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El hogar de Cintia Sosa sufre en carne propia las privaciones socioeconómicas, consecuencia del desempleo y la pobreza. Viven en un barrio de Buenos Aires. (EMILIANO LASALVIA/AFP)
Buenos Aires. El gobierno argentino selló el viernes con representantes del sindicalismo, del empresariado y de movimientos sociales un pacto para lograr consensos que permitan combatir la recesión y la pobreza y afrontar el pago de la deuda sin desatender la situación de fragilidad social.
El Compromiso argentino por el desarrollo y la solidaridad, firmado en la casa de gobierno en un encuentro encabezado por el presidente Alberto Fernández, insta a llevar adelante “consensos de largo plazo, que vayan más allá de un período presidencial y que incluyan metas compartidas y posibles de alcanzar en distintas etapas.”
Fernández, un peronista que asumió el poder el 10 de diciembre en una situación recesiva, una inflación que se estima de más de 50% para fin de año y un fuerte endeudamiento, apostó durante el encuentro porque en los próximos cuatro años de su gobierno estos sectores tomen “decisiones juntos”.
El gobernante también lidia con el descontento social producto de la caída de la economía y el crecimiento del desempleo en los últimos dos años.
“Estamos en un país que lleva dos años consecutivos de caída del consumo y más de 20 meses de caída de la actividad industrial, y esto hay que revertirlo rápidamente”, dijo el mandatario, quien apuesta a incentivar la producción de las pequeñas y medianas empresas.
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Entre los firmantes estaban dirigentes de los principales sindicatos, representantes de la Unión Industrial Argentina, de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas, de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y de organizaciones sociales.
Los sectores que suscribieron el pacto se comprometieron a “trabajar juntos para abordar esta emergencia”, especialmente “la trágica deuda social” de los argentinos “que sufren hambre y problemas de alimentación”.
La pobreza afecta a más de 35% de la población según las últimas cifras oficiales de septiembre, aunque para fin de año se espera que sea de 40%. El gobierno ya ha puesto en marcha un programa para asegurar el acceso a los alimentos de los más pobres.
Los firmantes también reconocieron “la magnitud” del endeudamiento público.
Indicaron que por la “inmediatez de los compromisos” es un “claro desafío”, pero puntualizaron que “la voluntad de pago requiere condiciones compatibles con la atención de la deuda social y el crecimiento de la economía”, y destacaron que “la dignidad humana” está “por encima de cualquier otro interés”.
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Fernández viene sosteniendo que, para pagar su deuda, Argentina tiene que crecer y evitar más ajustes económicos, especulación financiera y fuga de capitales.
La desconfianza que pesa sobre la economía argentina desde principios del 2018 impactó en el nivel de reservas del Banco Central. Frenar ese drenaje es también una de las prioridades de la nueva gestión mientras renegocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y acreedores privados los vencimientos de deuda por alrededor de $100.000 millones.
Otros objetivos trazados en el documento fueron un “esquema equitativo y sustentable de actualización de haberes jubilatorios y de las tarifas de los servicios públicos” y la estabilidad de los precios.
Los distintos sectores también dijeron que se esforzarán por lograr “objetivos muy concretos” y para ello anunciaron su futura integración en un Consejo Económico y Social que “procese esos acuerdos en debates multisectoriales”. Dicho consejo será creado por ley en el Congreso.
