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Iris Rodríguez, abogada del grupo italiano, realizó la negociación para el supuesto donativo con el exalcalde Jorge Ocampo. CONTACTO. | ARCHIVO / LA NACIÓN
El Ministerio Público de Alajuela acusó, por segunda ocasión ante un juez penal, al exalcalde y a seis exregidores de la Municipalidad de Alajuela, informó la oficina de prensa del Poder Judicial.
A ellos les atribuyen presunta responsabilidad en los delitos de prevaricato (tomar acuerdos o firmar resoluciones contrarias a la ley, sancionado con prisión de dos a seis años) y abuso de autoridad (cuya pena es de dos a tres años de cárcel).
Los imputados en este caso son el exalcalde Jorge Ernesto Ocampo Sánchez y los exediles Carlos Luis Quesada Campos, Alberto Eusebio López Masís, Flora Jara Arroyo, María Isabel Artavia González, Rodolfo Martén Warner y Mario Alberto Morera Lara.
La acusación, presentada por el fiscal Humberto Chacón Badilla el pasado miércoles, se basa en que en junio de 1999 la Municipalidad de Alajuela suscribió un convenio con la Federación Europea Autónoma de Trabajo y las Profesiones, con sede en Roma, Italia.
Esta organización se comprometía a donar $80 millones para realizar distintas obras sociales en Alajuela, pero a cambio exigieron una carta de garantía.
El documento establecía que en caso de que una obra no se realizara por obstrucción municipal, el ayuntamiento debía pagar los $80 millones a la Federación.
Según la investigación de la Fiscalía, los regidores y el exalcalde se excedieron en sus funciones pues comprometieron el presupuesto municipal, que en ese año era de ¢1.200 millones.
La carta de garantía se suscribió sin consultar a la Contraloría General de la República, ente que luego declaró ilegal el acuerdo.
Segundo proceso
Esta es la segunda vez que la Fiscalía acusa a los exfuncionarios municipales.
El primer proceso llegó a la etapa de juicio oral, pero en el primer día de debate –4 de marzo del 2002– el Tribunal anuló la acusación.
Por esa razón, la Fiscalía comenzó un nuevo proceso judicial.
Ahora la acusación está en el Juzgado Penal, para que este fije la fecha en que se realizará una audiencia preliminar.
Ahí se definirá si el caso es elevado a juicio o si se desestima la acusación.
El exalcalde, Jorge Ernesto Ocampo Sánchez, dijo ayer que aún no reciben la notificación por parte del juzgado.
“Sería aventurado decir cualquier cosa. Voy a esperar a que nos notifiquen y cuando lo hagan tomaremos las acciones pertinentes”, indicó Ocampo.
Se intentó obtener la versión de la defensora del exalcalde y de los exediles, Georgina Sánchez, pero está fuera del país.
