AFP. 13 octubre
El Papa Francisco pasa junto a un Cristo crucificado durante la audiencia general semanal en la plaza de San Pedro en el Vaticano el 10 de octubre de 2018. AFP
El Papa Francisco pasa junto a un Cristo crucificado durante la audiencia general semanal en la plaza de San Pedro en el Vaticano el 10 de octubre de 2018. AFP

Roma. El 22 de mayo de 1978, Italia legalizaba el aborto, considerado un crimen hasta entonces. Cuarenta años después, el asunto sigue creando polémica en un país donde la Iglesia católica mantiene gran influencia en el debate y la extrema derecha conservadora gobierna.

La ciudad de Verona volvió a poner el tema sobre la mesa al votar una moción de un concejal municipal de la Liga (ultraderecha), que permite financiar desde los recursos del Estado a las asociaciones católicas que se oponen a la interrupción del embarazo.

Además, el papa Francisco dio el miércoles argumentos a estos últimos al equiparar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) a recurrir a un “sicario” durante una tradicional audiencia semanal. Reavivó así la discusión entre los partidarios y los opositores al aborto.

En Verona inició este sábado una manifestación convocada por una asociación feminista contra esta decisión municipal y “por un aborto libre, seguro y gratuito”.

Algo insignificante para el alcalde de derecha, Federico Sboarina, según el cual la moción “no está en contra, sino (...) a favor del valor de la vida y por aumentar la libertad de las mujeres” ayudándolas a “superar las razones, que pueden también ser económicas, que podrían provocar una interrupción del embarazo”.

“Nada escandaloso” tampoco para el ministro de la Familia, Lorenzo Fontana, uno de los representantes de la Liga dentro del gobierno populista en el poder en Italia, que cree que la moción simplemente aplica la ley “ayudando a una mujer a elegir, de manera que pueda llevar a término su embarazo”.

La llamada ley 194, que despenalizó el aborto en Italia, prevé que una mujer pueda efectuar una IVE dentro de una estructura pública hasta el 90.º día del embarazo y hasta el quinto mes en el caso de un aborto terapéutico (una anomalía identificada en el feto o un embarazo peligroso para la mujer).

Para algunos defensores del aborto, el caso de Verona es alarmante y manifiesta la creciente influencia de la Iglesia católica en el sistema de salud italiano, tanto en sus centros sanitarios como en la formación de los médicos.

“Tenemos cada vez más hospitales que abren sus puertas gracias al apoyo financiero del Vaticano, cuando el hospital público cuenta con cada vez menos medios”, explica la ginecóloga y activista proaborto Elisabetta Canitano.

"La Iglesia siempre estuvo interesada en la educación y en la salud y cuando esta generación de ginecólogos desaparezca, no habrá nadie para reemplazarla", teme Canitano, que se dice preocupada también por la situación crítica de algunas mujeres extranjeras, refugiadas o prostitutas, que se ven obligadas a abortar en la clandestinidad.

La médica advierte del creciente número de ginecólogos objetores de conciencia, practicantes que por razones morales, religiosas o personales se niegan a practicar las IVE. Según el ministerio de Salud, estos representaban el 70% en Italia en 2016, y hasta el 90% en algunas regiones del sur.

Un derecho "intocable" para la Asociación de Médicos Católicos Italianos (AMCI) que considera que la ley 194 es un texto "injusto". La asociación dio su apoyo a la municipalidad de Verona.

En 2016, se practicaron cerca de 84.926 IVE en Italia, una cifra en descenso y tres veces menor al récord de 234.801 IVE de 1982.

Unos datos engañosos según la AMCI que cifra en unos 405.000 el número de IVE practicadas en 2016, y que califica de “abortos ocultos”.

La AMCI incluye en estas cifras el uso de la píldora del día después (con fines anticonceptivos de emergencia y de venta libre en Italia para las mujeres mayores de edad) y de la píldora abortiva (administrada en hospitales).