AFP. 4 diciembre, 2018
La Cámara de los Comunes aguardaba el resultado de la votación de una 'moción de desacato' contra el gobierno de Theresa May. Los parlamentarios la aprobaron este martes 4 de diciembre del 2018.

Londres y Luxemburgo. Un nuevo episodio de fiebre en el drama del brexit tuvo lugar este martes en Londres: el Parlamento condenó al gobierno por rechazar sus demandas de información antes de iniciar los debates sobre un acuerdo que cada vez parece más encaminado al fracaso.

Por 311 votos a favor y 293 en contra, la Cámara de los Comunes aprobó una “moción de desacato” sin precedentes contra el ejecutivo por haberse negado a proporcionar en su integralidad los informes legales sobre el acuerdo de brexit negociado con Bruselas.

“El ejecutivo se está negando deliberadamente a cumplir una orden vinculante de esta Cámara”, afirmó el diputado laborista Keir Starmer, autor de una moción que ahora obliga al gobierno de Theresa May a hacer público ese material.

Los legisladores habían exigido en noviembre conocer esos informes en su totalidad antes de la votación crucial del 11 de diciembre, en que debe ratificar o rechazar el texto.

Pero el lunes, el fiscal genera, Geoffrey Cox sólo presentó un resumen, alegando que se trataba de documentos confidenciales.

El acuerdo sellado por la primera ministra conservadora con sus 27 socios europeos, al término de 17 meses de difíciles negociaciones, prevé, entre otras cuestiones, un periodo de transición que puede prolongarse hasta finales del 2022 durante el cual Reino Unido sigue sometido a las reglas europeas pero sin voz ni voto.

También, un complejo sistema denominado backstop, o “red de seguridad”, para evitar instaurar una frontera dura entre la provincia británica de Irlanda del Norte y la República de Irlanda, que muchos diputados temen mantenga al país inevitablemente atrapado en Europa, lo que sospechan que queda reflejado en los informes legales de Cox.

La “moción de desacato” mostró la creciente fragilidad del gobierno minoritario de May ante un Parlamento hostil, cuando se inician cinco días de acalorado debate sobre el acuerdo del brexit, a menos de cuatro meses para la fecha prevista: el 29 de marzo. “

El pueblo británico quiere que avancemos con un acuerdo que honre el resultado del referendo” del 2016, en que un 52% votó por salir de la UE “y nos permite volver a unirnos como país, independientemente de lo que votó cada uno”, debía decir May, según extractos de su discurso avanzados por Downing Street.

En un país profundamente dividido, el acuerdo sellado entre Londres y Bruselas desagrada tanto a los proeuropeos, que ven condiciones peores a las actuales, como a los euroescépticos, convencidos de que hace concesiones inaceptables a la UE.

Choca así con el rechazo de la oposición laborista, de los eurófilos del centrista Partido Liberal Demócrata, de los independentistas escoceses, del pequeño partido unionista norirlandés DUP -en el que May se apoyaba para gobernar- y de decenas de diputados rebeldes del Partido Conservador de la primera ministra.

Embarcada en una intensiva campaña para convencer a la opinión pública de que su acuerdo es “el único posible”, la jefa de Gobierno advirtió de que si el Parlamento lo tumba existe el riesgo de un brexit sin acuerdo o incluso de que no haya brexit.

El Banco de Inglaterra previno la semana pasada de que un brexit sin acuerdo desencadenaría una crisis económica de enormes proporciones, con disparada del desempleo y la inflación, desplome de la libra y el precio de la vivienda y casi 10% de reducción del PIB.

Ante esta oscura perspectiva, los partidarios de permanecer en la UE intensificaron la campaña a favor de un segundo referendo que permita dar marcha atrás: el lunes, diputados conservadores proeuropeos, laboristas, liberaldemócratas y verdes entregaron al gobierno una petición con más de un millón de firmas.

Revocación unilateral

En medio de esta polémica, el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró el martes que Reino Unido puede revocar unilateralmente su decisión de abandonar el bloque antes del 29 de marzo.

El Artículo 50 del Tratado de la Unión Europea (TUE), que Reino Unido activó el 29 de marzo del 2017, “admite la revocación unilateral de la notificación de la intención de retirarse de la Unión”, opinó el abogado general del alto tribunal Manuel Campos Sánchez-Bordona.

Esta posibilidad de revocación unilateral debe comunicarse no obstante de manera formal al Consejo Europeo, tras su aprobación por el Parlamento en Reino Unido, y solo sería posible “dentro del plazo de dos años que se abre con la notificación de la intención de retirada”, precisó el TJUE en un comunicado.

El fiscal general británico, Geoffrey Cox, reaccionaba mientras la Cámara de los Comunes votaba -este martes 4 de diciembre del 2018- una 'moción de desacato' contra el gobierno de la primera ministra Theresa May.

“Dicha posibilidad persiste hasta el momento en el que se concluya formalmente el acuerdo de retirada”, estimó también Campos Sánchez-Bordona.

El abogado general rechazó así que la marcha atrás de un país deba pasar obligatoriamente por “una decisión unánime del Consejo Europeo”, ya que esto aumentaría el riesgo de una marcha de Reino Unido “contra su voluntad”, aunque consideró posible una “revocación de mutuo acuerdo”.

Los magistrados del Tribunal con sede en Luxemburgo deben ahora en las próximas semanas dar su opinión final, que responde a una duda planteada por la justicia escocesa. Políticos escoceses llevaron el caso ante un tribunal de su país.