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The new Organization of American States (OAS) Secretary General, former Uruguay Foreign Minister Luis Almagro, waves at the start of the general assembly's inaugural session in the Hall of the Americas, Monday June 15, 2015, at the OAS in Washington. (AP Photo/Jacquelyn Martin) (Jacquelyn Martin)
Washington. Un panel de expertos internacionales independientes convocados por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, concluyó este martes que hay “fundamento suficiente” de crímenes de lesa humanidad en Venezuela y recomendó remitir la evidencia a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).
“Existe fundamento suficiente para considerar que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, que se remontan por lo menos al 12 de febrero del 2014″, concluyó el informe de los juristas Manuel Ventura Robles (Costa Rica), Santiago Cantón (Argentina) e Irwin Cotler (Canadá).
Al presentar el reporte en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el panel recomendó a Almagro invitar a los Estados parte en el Estatuto de Roma a remitir la situación de Venezuela a la Fiscalía de la CPI, así como solicitar “la apertura de una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad” recogidos.
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El informe de 400 páginas y 400 más de anexos identifica 131 víctimas de asesinatos ocurridos durante las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro desde el 2014, “perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y los colectivos”.
“Las tácticas utilizadas demuestran claramente un patrón con la intención de matar”, asegura.
Además, señala 8.292 ejecuciones documentadas desde el 2015. “Esta cifra alarmante demuestra aún más el carácter sistemático y generalizado del crimen de asesinato”, dice.
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Manifestantes participaron en una marcha contra el gobierno de Nicolás Maduro el 14 de abril del 2014, en el sector de Chacao, en Caracas. (Miguel Gutiérrez)
También da cuenta de 12.000 venezolanos “arbitrariamente detenidos, encarcelados o sujetos a otras severas privaciones de libertad física desde las elecciones presidenciales del 2013”, en las que Maduro fue electo sucesor del fallecido mandatario Hugo Chávez.
Más de 1.300 personas han sido o aún están detenidas por su oposición al gobierno, según el panel, que dijo haber comprobado “la existencia de un evidente nexo de persecución por motivos políticos”.
El informe señala a 11 altos funcionarios como “autores intelectuales de la represión”.
Además de Maduro, aparecen el vicepresidente, Tareck El Aissami; el canciller, Jorge Arreaza; el vicepresidente para el Desarrollo Social, Elías Jaua; el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez; la presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino.
También están en el listado el ministro del Interior, Néstor Reverol; el jefe de los servicios de inteligencia (Sebin), Gustavo González; el ex comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana Antonio Benavides, y el director de la Policía Nacional, Carlos Alfredo Pérez.
“Son los responsables de todos los actos sistemáticos generalizados de represión y persecución, como las detenciones masivas, las desapariciones fozadas, los asesinatos, las torturas, las violaciones y los otros actos de violencia sexual, y persecución cometidos por sus subalternos a través de toda la cadena de mando civil y militar”, apunta el informe.
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Maduro “puede ir preso”, dijo Cantón al ser consultado sobre las consecuencias de este informe.
“Ahora el secretario general tiene que enviar el informe a la CPI y esperemos que algunos gobiernos también lo presenten”, añadió.
Almagro dijo en el lanzamiento del informe que “solamente puede haber justicia si se juzgan a los más altos responsables”.
Abierto opositor del gobierno de Maduro, al que califica de “dictadura”, el secretario general de la OEA convocó en septiembre pasado a este panel de expertos para determinar si había bases para llevar a Venezuela ante la CPI por crímenes de lesa humanidad.
El panel realizó cinco audiencias públicas en la sede de la OEA, en las que recibió 26 declaraciones de testigos.
Además, decenas de víctimas, sus familiares y otras partes dieron sus testimonios a lo largo del proceso, que también se nutrió de documentos de más de 40 organizaciones venezolanas e internacionales, informó la oficina de Almagro.
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Choques diplomáticos
Venezuela, cuyo gobierno no participó en las audiencias, denunció en noviembre pasado el “uso y abuso” de la plataforma de la OEA por parte de Almagro con el fin de “desestabilizar y derrocar” a Maduro.
Caracas tildó el panel de “circo mediático” que actuaba sin un mandato otorgado por los Estados miembros de la OEA, cuestionó su financiación y puso en duda la ética del exfiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo, a quien Almagro encomendó inicialmente diseñar y conducir las audiencias.
Moreno Ocampo, bajo investigación de la CPI tras denuncias periodísticas de transacciones financieras inadecuadas, condujo las dos primeras audiencias. Pero cuando se iban a realizar las segundas, un comunicado de la OEA le agradeció sus servicios, dejando entrever el fin de la cooperación.
En esa oportunidad, Moreno Ocampo sugirió que el gobierno de Maduro estaba detrás de las denuncias de prensa en su contra, que alegan que posee una empresa en un paraíso fiscal.
