Lima. El presidente peruano, Martín Vizcarra, anunció este viernes que pedirá un voto de confianza al Congreso, dominado por rivales, para modificar las reglas de designación de los magistrados del Tribunal Constitucional con el fin de impedir que sea copado por la oposición.
"Mi gobierno ha decidido plantear cuestión de confianza al Congreso de la República para cambiar las reglas de la elección del Tribunal Constitucional", declaró Vizcarra en un mensaje al país por televisión.
Este anuncio implica un gran desafío para los congresistas, pues si éstos rechazan el voto de confianza ligado a la reforma del tribunal, Vizcarra quedará constitucionalmente habilitado para disolver el Parlamento.
"Los peruanos no debemos permitir la vuelta al pasado, a ese pasado vergonzoso (de la década de 1990, bajo el mandato del presidente Alberto Fujimori), donde las repartijas y los acuerdos bajo la mesa eran práctica común para copar las instituciones" del Estado, agregó.
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El Congreso, dominado por opositores, tiene programado elegir el lunes a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional entre una lista de candidatos escogidos por legisladores no oficialistas.
Vizcarra hizo el anuncio un día después de que una comisión del Congreso decidiera archivar su propuesta de adelantar las elecciones generales para abril del 2020, recortando un año los mandatos del Ejecutivo y el Legislativo.
El mandatario propuso el 28 de julio adelantar las elecciones ante la dificultad para gobernar frente a un todopoderoso Congreso dominado por el llamado “fujiaprismo” –alianza entre los partidos de la hija de Fujimori, Keiko, y del difunto presidente Alan García (quien se suicidó el abril pasado)–.
Perú está sumido en un choque de poderes desde que el banquero Pedro Pablo Kuczynksi venció ajustadamente a la populista Keiko Fujimori en los comicios del 2016.
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Aunque perdió la presidencia, el partido de la primogénita de Alberto Fujimori (1990-2000) ganó una abrumadora mayoría en el Congreso que le permitió mantener contra las cuerdas a Kuczynski hasta forzarlo a dimitir en marzo de 2018. Fue sustituido por Vizcarra, quien era su primer vicepresidente.
El Tribunal Constitucional está encargado de interpretar la Carta Magna y funciona como última instancia judicial en recursos de amparo, como el presentado para que Keiko recupere su libertad.
La dirigente permanece en prisión preventiva desde hace 11 meses por el escándalo de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y el fallo sobre su recurso saldrá en próximos días.