Además, el director de Pensiones de la Caja explicó que la diferencia fundamental entre los regímenes, además de que el Magisterio se cargaría al Estado, es que en la Caja se paga una pensión de entre el 45% y el 55% del promedio de los últimos 240 salarios, mientras que la ley vigente permite pagar en el Magisterio un 80% del promedio de los últimos mejores 32 salarios.

"Nosotros vamos a mantenernos hasta que la junta directiva lo considere oportuno. El problema es que los regímenes de la seguridad social no pueden manejarse como los privados, los de capitalización individual. Si nos piden devolver el dinero (de las cotizaciones de quienes se pasen), tenemos que tomarlo de la reserva de contingencia, que ya los actuarios de la Universidad de Costa Rica dijeron que esa reserva está por debajo de lo que ellos consideran conveniente", manifestó Carrillo.

En cuanto a los demás beneficiarios incluidos en la lista de los beneficiarios, luego de ser analizada por La Nación, se determinó que no se trata de personas con ingresos bajos, sino millonarios, en su gran mayoría.

Ellos, en promedio, perciben ¢1,9 millones mensuales, aunque algunos alcanzan ¢7,8 millones o incluso ¢9,8 millones mensuales, de acuerdo con los datos suministrados por la CCSS. Hay 48 personas que reciben más de ¢5 millones, por ejemplo.