“Creemos que el Estado español, a través de su judicatura, debe juzgar las desapariciones forzadas”, señaló Ariel Dulitzky, miembro de este grupo, en una rueda de prensa para informar de las observaciones preliminares al culminar su visita a España.
La visita responde a la reivindicación de los familiares de las víctimas, quienes piden conocer qué ocurrió alrededor de 100.000 desaparecidos y 30.000 niños robados durante la Guerra Civil (1936-1939) y la posterior dictadura del general Franco (1939-1975) , sucesos que décadas después no han sido ni investigados ni llevados a la Justicia.
Según el grupo de trabajo, este hecho se debe, entre otros factores, a la ley de amnistía aprobada en 1977 y a la interpretación de la Justicia española de que estos presuntos crímenes están prescritos.
En este sentido, Dulitzky recordó que, “en el contexto de ataques generalizados a la población civil, como los que ocurrieron durante la guerra civil y la dictadura, las desapariciones forzadas adquieren carácter de crimen internacional y, por lo tanto, deben ser consideradas imprescriptibles”.
Además, urgió al Gobierno español a derogar la ley de amnistía de 1977, que “no puede servir como una barrera a la investigación de graves violaciones a los derechos humanos”, afirmó.
Los expertos también recomendaron al Estado que ofrezca un mayor apoyo institucional a las víctimas, crear una entidad estatal para estudiar estos casos, así como un plan nacional de búsqueda de desaparecidos.