Un proyecto de ley que cambia el sistema de cobro del impuesto a los moteles y lugares afines dio este martes un primer paso legislativo pues logró que se dictaminara afirmativamente en la Comisión de Ciencia y Tecnología.
La iniciativa contó con el apoyo de los legisladores Jorge Angulo Mora, Juan Bosco Acevedo, Rodrigo Pinto Rawson, la diputada Elibeth Venegas Villalobos y Justo Orozco.
El impuesto se destinará al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y pretende controlar una supuesta evasión que se da en la actualidad debido al cobro por uso de habitación, el cual es definido a discreción por los propietarios de los establecimientos.
El IMAS procederá a fiscalizar las declaraciones y a la vez el cobro de los impuestos, conforme a las facultades y los procedimientos que se establecen para el efecto en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios.
Ahora, el proyecto dictaminado establece como base mensual del cobro un porcentaje del salario mínimo de un oficinista 1 del Poder Judicial (Ley 7337).
De esa forma, se crean cuatro categorías según el número de habitaciones que tenga el local, a saber: se cobrará mensualmente el 12% del salario mínimo por cada habitación a los sitios que tengan más de 101 habitaciones.
A los lugares cuyo número de cuartos esté entre 51 y 100 se le cobrará el 11% mensual por habitación; los que cuenten entre 21 y 50 cuartos un 10% al mes y los que tengan menos de 20 habitaciones deberán pagar un 9% mensual de ese salario mínimo por cada cuarto.
Ese salario mínimo es de aproximadamente ¢360.000, lo cual implica que un motel o establecimiento similar que tenga más de 101 habitaciones pagaría unos ¢43.200 mensuales por cada cuarto.
Según la diputada Elibeth Venegas, integrante de la comisión dictaminadora, el proyecto dictaminado además amplía el cobro del impuesto para el IMAS a otros establecimientos como hoteles sin registro, casas de alojamiento ocasional, salas de masaje, night clubs con servicio de habitación y similares que carezcan de la declaración turística expedida por el Instituto Costarricense de Turismo.
La legisladora calcula que de aprobarse el texto y convertirse en ley, los ingresos por ese rubro que hoy suman aproximadamente ¢60 millones, podrían subir a unos ¢300 millones por año.
El proyecto pasará ahora a la agenda del plenario legislativo.