Ciudad de Guatemala. Érika Lorena Aifán Dávila está acostumbrada a ser blanco de ataques desde que asumió hace más de una década como jueza en Guatemala, pero en los últimos meses el tono se incrementó y un día recibió un mensaje de texto a su celular: debería estar muerta.

Eso, sin embargo, no amedrenta a una de las personas que para algunos se ha vuelto en el rostro actual de la lucha contra la corrupción en Guatemala.

Hay un “interés de obstruir mi trabajo, de atacar mi independencia judicial”, dijo la jueza a The Associated Press.

Después de que el gobierno puso fin este año a las operaciones de una comisión de las Naciones Unidas que por más de una década desenmascaró diversas redes de irregularidades y sobornos desde oficinas públicas y privadas, la lucha contra la corrupción en Guatemala quedó en manos de fiscales y jueces guatemaltecos. Aifán es una de esas jueces y quizá de las más visibles.

De 44 años, Aifán tiene un tono de voz muy bajo, es tímida y de pocas palabras. Pero sus fallos han sido contundentes, algo que para ella y otros más son razón suficiente para que la ataquen y amenacen.

Organizaciones nacionales e internacionales han expresado su preocupación, e incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió hace unas semanas establecer medidas para su protección, lo cual si bien en la cotidianidad ya ocurre, el organismo considera insuficiente.

Desde el 2006, de hecho, la jueza nunca está sola. A donde sea que vaya, siempre la acompaña un pequeño grupo de guardias de seguridad, algunos armados con fusiles AK-47. En los últimos meses, el Poder Judicial también le dio un vehículo blindado.

“La jueza Erika Aifán es uno de los principales rostros de la lucha contra la corrupción”, manifestó Adriana Beltrán, directora para Seguridad Ciudadana de la organización Oficina de Washington para América Latina, (WOLA, por sus siglas en inglés). “Ella ha tenido en los últimos años, los casos de más alto nivel”.

La CIDH señaló que si bien la jueza recibe protección del organismo judicial, las presiones contra ella tienen “su origen precisamente en determinadas personas pertenecientes a instituciones estatales, sin que pueda apreciarse en este respecto la implementación de medidas más concretas para disminuir el clima de hostilidad contra la propuesta beneficiaria, tales como reafirmar públicamente la legitimidad de sus labores y exigir en todo momento respeto a su integridad”.

Hasta antes de que en setiembre dejara de operar la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), varias de las investigaciones del organismo fueron analizados por la jueza Aifán y, tras resolverlos, empresarios, políticos y particulares terminaron en prisión.

Estafa al seguro social

Pero el asunto más emblemático que le ha tocado revisar y, por el que cree que han aumentado las presiones y ataques en su contra, es el llamado caso Fénix: una investigación hecha pública en abril de este año y que descubrió cómo empresarios y particulares se aliaron en una operación para lavar dinero obtenido mediante una estafa por unos 50 millones de dólares al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Según las investigaciones, el cerebro de la operación fue el empresario Gustavo Adolfo Herrera Castillo, ayudado por su hijo Sergio Alfredo Herrera Acevedo, entre otros.

Herrera Castillo, quien está prófugo, es un empresario acusado de haber vendido terrenos al sistema de Seguridad Social de Guatemala mediante empresas fachada y a sobreprecio, lo cual terminó en un desfalco al gobierno. Su hijo fue detenido y es procesado en una prisión guatemalteca.

La presencia de la Cicig en Guatemala permitió desarticular decenas de redes de corrupción que involucraban en distintos niveles a funcionarios, legisladores, jueces y empresarios. La Comisión llevó a juicio a tres expresidentes, incluido el general Otto Pérez Molina, quien en el 2015 renunció a su cargo. Pero el trabajo del organismo no podría explicarse tampoco sin el apoyo de funcionarios y jueces guatemaltecos dispuestos a enfrentar las presiones, como Aifán, que ahora llevan todo el peso de las investigaciones.

Desde que el caso Fénix llegó a sus manos, indicó la jueza, han incrementado los ataques en redes sociales, mensajes en su teléfono e incluso refirió que descubrió que dos empleados de su juzgado compartían información reservada de esa y otras investigaciones con abogados.

Aseguró que ambos sustrajeron parte del expediente del caso Fénix, en particular algunas fojas en las que otros tribunales le ordenaban ejecutar medidas a favor de los acusados. Y como no ha podido aplicarlas ante la falta de los documentos, Aifán dice que ahora se corre el riesgo de que algunos involucrados, como el hijo de Herrera, queden en libertad.

Beltrán, de WOLA y quien ha seguido la historia profesional de Aifán, consideró que la jueza padece un “acoso” que a su juicio busca que ponga fin a las investigaciones. “La intención es recapturar las instituciones del Estado y mantener el statu quo, a manera de procurarse la impunidad”, sostuvo.

Cara al desafío

Frente a decenas de expedientes colocados en estantes, mesas y el suelo, que inundan su pequeña oficina de unos cuatro por cuatro metros, Aifán habló sobre los retos que enfrenta y su convicción de seguir su labor de combate a la corrupción.

“No voy a irme del país”, manifestó. “Por el momento, no lo tengo contemplado”.

Admitió que a veces le da temor, pero dijo que sabe perfectamente los riesgos que corre en su profesión. Por lo pronto, espera que el Poder Judicial y el gobierno acaten las medidas otorgadas por la CIDH y protejan no solo su vida, sino la de su familia.

Aifán explicó que las presiones en su contra por el caso Fénix han venido incluso desde el mismo Poder Judicial. Una de las fiscalas que participa en la investigación, Cinthia Monterroso, la denunció bajo el argumento de que la presionaba. Sin embargo, la Fiscalía a la que Monterroso pertenece decidió separarla a ella, antes que pedir quitar del caso a la jueza.

La jueza comentó que ha habido momentos en que se siente vigilada a las puertas de su propia casa. Contó que en una ocasión un auto se estacionó por casi dos horas frente a la entrada de su vivienda y no se retiró hasta que su guardia se acercó. También dijo que se ha sentido espiada al hablar por teléfono.

“Un día me enviaron un mensaje que decía que debería estar muerta, igual que mi familia”, comentó.

Refirió que ha tenido que reprogramar audiencias en casos donde hay personas privadas de libertad por la obligación de rendir varios informes por quejas de los empleados.

Para Aifán está claro que hay un interés de grupos de poder por evitar que siga con las investigaciones de corrupción, aunque también cree que alguien debe hacer ese trabajo.

“Yo he pensado siempre en que alguien tiene que hacer las cosas. No podemos, toda la vida estar saliendo del país, con miedo”, declaró. “Es lo que buscan las estructuras criminales”.

La construcción de un Estado de derecho, señaló, pasa por respetar a las autoridades y las resoluciones judiciales.

“Uno de los fines del derecho es mantener la armonía y la paz social, pero si esto no se cumple, nunca ningún ciudadano va a tener seguridad y paz en este país”, destacó.