El País

Acuerdo entre PLN y Frente Amplio frenaría cambios clave en reforma a pensiones judiciales

Votos de ambas fracciones legislativas se conjugarían para impedir miembros independientes en la administración del fondo jubilatorio de la Corte

Una inusual alianza entre las fracciones de Liberación Nacional (PLN) y el Frente Amplio (FA) impediría cambios clave en la reforma al sistema de pensiones del Poder Judicial, que se discute en el Congreso.

Esta unión partidaria frenaría la inclusión de miembros independientes en la administración del fondo de jubilación. Además, dejaría el costo de administración de ese régimen en manos del Estado y no de los 13.000 empleados de la Corte.

La alianza se consolidó este miércoles, por la mañana, cuando ambos partidos se unieron para aprobar una moción donde se establece que las pensiones paguen el 13% de la cotización obrera sin importar el monto.

Con ese cambio, modifican el texto tal como salió de la Comisión de Pensiones, donde se pretendía que la cotización obrera se cobre sobre un máximo de ¢4 millones y que el exceso sobre ese tope solamente pague la cotización solidaria. Actualmente, todos los funcionarios aportan un 11% de su salario.

Los nuevos cambios se discutirían en la próxima sesión extraordinaria, el lunes por la mañana, en mociones que también tienen el apoyo del Partido Liberación Nacional (PLN) y de los frenteamplistas.

Específicamente, las mociones plantean modificaciones en el texto que salió de la comisión, primero para que la junta administradora del fondo solamente tenga tres miembros de la cúpula de la Corte y tres de los funcionarios, dejando por fuera los tres independientes.

La otra modificación eliminaría la posibilidad de que la administración del fondo se financie con un 0,005% de los salarios de todos los trabajadores judiciales activos. En cambio, mantendría la fuente de financiamiento para la administración del fondo en el Presupuesto Nacional, tal como opera actualmente.

Estas modificaciones fueron criticadas por diputados de los partidos Acción Ciudadana (PAC), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Movimiento Libertario.

Alegaron que la intención es mantener la administración del fondo jubilatorio en manos del Poder Judicial e impedir que se haga desde un órgano independiente de la cúpula judicial, con criterios más técnicos y sin presiones.

"Esa moción para evitar la presencia de terceros impide la supervisión. Hay cinco fracciones indignadas por la forma de negociación entre Liberación y el Frente Amplio", dijo Marcela Guerrero, del PAC, quien considera que con la modificación aprobada este miércoles, hay doble imposición y cree que los cambios debilitarían la reforma a las pensiones.

Añadió que el PLN trata de validar, con esos cambios, un "acuerdo electoral" que supuestamente habría hecho el candidato presidencial verdiblanco, Antonio Álvarez Desanti, cuando era presidente del Congreso, junto con los gremios judiciales.

Julio Rojas, diputado liberacionista que integró la Comisión Especial de Pensiones, negó rotundamente que haya acuerdo y dijo que esas acusaciones de Guerrero, de congresistas socialcristianos y la libertaria Natalia Díaz tienen fines "totalmente electoreros".

El verdiblanco defendió que las mociones que apoya Liberación son propias. Sin embargo, Jorge Arguedas, del Frente Amplio, confirmó que se estableció el acuerdo para hacer esas modificaciones por interés común entre ambas fracciones parlamentarias.

"El PLN había presentado esas mociones, se había venido trabajando y Liberación tenía mucha presión de los otros partidos. Hoy (miércoles) llegó la gente de la Corte y se demostró nuevamente con números que es perjudicial no hacer esos cambios. El PLN tomó el acuerdo de votarlo, porque eso es salvar el proyecto", comentó Arguedas.

El socialcristiano Johnny Leiva, quien fungió como presidente de la Comisión Especial de Pensiones, insistió en que el PLN está resucitando un pacto entre Álvarez Desanti y los empleados judiciales.

Según el congresista, mantener el costo administrativo de ese fondo en el Presupuesto Nacional implica "seguirle metiendo la mano en el bolsillo a los costarricenses".

Además, consideró que "le quitarían independencia técnica y profesional al manejo del fondo" si impiden que haya miembros externos en la junta administradora.

Principales reformas

Entre las principales reformas a las pensiones judiciales que implica el proyecto de ley en discusión están la de reducir el monto de las pensiones de un 100% del promedio de los últimos 24 salarios a un máximo del 82% del promedio de los últimos 240 sueldos.

Además, se eleva la cotización de los empleados de un 11%, en la actualidad, a un 13%.

Por el momento, se mantiene que la administración del fondo se financia con un 0,005% de los salarios de los servidores judiciales activos y la obligación de que el Poder Judicial pague el canon de supervisión a la Superintendencia de Pensiones (Supén), asunto que actualmente está en disputa entre el Consejo Superior y la entidad supervisora.

Con la reforma, se incrementa la edad de jubilación a 65 años; hoy se pueden jubilar las mujeres a los 60, los hombres a los 62. También se incrementa el tiempo de servicio a 35 años, pues ahora se permite el acceso a la pensión con 30 años laborados.

Otro de los cambios importantes es la imposición de un tope del pago por jubilación de ¢4 millones para las nuevas pensiones y el pago de una contribución solidaria para las pensiones que actualmente sobrepasen ese techo.

El trámite de la reforma al Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial está en su recta final, con la discusión de las mociones de reiteración, o sea, mociones que fueron desechadas en la etapa anterior del trámite, en la Comisión Especial de Pensiones y que el Reglamento permite presentar una última vez.

Una vez que se concluya con la discusión de las mociones de reiteración, los diputados debatirán por el fondo la iniciativa de ley hasta que se vote en primer debate.

Tal como lo estableció la moción de vía rápida, las mociones de reiteración y la discusión en primer debate deben realizarse durante un máximo de 22 sesiones.

podría permitir modificaciones en el proyecto de ley para reformar las pensiones judiciales.

Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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