AP. 29 octubre
Miles de personas se congregaron el 30 de setiembre del 2019, frente al Congreso, en Lima, para apoyar el cierre dispuesto por el presidente Martín Vizcarra.
Miles de personas se congregaron el 30 de setiembre del 2019, frente al Congreso, en Lima, para apoyar el cierre dispuesto por el presidente Martín Vizcarra.

Lima. El máximo tribunal en asuntos constitucionales de Perú admitió el martes una demanda que pretende reabrir el desacreditado Parlamento, disuelto hace un mes por el presidente Martín Vizcarra en medio de multitudinarias manifestaciones de apoyo al gobierno en todo el país.

El presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, dijo a la prensa que los seis magistrados votaron por unanimidad “admitir a trámite la demanda” presentada por el expresidente del Congreso Pedro Olaechea, quien pidió declarar nula la disolución del Parlamento tomada el 30 de setiembre y, en consecuencia, reabrir ese poder del Estado.

La admisión de la demanda no implica una toma de posición sobre el fondo de la cuestión y el tiempo para obtener una decisión final podría ser dos o tres meses, según expertos.

“El partido va a empezar, no sabemos cómo va a terminar... hemos entrado a una vorágine cuyo resultado nadie lo puede predecir”, dijo Aníbal Quiroga, un abogado experto en derecho procesal y constitucional a la radio local RPP.

El gobierno será notificado para que conteste de forma escrita a la demanda en un plazo de 30 días. Después habrá una audiencia pública para escuchar a los abogados del gobierno y del disuelto Congreso. Treinta días después, el Tribunal debería emitir una sentencia, lo cual podría ocurrir poco antes o días después del 26 de enero, fecha de las elecciones para elegir al nuevo Parlamento unicameral que reemplazará al cerrado.

Pedro Olaechea, presidente del Congreso disuelto por decisión presidencial, interpuso la demanda para pedir la reapertura.
Pedro Olaechea, presidente del Congreso disuelto por decisión presidencial, interpuso la demanda para pedir la reapertura.

Vizcarra argumenta que disolvió el Parlamento, dominado por los opositores, usando los poderes que le otorga la Constitución, pero sus adversarios afirman que no se han respetado las leyes.

El presidente había pedido al Parlamento que aprobara requisitos más rigurosos para elegir a seis miembros del Tribunal Constitucional, un órgano clave en el manejo del poder, pero el Congreso no tomó en cuenta el pedido presidencial y escogió a un miembro de la mencionada corte, por lo cual Vizcarra ordenó su cierre.

De acuerdo con la Constitución, el Parlamento de 130 miembros ha quedado reducido a 27 que conforman una comisión permanente que solo tiene atribuciones para recoger todos los decretos supremos con los que Vizcarra gobernará hasta el 26 de enero del 2020, cuando se elegirían los nuevos parlamentarios.

El Congreso estaba desprestigiado por la férrea defensa de algunos de sus integrantes investigados por corrupción. La líder del partido dominante, Keiko Fujimori, está detenida mientras es la invstigan por un presunto lavado de dinero de la empresa brasileña Odebrecht.