Managua. El Parlamento de Nicaragua despojó este miércoles al presidente del tribunal electoral, Roberto Rivas, de la representación legal y administración del organismo, luego de que en diciembre pasado fue sancionado por Estados Unidos por corrupción.
Las facultades a Rivas fueron suprimidas mediante una reforma a la ley electoral que la mayoría de diputados del Frente Sandinista (FSLN, izquierda gobernante) impulsaron y aprobaron con carácter de urgencia en una sesión especial de la Asamblea Nacional.
El diputado sandinista Gustavo Porras indicó que la iniciativa contó con más de los 56 votos, de 92 diputados, requeridos por la Constitución para cambiar la ley.
Con esta reforma, las funciones de Rivas quedaron reducidas a presidir el Consejo Supremo Electoral (CSE) y hacer cumplir las resoluciones del organismo.
Los diputados cedieron la representación oficial y legal del CSE al vicepresidente del organismo, que actualmente ejerce el juez sandinista Lumberto Campbell.
El vicepresidente del CSE también tendrá la potestad de administrar y proponer el nombramiento de altos cargos del tribunal electoral y sustituir al presidente en caso de ausencia temporal.
Rivas, quien fue elegido como magistrado del CSE en 1995 y lo preside desde el 2000, ha sido acusado por la oposición nicaragüense de avalar supuestos fraudes electorales para asegurar la reelección del presidente Daniel Ortega en los comicios del 2011 y el 2016.
El presidente del CSE también figura en una lista de 14 personas de diferentes países que el 21 de diciembre fueron sancionados por el presidente Donald Trump, bajo la Ley Magnitsky, que pena los abusos serios de los derechos humanos o la corrupción.
Las medidas implican el congelamiento de los activos que los sancionados tengan en Estados Unidos, así como la prohibición a estadounidenses de hacer transacciones comerciales o financieras con ellos.
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La disposición estadounidense señala a Rivas de acumular “una riqueza considerable”, entre propiedades, aviones privados, vehículos de lujo y un yate, y de haber “perpetrado un fraude electoral que socava las instituciones”.
Con esa reforma, se busca “agilizar el funcionamiento del CSE”, argumentó la primer secretaria del Parlamento, la sandinista Raquel Dixon.
No obstante, la oposición calificó las reformas de “cosméticas” y abogó por una reestructuración “profunda” del sistema electoral, controlado por el oficialismo.
“Quisiéramos cambios profundos, no solo cuestiones cosméticas, como la pretendida por la bancada sandinista”, porque “estamos convencidos que el sistema electoral ha colapsado”, dijo el diputado de la oposición liberal Maximino Rodríguez.