Dieciocho diputados, de cinco partidos políticos, se unieron para exigirle al Gobierno que se sacuda del control que los autobuseros tienen sobre el transporte público, a fin de que pueda modernizar el sector.
Solo así, argumentaron, se podrán implementar el reordenamiento de las rutas de bus y el sistema de cobro electrónico.
A su vez, en un manifiesto de cuatro páginas, ocho legisladores de los partidos Acción Ciudadana (PAC), seis del Frente Amplio, dos de la Unidad Social Cristiana (PUSC), uno del Libertario y uno de Liberación Nacional (PLN) instaron a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) a que consolide la aplicación del nuevo modelo de fijación de tarifas de buses, que ha reducido los pasajes en ciertas rutas, sin importar las presiones de los grandes empresarios autobuseros.
"Nos están fregando la vida a los costarricenses", dijo la líder del Bloque por el Transporte Público, Marcela Guerrero, del PAC, molesta por la suspensión de servicios que efectuaron esta semana autobuseros de La Uruca, barrio Escalante, barrio La Cruz y barrio México, como medida de presión contra el modelo tarifario.
"Eso fue la gota que derramó el vaso de una crisis que vienen arrastrando los gobiernos desde hace tiempo", añadió la diputada oficialista, al tiempo que el frenteamplista Edgardo Araya advirtió de que tomarán acciones legales si la Aresep está considerando variar el modelo tarifario actual, que sirvió, por ejemplo, para bajar de ¢325 a ¢255 la tarifa de las rutas que comunican San José con Montes de Oca, Curridabat y La Unión.
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"Consideramos que el servicio de transporte público en Costa Rica debe ser intervenido para garantizar los principios de calidad, continuidad, eficiencia, participación ciudadana y transparencia. Nos pronunciamos a favor de reconocer la movilidad de personas como un derecho humano fundamental que debe ser garantizado por el Estado", dicen los parlamentarios en el manifiesto que emitieron este jueves.
El frenteamplista añadió que son los empresarios los que están dominando y controlando el Consejo de Transporte Público (CTP), en el que tienen sillas asignadas por ley en la Junta Directiva.
Para los firmantes, es urgente la sectorización "para consolidar el espacio público en favor del transporte masivo de personas, construyendo carriles exclusivos confinados que agilicen el desplazamiento".
Según los legisladores, el objetivo de esa acción sería reordenar y disminuir las líneas de buses que entran a San José, establecer rutas de alimentación, rutas troncales, nodos de intercambio de pasajeros y autobuses de alta capacidad.
Patricia Mora añadió que el bloque apoya la acción de inconstitucionalidad presentada contra el Consejo de Transporte Público por la Asociación de Usuarios de Pérez Zeledón y por la Asociación de Pequeños Autobuseros, que conduciría al cierre del CTP.
"Insistimos en que el criterio que está privando es el de los empresarios. Acciones de chantaje de movilidad como la de ayer son ilegales", manifestó Patricia Mora, del FA. "Están arrinconando a la Aresep para modificar el modelo".
Sobre las medidas de presión de esta semana, en criterio del Bloque por el Transporte Público, es potestad del Gobierno revocar de inmediato los permisos de los autobuseros que presionen a las autoridades del Consejo de Transporte Público (CTP) o a la Aresep, puesto que no poseen concesiones de las rutas de buses.
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"Al ser permisionarios (...), los autobuseros no tienen derechos adquiridos para oponerse a la sectorización u obstaculizarla. Tampoco pueden alegar indemnización alguna si se les retira los permisos con los que funcionan actualmente o se les reduce la flota autorizada para ejecutar la sectorización", manifiestan los diputados en el documento.
El Bloque lo integran:
-Marcela Guerrero, PAC
-Nidia Jiménez, PAC
-Epsy Cambpell, PAC
-Franklin Corella, PAC
-Marco Redondo, PAC
-Javier Cambronero, PAC
-Marvin Atencio, PAC
-Patricia Mora, FA
-Francisco Camacho, FA
-Edgardo Araya, FA
-Suray Carrillo, FA
-Jorge Arguedas, FA
-José Ramírez, FA
-Juan Marín, PLN
-Otto Guevara, ML
-Rosibel Ramos, PUSC
-William Alvarado, PUSC
-Ottón Solís, PAC
El cobro electrónico, según los diputados, serviría para establecer el flujo real de pasajeros que tienen estos empresarios y no atenerse a números que bien podrían estar falseados.
Este control electrónico permitiría, explicó Guerrero, conocer la demanda real y, de esa forma, hacer la fijación correcta de las tarifas, así como el análisis para abrir nuevas rutas y horarios.
También alegan los parlamentarios que el cobro electrónico permitirá el control financiero de las empresas, para evitar negocios ilegales y grandes flujos de dinero, así como la seguridad del chofer y de los usuarios, al reemplazar el pago con efectivo por el sistema electrónico.
"Queremos las comunidades empoderadas junto con el Estado, vigilando que las cosas se hagan bien. Vamos a vigilar a los empresarios que, de manera injustificada, suspenden el servicio. Cuidado con la cuenta van a echar atrás con el nuevo modelo tarifario", comentó Edgardo Araya.
Este bloque de 18 diputados toma esta posición luego de que, en marzo, otro grupo de 21 legisladores más bien solicitó a la Aresep suspender el método de cálculo de tarifas y reactivar el anterior, que arrojaba pasajes más altos.
Ese grupo lo integraban cuatro diputados del PUSC, 12 del PLN, tres del PAC, uno de Renovación y uno independiente.
Paradójicamente, aparecían cuatro diputados que ahora están en el nuevo bloque: Juan Marín, del PLN; Rosibel Ramos y William Alvarado, del PUSC, y Franklin Corella, del PAC.
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Nota: esta nota fue actualizada a las 7:12 p. m. para incluir los nombres de cuatro diputados que firmaron el manifiesto más tarde, este jueves.