Lima. La opositora peruana Keiko Fujimori fue transferida este miércoles a una prisión tras pasar la noche en una celda judicial, dejando en la orfandad a su monolítico partido, que acaba de sufrir su mayor revés electoral en dos décadas.

La primogénita del también encarcelado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) fue llevada a la cárcel de mujeres de Chorrillos, en el sur de Lima, donde debe cumplir los 15 meses de prisión preventiva que le impuso el martes el juez Víctor Zúñiga por pedido del “superfiscal” José Domingo Pérez.

De 44 años y madre de dos niñas, Keiko es una de las figuras prominentes de la política de Perú que está en la lupa de la Fiscalía en el escándalo de pagos ilegales por parte del gigante brasileño de la construcción Odebrecht, que también salpica a cuatro expresidentes.

En un furgón del servicio penitenciario, escoltado por una caravana de vehículos policiales y de prensa, la líder opositora fue trasladada al mediodía hasta el mismo penal donde ya había estado presa durante 13 meses, donde fue visitada por la tarde por su hermana Sachi.

"Mi hermana se encuentra serena, pero angustiada por sus hijas", declaró Sachi a la salida de la cárcel. "Es algo injusto" que esté presa, afirmó.

No era intocable

Dirigente que actuaba sin contemplaciones, Keiko Fujimori era considerada la persona más poderosa de Perú entre el 2016 y el 2018, periodo cuando su partido maniató al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski hasta forzarlo a renunciar. Sus adversarios afirman que ella pensaba que era “intocable”.

Liberada el 29 de noviembre gracias a un fallo del Tribunal Constitucional, el fiscal más popular de Perú contraatacó y solicitó una nueva orden de prisión alegando un riesgo de fuga del país.

Detenida menos de dos meses después de que recuperara su libertad, pasó su primera noche en la “carceleta” de los tribunales, dos días después de que su partido recibió un voto de castigo en las elecciones legislativas extraordinarias.

"Esto no es justicia, esto es ajusticiamiento", declaró Keiko en un video divulgado en las redes sociales minutos después de ser detenida, mientras su abogada, Giulliana Loza, afirmó que se trataba de una "persecución política".

Sin embargo, el gobierno insiste en que la opositora fue a la cárcel por un fallo del Poder Judicial, que es un órgano independiente.

“Rechazamos cualquier insinuación que pretenda vincular con el gobierno esa decisión. Los órganos de administración de Justicia son totalmente independientes”, dijo el primer ministro, Vicente Zevallos, en rueda de prensa.

A lo largo del recorrido desde los tribunales y frente al penal, piquetes de partidarios que alzaban banderas naranjas, el color del fujimorismo, gritaron consigas en su apoyo.

“Lo que ha hecho este fiscal es un abuso”, declaró Jéssica Vargas, de 43 años, quien acudió a las afueras de la cárcel vestida con una camiseta blanca con una K naranja.

Varapalo en las urnas

Su monolítico partido Fuerza Popular (derecha populista) sufrió el domingo su peor derrota electoral en dos décadas, que selló el fin de su hegemonía en el Congreso unicameral, al quedar con 12 escaños en vez de los 73 ganados en el 2016, de un total de 130.

El anterior Parlamento fue disuelto el 30 de setiembre por el popular presidente Martín Vizcarra, tras recurrentes choques de poderes.

Bajo control fujimorista, el Congreso resistía con fiereza las reformas de Vizcarra contra la corrupción, uno de los males de Perú. Esto le costó la pérdida de la popularidad a Keiko Fujimori y su partido, según sondeos.

Favorecida por la popularidad de su padre, Keiko había acariciado la presidencia de Perú en las elecciones del 2011 y el 2016, y aspiraba a ser nuevamente candidata en el 2021, lo que parece improbable tras el fallo del juez Zúñiga.

“Es una venganza política para que Keiko en el 2021 no pueda gobernar”, declaró el vendedor ambulante José Luis García, quien alzaba una bandera naranja y vestía una camiseta rojinegra del Flamengo brasileño.

El fujimorismo carece -por ahora- de otro posible abanderado presidencial, pues Keiko Fujimori rompió en el 2018 con su hermano menor Kenji, de 39 años, a quien despojó de su escaño en el Congreso.

Desde entonces, el popular benjamín de la familia de ancestros japoneses está alejado de la política y ha dicho que no pretende volver.

El octogenario patriarca del clan, condenado a 25 años en el 2009 por crímenes contra la humanidad y corrupción bajo su gobierno, no ha conseguido reconciliar a sus hijos, a pesar de sus reiterados ruegos.

Favorecido por el desplome del fujimorismo, en los comicios del domingo la gran sorpresa fue la irrupción del Frepap, un movimiento evangélico fundamentalista, que será la cuarta fuerza en el atomizado nuevo Congreso.