EscucharCiudad de Guatemala. AFP. La cúpula empresarial de Guatemala abogó ayer por la continuidad de la misión de la ONU contra la impunidad en el país, cuyo mandato vence en setiembre, luego de que el organismo y la Fiscalía pusieron al descubierto una red de corrupción en el sistema tributario.
“Consideramos importante que, con el objetivo de asegurar los resultados de estos esfuerzos, se renueve el mandato” de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) , dijo en rueda de prensa el presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) , Jorge Briz.
Con la prolongación del mandato de la Cicig, también debe “asegurarse” la continuidad de su actual comisionado, el exmagistrado colombiano Iván Velásquez, señaló el dirigente empresarial.
El jueves, la Fiscalía y la Cicig, un órgano de Naciones Unidas que desde hace ocho años trabaja en el saneamiento del sistema judicial guatemalteco, desarticularon una estructura de contrabando y defraudación tributaria dirigida por altos funcionarios del gobierno.
La investigación llevó a la captura de Omar Franco, jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT, entidad recaudadora de impuestos), y de su antecesor, Carlos Muñoz, junto a una veintena de personas, incluidos otros altos burócratas de la entidad.
Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti y considerado el cerebro de la operación, se encuentra prófugo y en la mira de la Policía Internacional (Interpol), que emitió una alerta para capturarlo.
:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gruponacion/CSPTYMJM4NDBJFSD3WU37FCMC4.jpg)
El luens hubo una marcha de apoyo a Cicig en la capital. | AP (Moises Castillo)
El golpe a la mafia en las aduanas fortaleció el llamado de activistas de derechos humanos que han pedido que la Cicig continúe en el país.
El presidente Otto Pérez debe decidir antes de setiembre si prolonga el mandato de la Cicig, y para tomar una decisión encomendó a un grupo de funcionarios en las áreas de seguridad y justicia que estudien la conveniencia de esa prolongación.
Sin embargo, Pérez ha manifestado en varias ocasiones su rechazo a pedir la prórroga , argumentando que el organismo ya cumplió su misión y que no tuvo logros importantes.
