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El presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, inicia este viernes su último año de gobierno. Foto: Archivo (Roberto Escobar)
El izquierdista Salvador Sánchez Cerén comienza su quinto y último año como presidente de El Salvador con el logro de haber reducido la pobreza pero con un fracaso en la lucha contra el desempleo y las violentas pandillas, lo que le granjea la desaprobación de la mayoría de los salvadoreños.
Conocido en la guerra civil (1980-1992) como el comandante Leonel González, Sánchez llegó al gobierno el 1 de junio de 2014 bajo la bandera de la exguerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y este viernes, al cumplir cuarto años en la presidencia, dará un discurso ante la Asamblea Legislativa para dar un informe sobre su gestión.
“El balance en avance de la democracia y reducción de la pobreza deja un saldo positivo, pero en el combate al desempleo y la delincuencia sale debiendo, a pesar de algunas medidas positivas para contener las pandillas”, declaró a la AFP el analista y profesor universitario Juan Ramón Medrano.
Violencia
Según encuestas, los salvadoreños estiman que el principal problema del país es la delincuencia y la violencia homicida, atribuida fundamentalmente a las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.
El gobierno destaca que el país pasó de tener hace dos años un promedio de 20 homicidios por día a 9,9 este año.
El Salvador cerró 2017 con 3.954 homicidios, 20% menos que en 2016, lo que significa 60,1 homicidios por cada 100.000 habitantes, con lo cual se mantiene como una de las naciones sin guerra más violentas del mundo.
“La recuperación de comunidades bajo dominio de las pandillas con diferentes programas sociales de prevención” es una de las tareas por cumplir, advirtió Medrano.
Reducción de la pobreza
Uno de los principales logros del gobierno, reconocido por organismos de la ONU, es la reducción de la pobreza y el analfabetismo.
Con base a una encuesta de hogares, la pobreza pasó de 32,7% en 2016 a 29,2% en 2017, lo que significa que 275.936 personas salieron de la pobreza en este país de 6,6 millones de habitantes.
Entre los factores que favorecieron esa disminución figura tanto la caída de los precios del maíz y el frijol, claves en la alimentación de los salvadoreños, como el aumento del salario mínimo, que en el sector comercio y servicios pasó por decreto de 251 a 304 dólares en enero.
El gobierno celebra que redujo del 11 a 10,5 el analfabetismo. La meta es declarar al país libre de analfabetismo en 2019.
Desempleo, el déficit
Para el analista económico Mauricio Choussy, en los cuatro años de gestión de Sánchez Cerén, “la principal falencia ha sido la generación de empleo” ante los “grandes problemas fiscales” que le impidieron al gobierno generar puestos de trabajo mediante la inversión pública.
Según la oficial Dirección de Estadística y Censos, el índice de desempleo en 2017 se ubicó en 7%, pero el subempleo impacta al 65,8% de los hogares.
“La población en general percibe que no se generaron empleos porque la verdad es que los empresarios no se sienten cómodos con un gobierno que ha estado constantemente cambiando las reglas del juego y confrontando con ellos”, resume Choussy.
En tanto, Medrano considera que, en aras de la gobernabilidad, el gobierno “no hizo nada por apretar más a los que evaden y eluden impuestos, pero sí redujo los subsidios a servicios de la población menos favorecida por su situación económica”.
El gobierno sostiene que “las restricciones en la fiscalidad y el bloqueo permanente al financiamiento externo” afectaron el cumplimiento de metas y el aumento de la inversión pública, según un informe de la gestión.
Para Choussy, en el próximo período presidencial 2019-2024 “El Salvador va a definir si se queda como un país pobre para siempre o si empieza a tomar un rumbo distinto que nos permita tener un mayor nivel de bienestar”.
De acuerdo con una encuesta de la Universidad Centroamericana (UCA), una mayoría de salvadoreños reprueba la gestión de Sánchez Cerén: un 67,5% de los consultados considera que Sánchez Cerén está “gobernando mal”, frente a un 17,2% que cree que lo hace “bien” y un 15,3% que no lo califica ni bien ni mal.
