Managua. La Policía de Nicaragua agredió a periodistas y ocupó la sede del diario opositor Confidencial y de organizaciones cívicas y de derechos humanos a las que se les retiró su registro legal, denunciaron este sábado los afectados.

Con empujones, golpes e insultos respondió la Policía al reclamo del periodista Carlos Fernando Chamorro por la ocupación sin orden legal de la redacción de su diario digital Confidencial y los programas de televisión Esta Semana y Esta Noche, según el comunicador.

Chamorro denunció que la noche del viernes al menos nueve policías llegaron armados con fusiles a ocupar el edificio en el que están emplazados los medios de comunicación de su propiedad, sin que haya una orden de autoridad competente.

También fueron ocupadas las oficinas del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y otras cuatro ONG en Managua, a las cuales el Congreso –dominado por el sandinismo gobernante– les retiró su personería jurídica.

En total son nueve las ONG a las que se les canceló su registro legal.

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“Este es un hecho de facto, si tiene la orden le pido que la muestre”, dijo Chamorro desde la calle al agente que le bloqueaba la entrada a sus oficinas a él y otros periodistas que laboran en ese medio de comunicación.

“La Policía no mostró ninguna resolución (...) por tanto esto es un asalto armado a la propiedad privada, a la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libre empresa”, declaró posteriormente a la prensa.

“Fuimos a plaza del Sol (sede de la Policía) a demandarle a la Policía la orden de asalto contra la redacción de Confidencial. Salió el oficial (de apellido) Soza a dialogar. Entro a hacer consultas. 30 minutos después salió con una jauría de 50 antimotines que nos agredieron”, contó Chamorro en Twitter.

“Brutal despliegue de fuerza bruta contra periodistas en Nicaragua. No puede haber más contemplaciones con este régimen que pretende demoler la crítica en su país”, dijo a través de Twitter el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.

La entrada principal de Confidencial se encontraba sellada con cintas, luego que la madrugada del viernes la Policía allanó sus instalaciones y se incautó de equipos de trabajo y documentos.

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“Tenemos nuestra moral intacta, la ocupación no modifica un ápice los principios con la verdad y compromiso con un pueblo que ha sido perseguido”, afirmó.

El director ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, expresó en su cuenta de Twitter: "Se acelera la cuarta fase de la represión en Nicaragua: la consolidación de un Estado de excepción con decretos policiales o actos legislativos que intentan mantener ‘apariencia de legalidad’.

Emplazamiento a autoridades

Chamorro, hijo de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, emplazó a la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel, a ordenar el desalojo de las instalaciones. “Exigimos la desocupación de Confidencial. La Policía de la dictadura debe desalojar las oficinas. Nuestra redacción está financiada por las empresas Promedia e Invermedia, no pertenece a ninguna de las ONG que han despejado de su personería jurídica. ¡No a la confiscación!”

El periodista, quien fue director del desaparecido diario sandinista Barricada, en los años 80, informó de que como consecuencia de la entrada de la Policía el diario digital tuvo que atrasar la salida de su versión impresa (es semanario), que normalmente aparece los domingos,

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En su programa Esta Noche, que transmitió el viernes por canal 12 de televisión, manifestó: “Si el objetivo de este triple ataque contra la libertad de prensa, libertad de expresión y la libertad de empresa era cerrarnos, callarnos o intimidarnos, esta noche le decimos a la dictadura: aquí estamos, las ideas no se matan".

Agregó: "Los periodistas tenemos un compromiso sagrado con la verdad y seguiremos informando, investigando y fiscalizando el poder, y denunciando la corrupción y los atropellos de la dictadura”.

La toma de las instalaciones de Confidencial y las ONG se produjo después que el Ministerio de Gobernación emitió una resolución por las que los bienes decomisados a esos organismos pasarán al Estado con el fin de “crear un fondo de atención y reparación Integral para las víctimas de terrorismo”.